La sombra de dopaje: ¿las mismas reglas para todos?

Tras apagarse la llama del pebetero olímpico de París 2024, se ha desatado una polémica con cierto aroma a dèja vu. De nuevo, el escándalo del posible dopaje sobrevuela los Juegos Olímpicos. En su reciente comunicado, la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) ha denunciado el papel de la Agencia Antidopaje de Estados Unidos (USADA) en la lucha y vigilancia contra el dopaje. En concreto, ha puesto en cuestión la falta de información de la USADA de varios casos durante años y su actitud permisiva con los atletas que habían infringido las normas internacionales, permitiéndoles seguir compitiendo.

En su comunicado, la AMA reconoce que «tiene conocimiento actualmente de al menos tres casos en los que a atletas que habían cometido graves violaciones de las normas antidopaje se les permitió seguir compitiendo durante años mientras actuaban como agentes encubiertos de la USADA, sin que esta lo notificara y sin que existiera ninguna disposición que permitiera tal práctica en el Código Mundial Antidopaje o en las propias reglas de la USADA». Y va más allá: «En un caso, un atleta de élite que compitió en eventos clasificatorios olímpicos e internacionales en los Estados Unidos admitió haber tomado esteroides y EPO –cuya sanción sería de cuatro años–, pero se le permitió seguir compitiendo hasta su retiro». De igual forma, en el citado comunicado, la AMA ha calificado como «irónico e hipócrita» las protestas de la USADA sobre sospechas a raíz de que otras organizaciones antidopaje no sigan las reglas. «Mientras que ella no anunció casos de dopaje durante años y permitió que los tramposos siguieran compitiendo».

Cuando la Agencia Antidopaje de Estados Unidos le reconoció a la AMA que estos casos habían ocurrido, la agencia estadunidense pidió a su homóloga mundial que no se publicara nada para no poner «en riesgo la seguridad de los atletas». No se conocen la identidad de dichos deportistas, pero sí que en el momento en el que la AMA conoció lo ocurrido, estos estaban retirados. La USADA, por el contrario, permitió que continuaran «compitiendo durante años sin que Estados Unidos lo comunicara».

La polémica está servida. EE.UU. ha sido especialmente diligente en el escrutinio de los casos de dopaje que puedan afectar a otros países. Recordemos las importantes sanciones llevadas a cabo en el pasado a Rusia, con su exclusión de los pasados Juegos Olímpicos en Tokio. Así mismo, el New York Times publicó en abril de este año una información sensible sobre 23 casos de nadadores chinos que dieron positivo en trimetazidina antes de los Juegos Olímpicos de Tokio. Las autoridades internacionales, con la AMA a la cabeza, terminaron aceptando las explicaciones ofrecidas por las autoridades chinas sobre una contaminación alimenticia y permitieron que los atletas compitieran. Aún así, se ha generado una sombra de duda sobre los nadadores chinos que participaban en París. A raíz de estos hechos, se han multiplicado los test de control sobre los mismos, que a su vez se han quejado de un trato desfavorable al haber sido sometidos a un número de controles mucho mayor que los que tuvieron que pasar competidores de otras nacionalidades. Las autoridades internacionales de natación, World Aquatics, han confirmado la multiplicación de pruebas antidopaje para evitar toda irregularidad y una especial focalización en los nadadores chinos.

«La politización de la lucha contra el dopaje continúa con este último intento de los medios de comunicación de Estados Unidos de insinuar que la AMA y la comunidad antidopaje en general han actuado mal. Como hemos visto en los últimos meses, la AMA se ha visto injustamente atrapada en medio de tensiones geopolíticas entre superpotencias, pero no tiene mandato para participar en ellas», trataba de explicar en su comunicado la AMA, justificando su posición y el conflicto desatado.

Sea como fuere, lo que parece indudable es que también en los Juegos Olímpicos se siguen proyectando las rivalidades geopolíticas y los intereses que dominan las relaciones internacionales. Si el compromiso antidopaje se ha convertido en una de las señas de identidad innegociables del deporte internacional, como así debe ser, lo mínimo que podemos exigir es la existencia de idénticas reglas para todos.

Si durante años se ha exhibido una loable contundencia contra los casos de dopaje de Rusia, que ya vio restringida su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio (celebrados finalmente en el verano de 2021), por un grave escándalo de dopaje, permitiéndose únicamente a sus atletas participar bajo la nomenclatura ROC por sus casos de dopaje y la sanción impuesta por la AMA, extendiéndose esta exclusión en los recientes Juegos Olímpicos de París de los deportistas rusos y bielorrusos, ligada además a la invasión por parte de Rusia a Ucrania; y, al mismo tiempo, se ha reforzado de manera muy especial la diligencia para controlar a los nadadores chinos por la sombra de sospecha generada por los hechos acontecidos en 2021; produce cierto estupor el reconocimiento de la AMA sobre el comportamiento de la Agencia Antidopaje de Estados Unidos y su propia permisividad con comportamientos que presuntamente han infringido la normativa internacional de forma flagrante y que hacen un gran daño reputacional a la credibilidad de un evento internacional como este.

Lo cierto y verdad es que los paralelismos entre la lucha internacional con el dopaje y las reglas del derecho internacional, con tanta frecuencia entrando en colisión con los intereses de la geopolítica, son notorios. La doble vara vuelve, en apariencia, a escena. Se menoscaba así la credibilidad, por un lado, del derecho internacional, cuando su respeto se invoca a conveniencia y se silencia a discreción, según quien lo agrede. Otro tanto podríamos decir de las normas internacionales contra el dopaje que deben garantizar el correcto desempeño de los deportistas y la exclusión de los tramposos, se llamen como se llamen y defiendan la bandera que defiendan. Una auditoría internacional independiente debería revisar exhaustivamente lo acontecido, sin excepciones ni privilegios de ningún tipo.

• Guillermo del Valle es abogado y analista político.