
Rafael Louzán, en una imagen de archivo
Rafael Louzán ante su día clave: el Supremo decidirá si lo inhabilita tras solo dos meses de mandato
El presidente de la Real Federación Española de Fútbol podría caer este miércoles si se confirma su condena de siete años de inhabilitación
Un ex directivo de la RFEF considera a Hermoso «manipulable» y cree que es la responsable de su cese
Llegó el día de la verdad para Rafael Louzán. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que lo es desde el pasado 16 de diciembre tras imponerse por 90 votos a 43 al presidente de la Federación Valenciana, Salvador Gomar, podría dejar de serlo si el Tribunal Supremo confirma la condena de siete años de inhabilitación que pesa sobre él por un delito de prevaricación durante su etapa como presidente de la Diputación de Pontevedra en 2013.
La Sala Segunda de lo Penal del tribunal estudiará el recurso de casación que Louzán interpuso contra la sentencia de mayo de 2022 de la Audiencia Provincial de Pontevedra, que ratificó parte de la condena que un año antes dictó el Juzgado de lo Penal número 3 de Pontevedra. Este juzgado condenó a Louzán, entre otras personas, en febrero de 2021 a dos años de cárcel y ocho de inhabilitación para empleo o cargo público, por los delitos de fraude y prevaricación, tras considerar probado que cometió irregularidades al otorgar 86.311 euros a una constructora por un sobrecoste en las obras del campo de fútbol de Moraña.
Al ser unas obras realizadas con subvención, la legislación impedía exceder el importe subvencionado y, según la sentencia, «se ideó un sistema artificioso, en fraude de ley, tendiente a abonar a la empresa el importe que reclamaba».
Tras la primera sentencia condenatoria Louzán acudió a la Audiencia provincial de Pontevedra, que estimó parte de su recurso. Redujo la inhabilitación de ocho a siete años y aunque mantuvo la condena por prevaricación excluyó el delito de fraude por no considerarlo acreditado. No obstante, para la Audiencia sí hubo prevaricación, ya que los acusados, «se pusieron de acuerdo en crear y desarrollar un procedimiento administrativo ficticio» para que la Diputación Provincial abonara a la empresa unas cantidades que reclamaba «por obras realizadas al margen del proyecto de una obra subvencionada por dicho organismo».
El Gobierno no quiere a Louzán
La Fiscalía ya ha pedido al Supremo que confirme la inhabilitación de Rafael Louzán y considera acreditado que el nuevo presidente del futbol español «simuló un procedimiento legal» para pagar 86.000 euros a una contratista de obra pública. Así pues, en caso de confirmarse la sentencia, el Gobierno de España –que nunca ha querido a Louzán– intervendrá en la RFEF y convocará nuevamente elecciones, tal y como desveló la ministra de Deportes, Pilar Alegría, la semana pasada.
No obstante, la cosa no es tan sencilla y aunque de confirmarse la inhabilitación podría ser apartado de sus funciones, hay que destacar que la RFEF no es una entidad pública. La doctrina y la jurisprudencia coinciden mayoritariamente en afirmar que se trata de una entidad privada y, por lo tanto, la sentencia no sería de aplicación, aunque el Gobierno, por medio del Consejo Superior de Deportes (CSD) intentaría convocar comicios igualmente.

Rafael Louzán, presidente de la RFEF, interviene durante el acto en el que se anunció la renovación de Luis de la Fuente
Hasta ahora, el Gobierno de España se ha limitado a esperar confiando en que el TS mantenga la inhabilitación de Louzán y ya sea firme. En caso de que esto ocurra, se escudarán en la Ley del Deporte para apartar a Louzán e ir a elecciones. «Todos tenemos muy fresco en la memoria lo que ha pasado con los anteriores presidentes de la federación. Es lo que votaron y eligieron los asambleístas. Nosotros vamos a esperar a esa vista oral que se va a celebrar el 5 de febrero y, si se ratifica esa condena de siete años por prevaricación, nosotros actuaremos con arreglo a la Ley del Deporte», aseguró Alegría.
Hay otra cosa de gran importancia. El directivo gallego fue el elegido por Pedro Rocha para sucederle, ante la inhabilitación que le impuso el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) por haberse extralimitado en sus funciones como presidente de la Comisión Gestora. Es decir, que se llevó todos los apoyos que tenía el extremeño, por lo que las elecciones estaban decantadas desde el primer momento y muchos de los aspirantes a la presidencia prefirieron no presentarse.
En cambio, si Louzán es cesado, es posible que haya más candidaturas y que no solo Sergio Merchán y Salvador Gomar se presenten. No obstante, el Gobierno todavía no tiene un gran nombre para presidir el fútbol español. En un principio parecía que Pablo Lozano, expresidente de la Federación Andaluza, era el elegido, pero su dimisión el pasado 28 de diciembre y las palabras de Rodríguez Uribes, presidente del CSD, evidencian que no tienen alternativa a Louzán. No quieren al gallego por su pasado con el Partido Popular.