Laporta se pone nervioso por las posibles sanciones de FIFA y UEFA y opta por atacar al Real Madrid

El FC Barcelona se está poniendo muy nervioso. Joan Laporta está despotricando contra Florentino Pérez con dureza porque observa que el Real Madrid va a por todas en el caso de corrupción futbolística más grave de la historia del balompié europeo. El pago, reconocido y demostrado, de 8,4 millones de euros al vicepresidente de los árbitros españoles es un delito muy grave que la Justicia española investiga, pero que vigilan la UEFA y especialmente la FIFA.

Los dos organismos internacionales pueden actuar independientemente del Estado español y castigar a la entidad catalana sin esperar al fallo judicial que deben emitir los tribunales de Barcelona, pero Ceferin e Infantino, UEFA y FIFA, han decidido aguardar al veredicto de la jueza española. Hay una razón para esperar al fallo de la Justicia española: si nuestra judicatura cataloga el caso del Barçagate y Negreira como un delito muy grave, la UEFA y la FIFA deberán ser informadas por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y por LaLiga de esa sentencia. En esa hipótesis, la juez puede dictaminar que el delito ha prescrito según la legislación deportiva nacional, por culpa de una nueva Ley del Deporte que incluyó los artículos que salvaban al Barcelona.

Un cambio extraño del articulado para el que fue elegido Albert Soler Leal, ejecutivo del Fútbol Club Barcelona, que dejó a su Barça para regresar al Consejo Superior de Deportes (CSD) y encargarse de que se aprobara ese articulado que permitía que el gravísimo delito del Barcelona prescribiera a los 36 meses. Así sucedió.

Unido a cuatro presidentes del Barça

Fíjense la gravedad de lo que explicamos mientras este caso delincuencial prescribía. Soler Leal es juez y parte. Se le colocó políticamente por el Gobierno de Pedro Sánchez, quien depende de los votos catalanes para seguir en el poder, con el único cometido de controlar que el nuevo articulado de los delitos graves de la remozada Ley del Deporte rebajara a tres años la prescripción y no se mantuvieran los diez años para que un delito grave dejara de ser perseguido ejecutiva y judicialmente. La decena de años es el mínimo tiempo normal de vigencia en cualquier legislación deportiva europea. Las hay de veinte y de treinta años. España, tres. No es normal.

Por supuesto, ni que decir tiene que Albert Soler Leal, relacionado siempre con el Partido Socialista de Cataluña, es uno de los principales señalados del caso Barçagate y Negreira junto a cuatro presidentes azulgranas: Joan Gaspart, Sandro Rosell, Josep Maria Bartomeu y Joan Laporta, el dirigente actual, quien en su anterior etapa presidencial cuadruplicó el sueldo a Enríquez Negreira. Ahora está muy nervioso, porque Florentino Pérez le acusa con las pruebas en la mano.

El Real Madrid va a ir hasta el final y se nota. Laporta sabe que el club blanco no va a parar, que el club blanco va a ser muy tenaz y se ha puesto muy nervioso. Con razón

Fíjense lo que hemos relatado hace unas líneas. Soler Leal, barcelonista profesional, señalado junto a cuatro presidentes del Barcelona. Para mayor inri, los cinco están unidos para que les defiendan los mismos abogados y por la misma línea de defensa. El objetivo es no cometer renuncios o fallos en sus declaraciones que delaten a todos. Soler Leal es juez y parte hasta en este detalle revelador. Los cinco tienen que defenderse de las mismas acusaciones. ¿Corrupción?

Pues no se van a ir de rositas. Como no se va a ir de rositas el Barcelona. Y por eso Laporta está tan nervioso. Porque la jueza, que soporta muchas presiones políticas en Cataluña, puede valorar que el delito es demasiado grave para quedar impune y ella misma podría solicitar a los organismos deportivos nacionales y especialmente a los Internacionales, visto lo ocurrido con la Ley del Deporte, para que tomen cartas en el asunto hasta la medida de unas posibilidades ejecutivas y sancionadoras que quizá ella no tenga por la prescripción explicada.

Es aquí donde entra el peligro para el Barcelona. Es aquí donde Laporta ha visto las orejas al lobo y le ha entrado miedo. La FIFA y la UEFA poseen la autoridad de intervenir, con independencia de la pasividad de la Federación Española y de la Liga, en tal medida que Infantino y Ceferin comparten la potestad legal de poder «decretar» un correctivo importante para el Barcelona aunque en España no se haya hecho. O precisamente por ello.

La inacción de LaLiga y RFEF

Vamos a ver cuál es la sentencia de nuestra Justicia. De momento el veredicto va para rato, porque siguen presentándose exdirigentes, exdirectivos y antiguos entrenadores del Barcelona para declarar. La Justicia española emitirá probablemente una sentencia condenatoria, explicando la salvedad de la prescripción dictada por la nueva Ley del Deporte. Es bueno recordar, y la jueza podría hacerlo, que la anterior Ley del Deporte argumentaba que los delitos graves se mantenían vigentes en el castigo durante diez años.

Este hipotético veredicto condenatorio español con poco recorrido ejecutivo puede tener ese segundo trayecto sancionador en la FIFA y en la UEFA. Infantino y Ceferin albergan el máximo poder del balompié internacional para hacer lo que el fútbol español no ha hecho. FIFA y UEFA van camino de castigar al Barcelona y dejar en en mal lugar a la Federación Española, que ha dejado pasar el caso Negreira cuando es su antiguo vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) el máximo implicado, junto a los cuatro presidentes azulgranas.

FIFA y UEFA pueden dejar también en evidencia a LaLiga de Javier Tebas, quien se ha dedicado desde hace tres años a mencionar recordar, advertir y subrayar que el delito ha prescrito, que es lo único que le importa para que no se rompa su negocio. Si el Barcelona descendiera la hecatombe económica de la patronal sería total.

Aquí vemos con tristeza que cada parte va a defender lo suyo y esta inocente postura ética de atajar la corrupción no es lo suyo, no les importa, aunque estén enfangados en ella, unos por activa (la Federación y sus árbitros) y otros por pasiva (LaLiga).

La cruda realidad para el Barcelona, para la RFEF y para LaLiga es que el Real Madrid va a por todas con el fin de conseguir un castigo ejemplar sobre el Barcelona y específicamente un rapapolvo sobre Joan Laporta, que multiplicó por cuatro los salarios de Negreira, poniéndole un sueldo de seis cifras, para hacer unos supuestos informes de cómo se enfada un árbitro en el campo y cómo ganárselo con astucia. Enríquez Negreira fue franco, muy sincero, en su declaración ante la Justicia. Manifestó que le pagaban «para que no hubiera arbitrajes en contra del Barcelona». Más claro, agua.

El Real Madrid confía en los organismos internacionales para sancionar con dureza la mayor corrupción del fútbol europeo. Gianni Infantino dejará inicialmente que sean Ceferin y la UEFA quienes intervengan, porque el Barcelona es un club del Viejo Continente y es potestad del órgano europeo juzgar el caso y emitir un fallo. Si la FIFA observa que la UEFA no toma cartas en el asunto, el órgano que preside Infantino dará un paso adelante. Pero Gianni espera que Ceferin intervenga en una trama que le corresponde territorialmente.

El Real Madrid enviará a la FIFA, que es el mayor organismo Internacional del fútbol, un minucioso informe de todos los arbitrajes sufridos en este siglo y los posibles títulos perdidos.

La UEFA está esperando a un movimiento de la Justicia española para dar el paso e intervenir. Un portavoz cualificado de la UEFA explicó a El Debate que la máxima sanción que pueden imponer al Barcelona es un año de castigo sin jugar las competiciones europeas, porque es el ámbito donde poseen la capacidad legal de intervención. UEFA no tiene potestad para descender a un equipo a Segunda en su Liga nacional ni para quitarle títulos ya conseguidos. Los veredictos relativos a una pérdida de categoría u otras cuestiones que afecten a los campeonatos nacionales deben ser enjuiciadas por las federaciones nacionales, porque es su terreno.