Pilar Llop es la ministra de Justicia
Los Presupuestos al detalle
La ministra más desconocida (Justicia) también tiene premio: 251 millones más
A la Abogacía del Estado se destinan 42,8 millones de euros, un 1,8 % más
El Ministerio de Justicia es otro de los ministerios clave en cualquier tipo de Gobierno. De él dependen la Abogacía General del Estado, los fiscales del Estado y el control de la elaboración de las propuesta de leyes del Gobierno. Este Ministerio tiene un Presupuesto para 2022 de 2.405 millones de euros, con un crecimiento del 11.7 % con respecto a 2021.
Justicia tiene 11 secciones funcionales de gasto que iremos revisando a continuación con el objetivo de que los lectores entiendan a qué dedica el dinero en un Ministerio tan desconocido para la mayoría del público como este.
La primera sección de gasto es la Dirección y Servicios Generales de Justicia. Esta partida ha alcanzado los 108.7 millones de euros (+43.5 %). «Este programa tiene como misión básica la ejecución de la política del Gobierno para el desarrollo del ordenamiento jurídico mediante la promoción legislativa en materia de derecho penal, civil y procesal, con especial incidencia en la garantía de los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos por la Constitución». Sorprende la frase de introducción para explicar la misión de esta área cuando este Ministerio lleva 3 sentencias seguidas del Tribunal Constitucional en las que rechaza de pleno que estén en la línea correcta de la defensa de las libertades públicas reconocidas en la Constitución. El incremento de Presupuesto viene un 98 % por incremento de Gastos de Personal; es decir, incremento de plantilla. Esperemos que sirva para evitar más sentencias negativas por parte del Tribunal Constitucional.
Son ya tres las Instituciones dedicadas a formar a los funcionarios
La siguiente sección de gastos es la Formación del Personal de la Administración de Justicia, con una partida que crece un 4.7 % y alcanza el montante de 8.4 millones de euros. La formación está asignada al Centro de Estudios Jurídicos. Con este son ya tres las Instituciones dedicadas a formar a los funcionarios: el Instituto de Estudios Fiscales, sólo para los funcionarios de Economía y Hacienda; el Centro de Estudios Jurídicos, sólo para los funcionarios de Justicia, y el INAP (Instituto Nacional de la Administración Pública) para formar al resto de los funcionarios. Es preocupante la duplicidad, en este caso la triplicidad de organizaciones para hacer las mismas funciones: la formación de los funcionarios.
La tercera de las funciones es la Formación de la Carrera Fiscal, que cuenta con un presupuesto de 6.3 millones y un crecimiento del 49.7 %. El responsable de esta formación es el Centro de Estudios Jurídicos, que estima la incorporación a la carrera fiscal de 132 nuevos efectivos.
La cuarta sección funcional de gastos son los Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal. Esta partida cuenta con un presupuesto de 1.838,8 millones de euros, que se lleva 76.4 % del total del Presupuesto del Ministerio. Dentro de esta partida hay 46.5 millones de euros para el Consejo General de la Abogacía como aportación del Estado para indemnizar la asistencia jurídica gratuita y otros 5 millones al Consejo General de Procuradores para la misma función.
Dentro de este presupuesto hay también 114,2 millones de euros para el Plan de Modernización Tecnológica de la Administración de Justicia y el Ministerio Fiscal.
La función general de este área la desarrollan la Secretaría de Estado de Justicia, la Fiscalía General y el Ministerio Fiscal. El objetivo plasmado en los Presupuestos de este Ministerio es que a finales de 2022 existan 5.636 Jueces y Magistrados, 2.708 Fiscales, 4.424 Letrados de la Administración de Justicia ( Secretarios Judiciales) y 74 Letrados del Tribunal Supremo. Además de estas plazas de funcionarios seguirán existiendo 3.643 interinos de Administración de Justicia, 550 sustitutos de jueces, 35 sustitos de fiscales y 550 sustitutos de secretarios judiciales.
La quinta función son los Registros vinculados con la Fe Pública, que cuentan con un Presupuesto de 35.5 millones de euros (+2.1 %). Para el desarrollo de esta función existe el programa 113M, que tiene «como misión básica estudiar la política del Departamento en relación con la fe pública notarial, registro civil, registro de la propiedad, registro de bienes muebles y registros mercantiles, registro de actos de última voluntad y registro de contratos de seguro de cobertura de fallecimiento y, en general, a los asuntos relativos al estado civil (nacionalidad, nombres de las personas, etc.)».
Como curiosidad hay que comentar que en el 2020 se tramitaron sólo 554 cambios de nombre y apellidos y se estiman tramitar en 2022 otros 500.
La sexta de las funciones es la de Protección de Datos de carácter personal, que cuenta con un presupuesto de 16.6 millones de euros (+8.1 %) y cuya responsabilidad cae en la Agencia española de Protección de Datos. Este Organismo estima tramitar 14.950 reclamaciones nacionales y 650 casos transfronterizos.
La séptima de las funciones es la de las Prestaciones económicas del Mutualismo Administrativo, que dispone de un Presupuesto de 27.5 millones de euros (+12.1 %). El órgano responsable de llevar a cabo esta función es la Mutualidad General Judicial, que ha tenido como premisa fundamental la atención al mutualista y la estructuración de un régimen de prestaciones de conformidad con la legislación vigente. Las principales actividades consisten en la atención a los mutualistas y beneficiarios; la tramitación de expedientes de prestaciones sociales con cargo a fondos de asistencia social; el control y actualización del colectivo de beneficiarios.
La octava de las funciones es la Asistencia Sanitaria al Mutualismo Administrativo, que cuenta con un Presupuesto de 97.6 millones de euros (+11.9 %). La estimación para 2022 es de recibir 15.9 millones de asistencias a enfermos y de extender 21.6 millones de recetas. Obviamente sólo en el Ministerio de Justicia.
La novena de las funciones es el Asesoramiento y defensa de los Intereses del Estado. La función está asignada a la tan comentada últimamente Abogacía General del Estado, que cuenta con un presupuesto para esta función de 42.8 millones de euros (+1.8 %). Con este Presupuesto, la Abogacía del Estado tendrá que actuar en 154.000 pleitos, recibirá 58.860 consultas de los ministerios que tendrá que despachar y tendrá que actuar en Tribunales Económico Administrativos 118.175 veces.
La décima función es el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que dispone de un presupuesto de 209.8 millones de euros y que crece con respecto a 2021 un 656.2 % , que irán de dedicados a los Proyectos tractores de Digitalización de la Administración de Justicia.
Y por último y como siempre está la partida de Transferencias y Libramientos, que en este Ministerio cuenta con 13.8 millones de euros y que crece un 34.3 %. El mayor importe es para el Centro de Estudios Jurídicos, que se lleva 13.5 millones de euros.
Como siempre a continuación analizaremos el Presupuesto de Justicia desde el punto de vista de los Capítulos de Gasto:
Aquí podemos observar que el Gasto de personal crece un 2.7 % y representa el 69.3 % del Presupuesto del Ministerio. Los Gastos Corrientes crecen un 7.6 % y pesan un 9.7 %. Estas dos partidas suman 1.903 millones y se llevan el 79 % del total de los gastos de este Ministerio.
Un Ministerio clave para la tranquilidad de los ciudadanos, pero no para de dar disgustos a la mayoría
Las inversiones, que son la segunda partida de gasto, vienen soportadas en una parte importante por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y por la partida de los Tribunales de Justicia que va a dedicar al Plan de Modernización Tecnológica.
Este Ministerio, al igual que Interior, es un Ministerio clave para la tranquilidad de los ciudadanos, y en este ciclo político en el que nos encontramos no para de darnos disgustos a la mayoría.
Y pensando en la situación en que nos encontramos, creo que la frase de Platón «la peor forma de injusticia es la justicia simulada» es la más adecuada para cerrar el análisis de un Ministerio clave para la defensa de los intereses de los españoles, que cuenta con una gran organización que está muy mal gestionada.
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