El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá
Las cuentas públicas, al detalle
Escrivá destina a infancia y familia unos pírricos 1,8 millones de los 40.000 millones de presupuesto de su ministerio
Equivalen a una pensión alimenticia de 1,5 euros por niño al día
Este ministerio, tal como está montado en estos momentos, es un organismo prácticamente con una función: financiar a la Seguridad Social con 39.771 millones de euros en libramientos que veremos más adelante.
En cualquier caso, la función de estos artículos es describir qué hace cada ministerio e informar de a qué se dedican los Presupuestos Generales del Estado. Así los lectores pueden tener un conocimiento más profundo de a dónde va a parar el dinero de sus impuestos.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones tiene un presupuesto de 40.701 millones de euros. Baja un 5 %, equivalente a un descenso de 2.163,7 millones de euros. Como veremos más adelante, viene de una reducción de 6.848,5 millones de euros de préstamo a largo plazo a la Seguridad Social.
Desglose de los gastos
El ministerio dirigido por José Luis Escrivá tiene nueve secciones funcionales de gasto, que vamos a revisar y analizar a continuación.
La primera sección de gasto son las Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales. Es un modelo de pensiones que fue suprimido en 1992, aunque se mantuvo el derecho de quienes lo tenían reconocido hasta su desaparición. Por ese motivo es un gasto a la baja. Este año se reduce en un 22,7 %, quedando en 4,6 millones de euros de gasto y un total de 2.346 pensionistas sin incluir el País Vasco a septiembre de 2021.
La segunda función de gasto es la Gestión de las Clases Pasivas. Cuenta con un presupuesto de 4,9 millones de euros (+0,5 %). Esta función recae en la Subdirección General de Gestión de Clases Pasivas, que realiza la gestión y propuesta de los pagos de las pensiones del Régimen de Clases Pasivas del Estado.
La tercera de las funciones son las Acciones en favor de los emigrantes. Cuenta con una dotación de 60,5 millones de euros. Ha caído un 0,8 % respecto a 2021. Según el PERE (Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero) de enero de 2021, hay 2.654.723 españoles residentes en el extranjero. El artículo 42 de la Constitución Española configura el marco jurídico que garantiza a los españoles del exterior el ejercicio de sus derechos y deberes constitucionales en términos de igualdad con los españoles residentes en España. Por lo tanto, este presupuesto tiene como objetivo garantizar un nivel mínimo de protección de la ciudadanía española en el exterior, asegurando sus derechos económicos, sanitarios y sociolaborales, apoyando su integración social y el retorno a España de los españoles que lo demanden.
La cuarta de las funciones es la Atención a la infancia y a las familias. Cuenta con el «enorme presupuesto» de 1,8 millones, que encima se ha reducido en un 28 %. Este programa se creó en 2007 para garantizar el pago de alimentos a favor de los hijos menores de edad en convenios de separación o divorcio. Indica que va a tramitar 3.250 expedientes con una media de 75 días de tiempo para su ejecución. Es decir: con este presupuesto se van a dar 550 euros de ayuda para pensión alimenticia por niño, que equivale a 1,5 euros al día.
Cuando uno obtiene estos datos y los ve en un presupuesto, se pregunta si al ministro de turno no se le cae la cara de vergüenza.
La quinta de las funciones son las Acciones en favor de los inmigrantes. Cuenta con un presupuesto de 570,2 millones de euros (+34,4%), lo cual supone 146 millones de euros más que en 2021. De este presupuesto se destinan 319 millones en transferencias a organizaciones como Cruz Roja Española (57,3 millones), la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (23,8 millones) y la Asociación Comisión Católica Española (15,3 millones), pero no se indican a quién se transfieren los 222,6 millones restantes. Cuando menos sorprendente, por no decir preocupante.
La sexta de las funciones es el Análisis y definición de objetivos políticos de inclusión. Cuenta con un presupuesto de 2,5 millones de euros (+29,4 %), que se dedican fundamentalmente a la elaboración de la normativa reguladora del Ingreso Mínimo Vital y a la definición de alguna que otra medida de inclusión.
La séptima de las funciones es la Dirección y Servicios Generales de la Inclusión, de la Seguridad Social y de las Migraciones. Dotado de 45,2 millones de euros (+17,6), es donde se definen todas las estrategias y objetivos por cumplir. Sorprende por tanto el crecimiento de 6,8 millones de euros para algo que debería estar ya operativo desde los presupuestos del 2021.
La octava es el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). Cuenta con un presupuesto de 239,7 millones de euros (+24,7 %): 61 millones van a ser dedicados al «Incremento de la capacidad y eficiencia del sistema de acogida de solicitantes de asilo»; 2,8 millones para «Mejorar el sistema de prestaciones económicas no contributivas de la Administración General del Estado»; otros 97,2 millones para «Fomento del crecimiento inclusivo mediante la vinculación de las políticas de inclusión social al Ingreso Mínimo Vital»; 16,7 millones para «Proyectos tractores de Digitalización de la Administración General del Estado»; 62 millones a las Seguridad Social, sin más explicaciones. No queda demasiado claro, salvo los 16,7 para proyectos de Digitalización, si el resto del MRR es de verdad aplicable a la idea inicial de estos Fondos.
Por último, la novena y más importante función de este ministerio: las Transferencias y Libramientos internos, con 39.771,9 millones de euros (-5,6 %). Es lo que realmente sirve para que no haya déficit en la Seguridad Social. Los fondos se reparten de la siguiente manera:
- 4.197,9 millones de euros para Prestaciones de carácter no contributivo.
- 7.075,0 millones de euros para Aportaciones para financiar complementos de pensiones mínimas (=).
- 3.021,9 millones de euros para Aportaciones a la Seguridad Social para financiar el Ingreso Mínimo Vital (+0,2 %).
- 18.396,0 millones de euros para Aportaciones al Presupuesto de la Seguridad Social para cumplir el Pacto de Toledo (+32,1 %).
- 15,9 millones de euros para Aportación a la Seguridad Social para financiar al Instituto Social de la Marina (+2,4 %).
- 83,5 millones de euros para Otras aportaciones a la Seguridad Social (-4,6 %).
- 6.981.6 para financiar a la Seguridad Social con Préstamos a Largo Plazo (-49,5 %).
Con este análisis hemos terminado de ver el ministerio desde el punto de vista de sus funciones. Aunque tiene nueve, realmente cuatro de ellas tienen un presupuesto inferior a 10 millones de euros y otras dos, inferiores a 100 millones.
Si lo vemos desde el punto de vista de los capítulos de Gasto:
Desglose por departamentos
Observamos que la partida de Personal, aunque crece de forma desaforada (+21,8 %) y alcanza los 57,6 millones de euros, sólo representa el 0,1 % del Presupuesto. La partida de Transferencias corrientes, que asciende a 33.341,8, crece un 15,8 % y se lleva el 82 %.
En definitiva, este ministerio no se justifica de ninguna de las maneras. Sólo sirve para las acciones a favor de nuestros emigrantes y de los inmigrantes y para tapar el déficit de la Seguridad Social mediante libramientos, que son las «órdenes que se dan por escrito para que un tesorero, administrador, etc., libre una mercancía o una cantidad de dinero a alguien».
Está claro que un ministerio como este no debe existir solo y estaría perfectamente enclavado en Sanidad o en Trabajo; sólo existe por necesidades de sostener un Gobierno de coalición. Por ello, aunque tratemos desde aquí de demostrar que estamos derrochando dinero de los españoles por intereses políticos, es como intentar decirle al Presidente del Gobierno el famoso aforismo popular: «Es inútil explicar cuando el otro decide no entender».
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