La necesaria sostenibilidad de las pensiones

Las pensiones constituyen un tema prioritario, al afectar a muchísimas personas, que a lo largo de su vida, con su esfuerzo y su trabajo diario, se han ganado el derecho a disfrutar de una pensión de jubilación. Estas personas fueron solidarias con sus contribuciones a la Seguridad Social, que permitían pagar las pensiones de sus mayores, y, ahora, cobran su pensión en función del derecho devengado durante aquellos años, gracias a la solidaridad que hoy ejercen con ellos las personas que actualmente se encuentran en activo, como las generaciones futuras lo harán con los trabajadores de hoy en día.

Por tanto, no es que sea un tema sensible, sino que nadie quiere que las pensiones se acaben o se reduzcan, sino todo lo contrario: lo que toda la sociedad quiere, que incluye a todos los políticos, es que las pensiones se fortalezcan, sean mayores y se encuentren garantizadas.

Ahora bien, para ello hay que tomar buenas decisiones, que permitan su viabilidad, y evitar las imprudencias que acrecientan la sostenibilidad del sistema. Pues bien, con las medidas del Gobierno abandonando el factor de sostenibilidad de las pensiones y sus planes poco concretos de qué reformas va a proponer, no se puede decir que supone un avance en el intento de lograr la sostenibilidad del sistema de pensiones, sino que lo que hace es poner en riesgo el sistema de pensiones, volando la sostenibilidad de las mismas.

¿Por qué? Porque aunque sea un acierto el intentar retrasar la edad efectiva de jubilación -ya no sólo por el coste que supone para la Seguridad Social, sino, además, por la pérdida de talento que se produce al desaprovechar toda la experiencia de esos jubilados con anticipación-, no tiene en cuenta algunos aspectos necesarios, elimina otros positivos, cuya finalización es nociva para el sistema, e introduce algunos muy peligrosos. No es definitiva, porque se inicia ahora el proceso de reforma, pero habrá que ver cómo quedan algunos aspectos, como el de la equidad intergeneracional, pero en los pasos que ahora da ya se vislumbra el itinerario que va a seguir el conjunto de la reforma.

Entre los que el Gobierno se resiste a tomar se halla el no considerar toda la vida laboral de un ciudadano a la hora de calcular el cómputo de su pensión. De esa manera, no solo en algunos casos puede haber un quebranto adicional para la Seguridad Social, sino que puede perjudicar a muchos cotizantes que han podido contar con menores bases de cotización en sus últimos años debido a reestructuraciones en sus puestos de trabajo. Es muy probable que Bruselas obligue a España a tomar esta medida, pero el Ejecutivo sigue resistiéndose a ello.

Por otra parte, elimina el factor de sostenibilidad de las pensiones, que introducía la esperanza de vida en el cálculo de las mismas, que permitía ajustarlas dentro del ciclo vital de una persona, con un componente importante de solidaridad intergeneracional y, sobre todo, de la propia viabilidad del sistema, quedando, como digo, pendiente de definir lo que pasan a llamar mecanismo de equidad intergeneracional.

Igualmente, abandona el índice de revalorización de las pensiones, que permitía acotar su subida a un 0,25 % en caso de déficit en las cuentas públicas. Esto permitía marcar un suelo de revalorización, que les garantizase a los pensionistas un aumento, por mínimo que fuese, en los momentos económicos complicados, de manera que todas las pensiones subirían, al menos, ese porcentaje, pero impedía que sufriesen fuertes incrementos al no indiciarlos al IPC. Esto se elimina y se mantiene la indexación con el IPC, que puede provocar fuertes incrementos en épocas de elevada inflación -como la que vivimos ahora- y fuertes desequilibrios presupuestarios, que aún harían más negativas las cuentas y la propia sostenibilidad del sistema de pensiones, con un incremento de 30.000 millones más en el coste de las pensiones, según han estimado tanto FEDEA como el Banco de España.

Y, por último, introduce un elemento muy peligroso, como es aplicar una cobertura de 22.000 millones de euros al año a la Seguridad Social desde los Presupuestos Generales del Estado (PGE), de manera que se cambia el problema de lugar, pero no se hace nada por resolverlo. Sólo servirá para enquistarlo e ir agrandando el deficitario sistema, aunque se camufle bajo el saldo presupuestario de la Administración General del Estado en lugar de en la Seguridad Social. Esto sólo tendría sentido en un sistema transitorio hacia uno de capitalización, para que durante dicha transición la diferencia fuese asumida por los PGE. Esto sería costoso, pero se limitaría el problema a dos o tres generaciones, no se dejaría sin resolver como parece que sucederá con la propuesta que haga el Gobierno, que incorpora un coste creciente cada año sin una finalización del mismo. Es obvio que no es sencillo ni rápido cambiar de un sistema de reparto hacia uno de capitalización -y quizás ya no fuese posible en España, aunque no habría que descartarlo sin un estudio profundo-, pero sólo es cuando podría tener sentido una aportación desde los PGE para esas generaciones que ya no pueden ahorrar, por edad, mediante capitalización, y para quienes están cobrando ahora la pensión, a los que no se les puede dejar, obviamente, sin sus derechos devengados.

Al menos, habría que intentar llegar a un sistema de cuentas nocionales como el que están poniendo en marcha desde hace algún tiempo los países nórdicos. Lo que no se puede hacer es seguir negando la evidencia. Es un tema que hay que abordar técnicamente, para garantizar el sistema y el derecho de los pensionistas, no para hacer política ni mucho menos para poner en riesgo las pensiones actuales y futuras por negarse a aplicar las reformas necesarias que mantengan en pie el sistema. Y, desgraciadamente, en este Gobierno hay más de política que de propuestas positivas para resolver el problema, porque eliminan las buenas acciones e introducen otras que contribuyen a empeorar la situación del sistema.

Por tanto, el Gobierno no aborda el verdadero problema del sistema de pensiones, que es urgente, porque, si no, el sistema estará matemáticamente quebrado, sino que lo aplaza en el tiempo al huir de sus responsabilidades y, así, lo pone en riesgo. Puede ser duro decirlo, pero es la verdad, y, por tanto, es lo que los responsables políticos deberían decir. No es, por tanto, cuestión de ideologías sino de matemáticas actuariales. Cada vez tenemos más pensionistas y esos pensionistas cobran una pensión más elevada que las que se cobraban antes, y lo hacen durante más tiempo, con menos activos que los sostengan.

La ausencia de más rigor técnico y la prevalencia de los postulados políticos por parte del Gobierno son una mala noticia para los pensionistas, porque en lugar de ahuyentar los riesgos del sistema, los incrementa, con la consiguiente aceleración del potencial colapso, abonando el campo para que la Seguridad Social camine hacia una suerte de deuda perpetua, creciente, que en los actuales niveles de deuda pública será insostenible, además de resultar nada ortodoxo el nutrir a la Seguridad Social en su parte contributiva, de ingresos que no procedan de las cotizaciones. Si se avanza por ese camino, se pondrá en riesgo la viabilidad del sistema; dentro de un tiempo, los pensionistas tendrán todos una pensión muy baja, que se parecerá más a una pensión asistencial que a una contributiva, por haber tenido que sufrir recortes futuros por no hacer reformas presentes, y eso sí que será un gran engaño para todos los pensionistas.

José María Rotellar es profesor de la Universidad Francisco de Vitoria.