El presidente de Argelia, Abdelmadjid Tebboune
Crisis diplomática
Argelia cerró la puerta a las exportaciones tras el giro de Sánchez con el Sáhara
El pasado mes de abril Argelia pasó a la ofensiva. El régimen de Abdelmadjid Tebboune aprobó una ley destinada a proteger la industria local de su país. La normativa afecta a las exportaciones –incluidas las españolas– y veta la compra de cualquier producto que se pueda encontrar en el mercado argelino.
El movimiento de Argel se produjo pocas semanas después del golpe de timón del Gobierno de Pedro Sánchez con respecto a la postura de España en el Sáhara. No es la primera vez que ocurre. Durante los últimos años ha sesgado de forma intermitente las importaciones procedentes de nuestro país. Ocurrió en 2017, cuando el presidente norteafricano prohibió la entrada de cerámica española, y ocurre ahora, en plena tormenta diplomática entre Madrid y Argel.
Según el ministerio de Exteriores, España fue en 2020 el quinto mayor proveedor de Argelia. Vendimos productos por valor de 1.914 millones de euros. A la cabeza, los productos industriales y de tecnología, muy lejos los agroalimentarios y los bienes de consumo.
La entrada en vigor de la norma proteccionista argelina pone en jaque a la industria de material eléctrico español. En su página web, la asociación de fabricantes de Material Eléctrico (AFME) avisa a sus socios. «Esta normativa podría afectar negativamente a nuestros exportadores, ya que sus clientes argelinos tendrán que documentar que los productos que desean importar no se encuentran disponibles en el mercado argelino», afirman en una comunicación pública.
La organización –que representa al sector– cita a las empresas afectadas a una reunión online que tendrá lugar este jueves. «Además de dar información detallada sobre esta nueva normativa, el principal objetivo es que los asistentes intercambien sus experiencias prácticas y las opciones que con las que se han encontrado», informa.
Preguntada por un veto explícito a los productos españoles, desde AFME afirman no tener «inputs suficientemente claros y fundados como para responder» a la consulta enviada desde El Debate. Lo mismo ocurre con Confemetal, que aglutina a varias empresas con conexión comercial con Argelia. «No tenemos datos todavía para constatar si se está produciendo un veto de los productos españoles», afirma un representante de la patronal de empresas del metal.
El sector vacuno español, víctima también del veto levantado por Tebboune, sí pone cifras de impacto a la medida que limita sus exportaciones. Un portavoz de Provacuno reconoce a este diario que el sector ha dejado de enviar Argelia carne por valor de cinco millones de euros, un producto que las empresas han derivado a otros mercados. «La salida prácticamente se ha reducido a cero», confesó Javier López, director de la organización de fabricantes de carne en una entrevista concedida a Agropopular, de la Cadena Cope, el pasado mes de abril.
Ocho meses negociando la renovación del suministro de gas
En paralelo, avanza la eterna negociación entre Naturgy y Sonatrach (la energética pública argelina) para renovar el contrato de envío de gas a España. Unas conversaciones que se iniciaron en octubre del pasado 2021. Desde entonces, las reuniones se han visto alteradas por el entorno diplomático. Ocho meses después del comienzo de la negociación, desde Naturgy aseguran a El Debate que «no hay novedades» en torno a ella. La compañía presidida por Francisco Reynés trata de cerrar un nuevo precio de venta del suministro de gas argelino, clave para España. Naturgy ha revelado en más de una ocasión que no espera una mejora de las condiciones.
Desde que el Ejecutivo español se alineó con Marruecos en sus pretensiones sobre el Sáhara, el presidente de Argelia no ha dejado de amenazar con cortes de abastecimiento si España destinaba parte de su gas para suministrar a Rabat. España recibió desde Argel el 23,4 % de todo el gas importado el pasado mes de abril. Una ruptura del contrato sería fatal para nuestro país, que cuenta con unas reservas superiores al 65 %. Bruselas exige a todos los países europeos contar con al menos un 80 % de reservas de energía de cara al invierno.
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