El presidente Sánchez está dispuesto a todo para mantenerse en el poder
La semana económica
En marcha la máquina para comprar votos
El inicio de la campaña electoral de autonómicas y locales y la negociación de los Presupuestos crean el ambiente propicio para la estrategia favorita del Gobierno de Sánchez
El curso político ya ha empezado, y con él el baile para ver quién saca más a María Jesús Montero. La ministra de Hacienda prevé llevar los Presupuestos de 2023 al Congreso a final de septiembre, y como siempre hay parejas que se le resisten. Desde ERC comentaban hace ya unas semanas que su apoyo «dependerá de que el Gobierno de Pedro Sánchez haga los deberes y cumpla con los compromisos adoptados». El PNV se está pensando si le compensa sostener a un Ejecutivo cuya cercana relación con Bildu le está quitando protagonismo en el País Vasco.
En cualquier caso, no hay petición que se resista ante una buena chequera, y el Gobierno ya ha demostrado con creces que la suya es generosa. De entrada, en un momento de crisis como la actual, no deja de ser llamativo que el Gobierno presuma de tener para el curso que viene el mayor techo de gasto de la historia (198.221 millones de euros). En lugar de ahorrar, como haría cualquier familia, la apuesta es gastar más.
El Gobierno se ve además favorecido por la suspensión de las reglas de gasto que la Comisión Europea congeló en el año 2020 y preveía recuperar en el 2023. España está muy lejos del 3 % de déficit y el 60 % de deuda sobre PIB exigidos por Bruselas (tenemos el 6,8 % de déficit a cierre de 2022 y el 116,8 % de deuda en junio). La suspensión de las reglas da al Gobierno de Sánchez vía libre para gastar más, aunque desde el ejecutivo comunitario se dijera que la medida no era una propuesta para el gasto sin límite.
En esta línea se entienden por ejemplo los 16.000 millones en ayudas, rebajas fiscales y créditos anunciados en marzo o los 9.000 millones notificados en junio, tras el descalabro electoral del PSOE en Andalucía (por no hablar de los más de 3.000 millones gastados en los famosos viernes sociales en 2019). El primer paquete de marzo incluía entre otras medidas la bonificación de veinte céntimos sobre el precio del combustible, el aumento durante tres meses del 15 % del ingreso mínimo vital, la extensión a 600.000 familias más del bono social eléctrico hasta llegar a los 1,9 millones o la subvención de 362 millones al sector agrícola y 68 millones al pesquero. El segundo paquete contaba con medidas como el cheque de 200 euros para trabajadores con ingresos inferiores a 14.000 euros anuales, el aumento del 15 % en las pensiones no contributivas y de invalidez o la rebaja del IVA de la electricidad del 10 % al 5 %.
Muchas de estas ayudas son seguramente necesarias. El problema aparece cuando no llegan. Las gasolineras están teniendo que adelantar 1.000 euros al día, 33.000 euros al mes, para poder abonar el descuento a los conductores que repostan mientras les llega el dinero de Hacienda. Los perceptores del ingreso mínimo vital han sido muchos menos de los previstos por el desconocimiento de quienes prepararon los requisitos para acceder a él; básicamente, Podemos.
Al margen de que estas ayudas necesarias lleguen o no lleguen, el Gobierno juega mezclando medidas populistas con gastos disparatados. Encandila a los jóvenes con 250 euros de ayuda para el alquiler, 400 euros para que gasten con el bono cultural o 100 euros en becas, mientras destina más de 20.000 millones de euros al Ministerio de Igualdad. El Gobierno de Sánchez aumenta la deuda en 200 millones de euros cada día, 1.400 millones a la semana, y hasta un total de 300.000 millones más desde que llegó al poder. Por mucha ayuda que disfruten los jóvenes en la actualidad, esa deuda tendrán que pagarla ellos en el futuro, con sus impuestos.
El Gobierno de Sánchez gasta lo que haga falta desde que llegó para mantenerse en el poder, pero si España quiere tener algún futuro, necesitaría empezar a recortar el gasto superfluo del que dispone, sean los 60.000 millones de los que habla el Instituto de Estudios Económicos sin disminuir la calidad de los servicios, o menos.
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