Imagen de archivo del traspaso de la cartera de Hacienda de María Jesús Montero a Arcadi como nuevo ministro
Las derrotas judiciales le han costado al Estado más de 14.400 millones en solo dos años
Mutualistas, Impuesto sobre Sociedades, bono social y complemento de maternidad elevan el déficit en 2024 y 2025, y la AIReF alerta de nuevos litigios
Las sentencias judiciales adversas para las Administraciones Públicas se han convertido en uno de los principales riesgos para las cuentas del Estado, de acuerdo con el último informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). En su segunda Opinión sobre riesgos fiscales, esta institución calcula que las resoluciones judiciales tuvieron un impacto de 14.432 millones de euros sobre el déficit público entre 2024 y 2025 y advierte de que varios procedimientos aún abiertos podrían seguir generando costes adicionales en los próximos años.
El organismo presidido por Inés Olóndriz sitúa este tipo de contingencias al mismo nivel que otros riesgos fiscales como las perturbaciones macroeconómicas, los desastres naturales, las garantías públicas o la eventual reclasificación de empresas públicas. Según la AIReF, la experiencia demuestra que determinadas decisiones pueden acabar traduciéndose en importantes devoluciones y compensaciones cuando son corregidas posteriormente por los tribunales.
El mayor impacto se concentró en 2024. La AIReF estima que las sentencias judiciales añadieron 11.269 millones de euros al déficit de las Administraciones Públicas durante ese ejercicio. La mayor parte de esta factura correspondió a las devoluciones derivadas del IRPF de los pensionistas procedentes de antiguas mutualidades laborales, con un coste de 5.936 millones de euros.
A esta cifra se sumaron otros 3.048 millones asociados a la anulación parcial de la reforma del Impuesto sobre Sociedades aprobada mediante el Real Decreto-ley 3/2016. También tuvieron un impacto relevante las devoluciones vinculadas al complemento de maternidad para hombres pensionistas, con 1.108 millones de euros, así como las sentencias sobre la financiación del bono social eléctrico, el Impuesto sobre Actividades Económicas aplicado a operadores de telefonía móvil y la tributación de determinadas instituciones de inversión colectiva no residentes.
En 2025, la factura continuó creciendo, aunque con menor intensidad. La AIReF cifra en 3.163 millones de euros el impacto de las sentencias sobre el déficit durante ese ejercicio. Entre los principales conceptos destacan las devoluciones relacionadas con el fondo de comercio de empresas extranjeras, la continuación de los efectos de la sentencia sobre el Impuesto sobre Sociedades y nuevos pagos vinculados al complemento de maternidad para varones.
Además de las devoluciones, el organismo alerta de que persisten varios focos que podrían traducirse en nuevos costes para las arcas. Entre ellos menciona los arbitrajes internacionales relacionados con las renovables, los litigios vinculados a concesionarias de autopistas de peaje, las controversias sobre tasas de gestión de residuos radiactivos y de reserva del dominio radioeléctrico, así como las posibles responsabilidades derivadas de los avales concedidos durante la pandemia a través del ICO.
La AIReF presta especial atención al procedimiento relacionado con el Impuesto sobre Hidrocarburos. Según explica, el desenlace del caso dependerá de si se considera acreditada o no la traslación efectiva del impuesto, una cuestión sobre la que recae la carga de la prueba. El organismo señala que este litigio ya tendrá un impacto en el déficit de 2026 de, al menos, 316 millones de euros, a los que habrá que sumar los correspondientes intereses, y no descarta que su efecto se extienda a ejercicios posteriores.
La institución también destaca las carencias de información existentes para evaluar este tipo de riesgos. A su juicio, los datos sobre sentencias judiciales se encuentran dispersos entre distintas fuentes, presentan retrasos de hasta dos años y, en muchos casos, carecen del nivel de detalle necesario para analizar adecuadamente su impacto presupuestario.
Por ello, la AIReF propone reforzar la evaluación previa de riesgos legales antes de aprobar cambios, especialmente en materia fiscal y económica. Entre sus recomendaciones figuran una mayor revisión de la compatibilidad de las normas con el derecho europeo, un uso más prudente de los reales decretos y la creación de una base de datos pública que permita seguir la evolución de los principales litigios y cuantificar su impacto final sobre el déficit público.
