La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera
Crisis energética
El Gobierno valora remunerar a la industria a cambio de recortes de consumo en horas punta
Los países de la Unión Europea comienzan a aterrizar el mandato que este miércoles trasladó la presidenta de la Comisión Europea. Ursula von der Leyen anunció un catálogo de medidas con las que garantizar la supervivencia energética de la Unión Europea. Una de ellas impone una reducción obligatoria del consumo eléctrico en horas punta. Un encargo que cada país deberá aterrizar a la realidad de su propio mercado energético.
Para aplicarlo, el Gobierno español tiene sobre la mesa varias alternativas. Por un lado, cuenta con los agregadores de demanda como medio para recortar el consumo de los consumidores domésticos en las horas de mayor actividad. La opción permitiría rebajar los picos del consumo de los pequeños usuarios agrupados a través de estas empresas que gestionan y modulan el uso de su electricidad a cambio de compensaciones. Sin embargo, la complejidad y el escaso efecto que este mecanismo tendría sobre el total de la demanda, podrían hacer que el Ejecutivo descarte esta vía.
Por otro, Moncloa cuenta con una posibilidad más accesible y cuyos resultados serían más efectivos. El Gobierno estudia resucitar el Servicio de Interrumpibilidad, finalizado en 2020. La medida ofrece a la industria una remuneración a cambio de reducir su consumo en momentos puntuales de alta demanda del sistema.
La industria pidió a la ministra reactivar el mecanismo el pasado mes de julio
La opción cuenta con el aval del sector, que ya trasladó la propuesta a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, durante una reunión el pasado mes de julio. «Solicitamos recuperar el mecanismo, que es clave para garantizar el suministro en situaciones críticas como las actuales», afirma en declaraciones a El Debate, Fernando Soto, director general de la asociación de Grandes Consumidores (AEGE).
El plan de ahorro energético impuesto por Bruselas fija una reducción «obligatoria» del 5 % del consumo de electricidad durante las horas de máxima demanda, y un recorte adicional del 10 % del consumo hasta finales de marzo de 2023. Desde la entrada en vigor de la excepción ibérica, las horas más caras en el mercado español se ubican entre las 20 y 23 horas.
La manera de ajustar la norma por parte de cada país será clave. «Francia, Alemania e Italia mantienen el mecanismo de Interrumpibilidad activo desde hace años», dice Soto que confía en que «el Gobierno considere necesaria su utilización y lo reincorpore a nuestro sistema eléctrico».
Europa difiere en la tasa a la energía
Punto y aparte merece el otro pilar del plan de von der Leyen. La tasa a las productoras de electricidad a partir de combustibles fósiles y el límite a los beneficios extraordinarios de las renovables con el que el Ejecutivo comunitario espera recaudar 140.000 millones de euros.
La propuesta coincide con el inicio de la tramitación del impuesto a los ingresos de las energéticas en el Congreso de los Diputados. «Se trata de dos modelos muy distintos», afirman fuentes del sector que recuerdan que el modelo europeo apunta a los márgenes o beneficios extraordinarios derivados de la volatilidad de los precios, mientras que el modelo español grava los ingresos.
«Confío en que el PSOE acuerde enmiendas durante el trabajo parlamentario para adaptar la proposición de ley a lo que requiere la Comisión Europea», apuntan fuentes cercanas a la tramitación de la norma. Aun así, las medidas europeas permiten la convivencia del gravamen con impuestos ya aplicados por los estados miembros.
La industria pide urgencia en la aplicación de las medidas
En un comunicado remitido, la Alianza por la Competitividad de la Industria Española ha pedido aplicar de manera urgente la medidas comunitarias. «Ha pasado un año desde el inicio de la crisis energética y no podemos perder más tiempo para dar una respuesta eficaz», afirma la nota de prensa.
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