La CEOE ha roto su diálogo con el Ministerio de Trabajo
Despidos colectivos
La CEOE rompe con Yolanda Díaz tras el pacto con Bildu para que Trabajo controle los ERE
La patronal cree que el Ministerio de Trabajo ya no es un interlocutor fiable al rescatar una medida que quedó rechazada al negociar la reforma laboral
Diez claves para entender la reforma laboral
La CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales) ha roto su diálogo con el Ministerio de Trabajo tras el pacto al que llegó el Gobierno con EH Bildu por el cual se pretende modificar el Estatuto de los Trabajadores. Con esta enmienda, se le otorga poder a Inspección de Trabajo para poder controlar las causas de los despidos colectivos, algo que ha sentado muy mal en el seno de la patronal.
La organización que preside Antonio Garamendi ha anunciado que rompe cualquier interlocución con el departamento de Yolanda Díaz por entender que su papel es «tramposo y contrario a la buena fe» tras dicha enmienda.
A través de un comunicado, la CEOE tacha la enmienda de «traición» al acuerdo alcanzado en la reforma laboral y exige una rectificación para poder retomar el diálogo.
«En la medida que este asunto fue debatido en los trabajos de la reforma laboral, y apartado de mutuo acuerdo en aras del consenso, la actuación del Ministerio a través de la enmienda de EH Bildu supone una ruptura de la buena fe negocial que obliga a las partes a respetar y defender los acuerdos alcanzados», añade la nota. Esta actuación, subrayan, «invalida al Ministerio de Trabajo como interlocutor fiable».
Contra la libertad de empresa
«Los empresarios españoles consideramos que la enmienda transaccional aprobada por el Ministerio de Trabajo para reponer el control de las causas en los despidos colectivos (ERES) es una traición al acuerdo alcanzado en la reforma laboral», empieza el texto, escrito en tono muy duro.
«Igualmente, advertimos que esta modificación que tiene como fin intervenir las decisiones empresariales, es contraria a la Constitución y al derecho a la libertad de empresa y contraviene la normativa europea, que no admite una regulación que sustraiga al empresario la facultad decisoria como establecen numerosas sentencias, entre otras, la sentencia del TJUE de fecha 21 de diciembre de 2016», añaden.
La CEOE asegura que, «dada su urgencia», esta situación será abordada «a nivel interno» en la Junta Directiva que tendrá lugar el próximo 21 de diciembre.
Yolanda Díaz responde
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo ha recordado, por su parte, a la CEOE que la devolución del control sobre los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) a su ministerio ya estaba incluida en el Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo, aprobado en el Consejo de Ministros hace un año.
«La patronal española, igual que los sindicatos, conoce que desde hace un año, en noviembre del pasado año, en el Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo se aprobó esta medida. La patronal lo conoce igual que los sindicatos. Por tanto, no tiene nada que decir», ha comentado Yolanda Díaz a los medios a su llegada a la presentación de un libro del Papa Francisco, en la iglesia de San Antón.
Modificación del Estatuto de Trabajadores
Se trata de una modificación del artículo 51.2 del Estatuto de los Trabajadores relativo al despido colectivo, y supone que la Inspección tendrá que comprobar que la documentación presentada por la empresa se ajusta a la exigida en función de la causa concreta alegada para despedir.
En otras palabras, Inspección, que depende del Ministerio de Trabajo, deberá evaluar y emitir su conformidad o no sobre las causas alegadas por la empresa para la ejecución del despido colectivo en un informe que tendrá que emitir en un plazo «improrrogable» de quince días desde que la autoridad laboral notifica que se abre el periodo de consultas.
En otras palabras, Inspección, que depende del Ministerio de Trabajo, deberá evaluar y emitir su conformidad o no sobre las causas alegadas por la empresa para la ejecución del despido colectivo en un informe que tendrá que emitir en un plazo «improrrogable» de quince días desde que la autoridad laboral notifica que se abre el periodo de consultas.
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