Los túneles de Cantabria por donde no caben los nuevos trenes de Renfe
¿Pueden Asturias y Cantabria pedir responsabilidad al Estado por el escándalo de Renfe?
Los gobiernos regionales podrían iniciar un procedimiento de responsabilidad patrimonial si se acredita un daño real, evaluable e individual
«Se lo tienen callado durante dos años y pico». Miguel Ángel Revilla reveló que el Gobierno, a pesar de que sabía desde septiembre 2021 que había un problema de gálibos, puso en marcha el servicio de Cantabria con unos trenes que no cabían en los túneles.
Aunque el ridículo ha sido mayúsculo, solo se ha cobrado el cuello de dos chivos expiatorios –que además ya estaban previstos sus ceses– ante el silencio de Isaías Táboas, el amigo de Sánchez que preside Renfe. Ahora está en manos de los gobiernos regionales pedir responsabilidad al Estado por los perjuicios derivados de tan tremenda chapuza.
Y es que los gobiernos de Asturias y Cantabria podrían abrir un procedimiento de exigencia de responsabilidad patrimonial a la Administración. Se trata de un procedimiento que permite a una persona o a un colectivo exigir una indemnización por los daños consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. Para que este proceso prospere, tiene que haber un daño real, evaluable e individual.
«Creo que el daño es real», explica Ángel Cervantes, decano del Colegio de Abogados de Toledo y miembro de Anava-Rc. «Si la Administración regional tenía unos compromisos de servicio y puesta en funcionamiento que se han visto dañados, podría darse un caso de responsabilidad patrimonial. Otra cosa es que las administraciones de Asturias y Cantabria ejerciten su derecho», señala.
El procedimiento es similar a una responsabilidad civil y tiene los mismos plazos. Si hay daños materiales, como es el caso, el cómputo se inicia desde la fecha que comienza el siniestro. La ley de Procedimiento Administrativo exige la reclamación vía administrativa al propio Ministerio; una vez tramitado el expediente, se emite el informe al Consejo de Estado que dictamina la existencia de una responsabilidad patrimonial. En caso de desistimiento, queda abierta la vía judicial a través de los tribunales regionales correspondientes.
«La responsabilidad patrimonial, si es que cabe, sería frente a la administración responsable, ya sea el Ministerio de Transportes, Renfe o Adif. Parece que se dan los requisitos, pero habría que estudiar los detalles de esas administraciones, los contratos que tuvieran, los plazos de entrega, los compromisos…», concluye Cervantes.
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