Pedro Sánchez utiliza la vivienda como baza electoral
La semana económica
La vivienda, otro conejo de la chistera de Sánchez para ganar votos y tapar lo que no quiere que se vea
El escepticismo crece en torno a las medidas anunciadas por el Gobierno, mientras no se toman otras que podrían aliviar los problemas
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha centrado en la vivienda para intentar ganar votos ante la inminente cita electoral de mayo y también para tapar otros asuntos de los que no quiere que se hable, como los escándalos del Tito Berni o la Ley del sí es sí.
Actuar sobre la vivienda puede ser, evidentemente, una buena idea. El euríbor, índice al que se referencian las hipotecas de tipo variable, no para de crecer y está cada vez más cerca del 4 %. El precio del alquiler ha subido un 4,7 % en el primer trimestre del año. La compraventa de viviendas se está ralentizando debido a la subida de los tipos de interés, que eleva el coste de los créditos y contrae la capacidad adquisitiva. Viendo este panorama, todo lo que sea aliviar el peso de inquilinos, propietarios y constructores sería bienvenido.
El Gobierno, sin embargo, ha optado por medidas que siembran el escepticismo, o más bien, la preocupación. Sánchez ha apostado por pactar con ERC y Bildu una Ley de Vivienda que limite la subida de los precios del alquiler al 2 % en 2023, el 3 % en 2024 y posteriormente se liguen a un índice que no será el IPC, y por anunciar la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb y 43.000 financiadas por el ICO y con cargo a los fondos europeos para alquiler asequible.
Sobre el límite a los precios del alquiler, la experiencia en París y Berlín ha demostrado que es ineficaz a largo plazo. En Cataluña se ha traducido en la reducción de oferta de las viviendas más asequibles. A los propietarios deja de compensarles el negocio (por rentabilidad y por inseguridad jurídica) y las sacan del mercado para venderlas o esperar un mejor momento. Quienes vivan ahora en una casa en alquiler pueden verse beneficiados por el tope al incremento de precio, pero los que quieran alquilar más adelante pueden verse afectados por una reducción de la oferta. Quienes supuestamente iban a beneficiarse de la medida, resultarán perjudicados por esta escasez en la oferta.
Por supuesto se verán también muy perjudicados los propietarios. El impedimento del desalojo de los inquilinos en causas no objetivas (no se determina cuáles son), la suspensión de desahucios por impagos del alquiler durante dos meses en el caso de personas físicas y de cuatro meses en personas jurídicas y la posible subida de hasta un 150 % del IBI a arrendadores de viviendas que lleven vacías dos o tres años son algunos de los puntos más sangrantes de la nueva ley.
En cuanto a la propuesta relacionada con la Sareb, ya se ha hablado de diversos problemas de los inmuebles relacionados con la okupación y la falta de una ubicación adecuada. Y sobre la financiación de viviendas asociada a créditos ICO, como ya se contó en El Debate, además de que ese anuncio se hace sin concretar terrenos, constructoras, precios o protecciones asociadas, incurrir en deudas con el ICO supone un quebradero de cabeza para las empresas: quienes entran en concurso teniendo créditos ICO necesitan el visto bueno de la Agencia Tributaria para negociar los convenios concursales. La Administración no tiene medios para ir caso a caso y acaban en la quiebra.
Como comentaba el catedrático Rafael Pampillón recientemente en nuestro podcast El Debate de la Economía, las medidas anunciadas por Sánchez están centradas en los inquilinos, que son más (y por tanto más votantes), que en los propietarios. Frente a esta visión de corto plazo y electoralista, el profesor José Ramón Pin Arboledas se pregunta por qué no se acomete una iniciativa como la del ex ministro Vicente Mortes. Se puso de acuerdo con el sector privado y empezaron a construir 300.000 viviendas al año, y resolvieron el problema. En España se ha pasado de construir más de 800.000 viviendas en un año en la época de la burbuja a un entorno de 110.000 en los últimos años. Los expertos dicen que se deberían construir unas 130.000 anuales para satisfacer la demanda.
Para llevarlo a cabo, las promotoras deben tener la posibilidad de cubrir sus costes y ganar dinero, como es el objetivo de cualquier empresa, pero la Administración no se lo pone fácil con las licencias urbanísticas y la disponibilidad de suelo que haría factible ampliar la oferta. Prefiere ponerse la medalla de que es quien va a solucionar los problemas de los más vulnerables, aunque en realidad luego no se cumplan las promesas de viviendas sociales anunciadas en los últimos años, y las de ahora habrá que ver si se confirman.
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