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24 de abril de 2024

Eva Poptcheva, eurodiputada de Ciudadanos

Eva Poptcheva, eurodiputada de CiudadanosEva Poptcheva

Entrevista a Eva Poptcheva, eurodiputada y vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

«El reglamento de los fondos contempla sanciones para situaciones como las que se están dando en España»

Eva Poptcheva, eurodiputada y Vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, compartió con El Debate la inquietud que suscita la falta de transparencia española entre los pasillos de las instituciones europeas

España, como uno de los principales beneficiarios de los fondos europeos Next Generation, se enfrenta a una creciente expectación por su manejo de estos recursos.
A pesar de haber recibido cantidades sustanciales para impulsar su economía y fomentar la sostenibilidad,el Gobierno de Pedro Sánchez aún no ha publicado la lista de los 100 mayores beneficiarios de estos fondos.
Según confirmó a El Debate Eva Poptcheva, eurodiputada y Vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, esta falta de transparencia suscita interrogantes e inquietudes sobre la distribución y el impacto real de estas ayudas en el desarrollo económico y social de España, frente al marco incierto del futuro económico de la Unión Europea.
–¿Cree que habrá un acuerdo de reforma fiscal antes de que acabe el año?
–No, lo veo imposible. El proceso es complicado. En el Parlamento, estamos definiendo nuestra postura, que planeamos votar el 11 de diciembre. Como presidenta de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, me encargo de presentarla. Luego está el Consejo, que también debe establecer su posición, lo cual es igual de difícil. Nos enfrentamos a una discusión muy compleja.
Posteriormente, debemos iniciar los trílogos, es decir, las negociaciones entre el Parlamento y el Consejo. Teniendo en cuenta que el año está por terminar y que diciembre será un mes relativamente corto, no veo posible alcanzar un acuerdo durante la presidencia española del Consejo.
–¿Cuándo podríamos empezar a vislumbrar el acuerdo?
–Es difícil predecirlo. Dependerá del progreso en las negociaciones. Espero que sea antes del final de esta legislatura, quizás en primavera. Si tenemos suerte, podría ser en febrero o marzo. Pero es complicado determinarlo ahora, ya que las negociaciones están en curso tanto en el Consejo como en el Parlamento, y después tenemos que negociar de manera conjunta.
–¿España está preparada para la vuelta de la disciplina fiscal?
–Es importante entender qué implica la disciplina fiscal. No se refiere únicamente a recortes, sino a mantener unas cuentas públicas saneadas y una deuda pública sostenible, realizando las reformas necesarias. Actualmente, la Comisión Europea ha señalado que España tiene una deuda y un déficit estructural más elevados de lo permitido y tenemos que volver a los objetivos establecidos.
Sin embargo, políticamente parece que no estamos preparados. El gobierno de Sánchez, por ejemplo, ha prometido muchas medidas de gasto que no se enfocan en la vulnerabilidad real de las personas, como el transporte público gratuito para jóvenes y desempleados. Esto conlleva un gasto significativo sin tener en cuenta a quienes realmente lo necesitan. La Comisión Europea estima una reducción del déficit, pero estas previsiones pueden no ser correctas si se mantienen las medidas de apoyo a los precios de la energía. Además, se están contemplando otras medidas, como la condonación de deudas a Cataluña y otras comunidades autónomas, lo que implica renunciar a ciertos ingresos. En resumen, no creo que haya una voluntad política del gobierno para volver a una disciplina fiscal que implique cuentas públicas saneadas.
–¿Por qué va España tan retrasada en la ejecución de los fondos europeos?
–España siempre ha tenido problemas para absorber fondos europeos, como los fondos de cohesión, donde normalmente no se absorbe más del 50 %. Esto se debe, en parte, a la necesidad de cofinanciación, donde la UE financia una parte de un proyecto y el resto debe ser cubierto por el Estado miembro.
Dada la situación económica de España y la falta de espacio fiscal, nos resulta difícil cofinanciar estos proyectos. Además, la falta de modernización de la administración pública impide una absorción efectiva de los fondos. Esto también afecta a los fondos Next Generation, aunque en este caso no se requiere cofinanciación. El problema aquí es la falta de modernización administrativa pendiente y una mala gestión de los fondos. Otros países han establecido comisiones de expertos para ayudar a diseñar proyectos estratégicos.
Los fondos Next Gen están destinados a transformar la sociedad, con inversiones en innovación y digitalización, y no para cubrir gastos corrientes. Sin embargo, se han encontrado casos en España donde los fondos se utilizan para cubrir gastos habituales o proyectos preexistentes. Además, existe incertidumbre sobre si estos fondos están llegando realmente a la economía real, ya que no hay datos fiables y parece que mucho dinero se queda en las comunidades autónomas, utilizándose para cubrir déficits presupuestarios en lugar de transformar la economía.
–¿Puede Bruselas bloquear los fondos europeos para España a raíz de la situación con la amnistía?
–Sí, existe esa posibilidad debido a un reglamento de condicionalidad en vigor desde enero de 2021. Este reglamento, adoptado por el Parlamento y el Consejo, contempla situaciones como las que se están presentando en España. En particular, ataques a la separación de poderes, como los que podrían derivarse de la ley de amnistía.
El reglamento se centra en la protección contra la malversación de fondos y otros crímenes europeos. Si España no corrige esta situación, podría enfrentarse a la suspensión de fondos europeos, como ya ha sucedido en otros países.
–¿Hasta qué punto podrían bloquear nuestros fondos?
–El alcance del bloqueo depende de los fondos específicos en cuestión y del monto restante para desembolsar. En el caso de los fondos de recuperación, se podría suspender todo el desembolso restante, que todavía es considerable. Ejemplos de esta acción incluyen a Polonia y Hungría, a esta última no se le ha desembolsado nada de los fondos de recuperación hasta ahora.
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