Pedro Sánchez y Andoni Ortuzar, durante la firma del pacto
Prevalencia del convenio autonómico
El «no» de Junts amenaza las prebendas a los sindicatos vascos que el PNV arrancó a Sánchez
El Gobierno incluyó la priorización de los convenios colectivos autonómicos en la reforma del subsidio de desempleo
En una artimaña legislativa, el Gobierno aprovechó la aprobación de la reforma del subsidio de desempleo para colar la prioridad en la aplicación de los convenios colectivos autonómicos sobre los estatales. Una reclamación histórica del PNV y peaje para obtener el apoyo jeltzale a la investidura de Sánchez. Pero la enésima cesión del presidente a los nacionalistas está amenazada por el órdago de los independentistas catalanes de Junts.
Se trataba de una antigua reivindicación de los nacionalistas. De hecho, Confebask firmó un acuerdo en 2017 con los principales sindicatos de la región –ELA, LAB, CCOO y UGT– en el que ya establecía esa prioridad con el objetivo de impulsar los convenios autonómicos.
En el nuevo texto del Ejecutivo –casi un calco del firmado por patronal y sindicatos vascos–, se garantiza que los convenios colectivos y acuerdos interprofesionales en la comunidad autónoma tendrán prioridad aplicativa sobre cualquier otro convenio sectorial o acuerdo de ámbito estatal, siempre que su regulación resulte más favorable para los trabajadores.
Detrás de esta petición se encuentra la composición de las mesas negociadoras. Según el Estatuto de los Trabajadores (ET), en los convenios sectoriales estarán legitimados para negociar en representación de los trabajadores los sindicatos que cuenten con un mínimo del 10 % de los miembros de los comités de empresa «en el ámbito geográfico y funcional al que se refiera el convenio».
Para sindicatos mayoritarios a nivel autonómico –como CIG en Galicia, y ELA y LAB en País Vasco– pero sin presencia a nivel nacional, este punto del ET impedía su entrada en las negociaciones de convenios estatales, por lo que la prioridad de los autonómicos garantiza a los nacionalistas que los acuerdos estatales no tengan efecto en su territorio. En País Vasco, por ejemplo, apenas el 2,5 % de los convenios suscritos es autonómico, prevaleciendo los provinciales.
UGT y CCOO, por su parte, tienen capacidad para entrar en cualquier mesa, por lo que no se deberían ver afectados. Serán los que tienen problemas para alcanzar el citado 10 %, los que más sufran con la ley.
«Deslegitimar el diálogo social»
Cuestión aparte es el choteo del Gobierno. «Nos llama la atención que se haga esta modificación a través de un real decreto cuando recientemente se ha aprobado una reforma laboral que ya toca estos temas», comenta Sara García, secretaria de Acción Sindical y Empleo del sindicato USO.
«Se ha hecho por la puerta de atrás sin ningún tipo de reunión con las mesas de diálogo. Deslegitimar el diálogo social sin contar con ellos –por CCOO y UGT– ha sido un golpe duro», añade.
En cualquier caso, esta medida se ha encontrado con un inesperado contratiempo: el no de Junts. La jugarreta del Ejecutivo para incluir la cesión en la reforma del subsidio de desempleo podría no ver finalmente la luz por la negativa de los independentistas catalanes a apoyar los decretos que se tienen que votar este miércoles en el Congreso. Es lo que ocurre cuando se camina sobre el alambre.
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