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Cataluña
Empresarios catalanes sobre los pactos entre el Gobierno e independentistas: «El futuro es negro y triste»
El fiscalista Esaú Alarcón dice que el «viaje a Itaca» que se inició en Cataluña se ha trasladado al resto de España
Alarcón también recuerda que si se cede una competencia propia del Estado a una CCAA, «poco a poco» se la convierte en Estado
Empresarios y profesionales catalanes ven «oscuro» el futuro de España, y especialmente de Cataluña, a raíz de los pactos entre el Gobierno y los partidos independentistas. Y es que, por un lado, no ofrecen seguridad jurídica, y, por otro lado, desde el lado catalán, se está más pendiente de las cuestiones identitarias que de la gestión del día a día.
De esta opinión es Josep Maria Galilea, que preside el grupo Galilea, una de las corredurías de seguros más importante de España. Para empezar, considera «surrealista» que se vincule decisiones que afectan a las empresas, que «se les diga cómo tienen que hacer las cosas, dónde establecer su domicilio social», con una negociación de temas «que nada tienen que ver con esto». «No da ninguna garantía jurídica», y entonces, como empresario, «puedo decir: me voy a otro lado donde me dejen hacer lo que tiene que hacer una empresa, que es dinamizar la economía y generar riqueza».
Se refiere el empresario al acuerdo para promover que las empresas que dejaron Cataluña a raíz del proceso independentista, vuelvan a esta comunidad autónoma. Pero es que, además, recordemos que Junts per Catalunya ha planteado la posibilidad de que sean sancionadas las que no quieran hacerlo. Para Galilea, «alguien está perdiendo los papeles», porque «qué le vamos a decir a Ferrovial, ¿que no podía ir a Holanda? Es que no tiene ninguna lógica». Y en esta línea, considera una «dictadura» que se plantee la posibilidad de sanciones para las que no vuelvan. De ahí que asegure que propuestas así, lo único que van a hacer es perjudicar más si cabe la imagen de Cataluña como polo de atracción de inversiones.
Galilea considera que España y Cataluña tienen una clase empresarial «extraordinaria», con empresas de «primera línea», pero en un contexto en el que se mezcla la política con la economía, y «en el que nadie está contento, porque nadie quiere depender del otro, y ves que no hay ningún planteamiento de desarrollo; al contrario, siempre en contra de la empresa a ver cómo se la puede exprimir más y subir impuestos… ¿A quién atraes?», se pregunta el empresario. Y a todo esto hay que añadir, según Galilea, que se está hablando de una zona en la que políticamente no hay estabilidad y en la que mandan «las izquierdas más recalcitrantes». «Así, la gente solo se quiere ir», concluye.
La «pésima» gestión de la Generalitat
Pero en el caso de Cataluña, Josep Maria Galilea aún ve otro problema añadido: «la gestión del día a día de la Generalitat es pésima, un desastre». El empresario recuerda que los presupuestos de esta comunidad autónoma son «de una envergadura importante». Sin embargo, «somos la autonomía más endeudada y la que más ayuda ha recibido de la administración central. Y aun así nos hace falta muchísimo dinero».
Para el empresario, esto debería llevar a «reflexionar que no lo estamos gestionando bien, más allá de los gastos en cuestiones identitarias, como las embajadas, que no ayudan». Y para Galilea, la Generalitat solo encuentra como solución poner más impuestos. Y efectivamente, recauda más, pero se pregunta de qué sirve, «si se gasta mucho dinero en educación, sanidad o seguridad, pero no luce, hay muchos problemas en estos ámbitos». Dice que no duda de la capacidad de los dirigentes de Cataluña, «si están ahí será por algo», pero el problema, asegura, es que «les da igual la gestión diaria, no están por esto, sino en el tema independencia sí o independencia no; si las empresas vuelven o no, o que si los médicos deben hablar en catalán».
Al final, concluye, lo «mejor» será «que nos manden y nos organicen desde Bruselas, y nos digan qué tenemos que hacer». Por esta misma razón, no cree que la solución a los problemas de Cataluña sea el concierto económico, como piden los independentistas: «de qué sirve tener más recursos si lo van a hacer igual de mal, porque no saben gestionar o no pueden».
Y el problema, dice este empresario, es que tampoco se vislumbra un cambio de rumbo que mejore la situación de España y de la autonomía. «Hay políticos que dicen que subirán más el impuesto de sucesiones y patrimonio. Y yo digo qué alegría que me das. En qué lista vas para que no te vote. Al final, como nadie sabe cómo gestionar, la única solución es subir impuestos y machacar. Y cuando pasa eso, el contribuyente, persona física o jurídica, se acaba yendo», sentencia.
Alarcón: un Estado dentro de otro Estado
De la misma opinión es el fiscalista Esaú Alarcón, quien asegura que «el viaje a Itaca que se inició en Cataluña se está replicando a nivel nacional, y los que somos catalanes ya vamos adivinando lo que va a pasar porque lo hemos vivido». En cualquier caso, y en relación con lo que los independentistas llaman como «revertir» el «decreto de Guindos», que facilitó el cambio de sede social de las empresas cuando el procés, Alarcón asegura que era un cambio «importante en la ley mercantil que facilitaba la vida a las empresas».
Considera que se pudo hacer también «para facilitar el cambio derivado de la inseguridad jurídica creada por un golpe de Estado. Es así, pero es un instrumento útil. Y que se quiera volver atrás, es como querer hacer la declaración de la renta con bolígrafo», dice el fiscalista. Y sobre esta cuestión también advierte que se va a mirar con lupa la posibilidad de que haya incentivos fiscales y, desde luego, sanciones. Los incentivos fiscales porque Europa «lo puede considerar como una ayuda de Estado». Y en el caso de las sanciones, asegura, es que «va en contra de un derecho fundamental que es la libertad de empresa, pero también en contra de la libre circulación y capitales y trabajadores. Tiene muy difícil amparo legal».
Ahora bien, a Alarcón no le extrañaría nada de que lo puedan intentar: «están tramitando una amnistía por unos hechos delictivos para unas personas concretas, ad hominem. Una vez hecho esto, todo lo demás me lo creo». Y, en cualquier caso, no duda de que, si se materializase, «habría una condena, por parte de Europa, para el Reino de España».
Pero para Alarcón, detrás de toda esta reivindicación hay un tema «político y de imagen, de que Cataluña pueda decir que vuelven las grandes empresas, como La Caixa o el Banco de Sabadell». Porque desde el punto de vista fiscal, en la cesta de impuestos, que «La Caixa esté en Valencia no afecta en nada el saldo de las cuentas de Cataluña».
Y en este punto, pone encima de la mesa otra cuestión, y que aún complica más las cosas, según su opinión: «cómo establecer un censo de las empresas que se fueron y comprobar el motivo por el que se fueron. Tengo clientes que se marcharon, que cambiaron la sede social, y es cierto que unos lo hicieron por la inseguridad jurídica; pero otros, porque consideraron que era el momento de irse, y punto. Y se requieren muchos medios para comprobar eso. Son muchos recursos solo por un tema de imagen de Cataluña».
Por otro lado, a Esaú Alarcón también le preocupa la reclamación que hacen los independentistas sobre las balanzas fiscales y el concierto económico porque «demuestra una insolidaridad que hace mucho daño a la imagen de Cataluña en el resto de España. Esto me preocupa mucho porque al fin y al cabo somos los ciudadanos los que nos movemos por el resto del país». Y poner en duda los mecanismos de solidaridad, añade, «es terrible desde el punto de vista humano».
Pero Alarcón también advierte sobre el posible traspaso de competencias de inmigración a Cataluña. Más allá de la capacidad de la Generalitat para gestionarla, el fiscalista advierte de que «se está cediendo una competencia que es propia de un Estado, y si se le cede a una comunidad autónoma, paso a paso se la está convirtiendo en un estado, desgraciadamente». Este cree que es el objetivo final de los separatistas, si bien, como aspecto puntual, esgrimen la necesidad de que se pueda expulsar a los migrantes multirreincidentes, como ya pedido algunos alcaldes de Junts, como el de Calella.
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