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19 de abril de 2024

Pere Aragonès, con su propuesta de financiación para Cataluña

Pere Aragonès, con su propuesta de financiación para CataluñaEFE

Romper la caja única, el próximo desafío

El cupo catalán dañaría la sanidad y educación de otras regiones y recortaría en 30.000 millones la recaudación del Estado

La propuesta de Aragonès supondría «la desaparición fiscal del Estado», según los expertos

El órdago de Pere Aragonès y Carles Puigdemont a Pedro Sánchez tiene un coste: cerca de 30.000 millones de euros. Es lo que dejaría de ingresar el Estado si, como propone la Generalitat, Cataluña pasara a gestionar el 100 % de los impuestos que se recaudan en la comunidad autónoma, frente al 9 % actual.
El documento de la Generalitat prevé elevar la recaudación total por parte de Cataluña hasta cerca de 52.000 millones de euros, frente a los apenas 4.900 que en la actualidad recauda la Agencia Tributaria de Cataluña, correspondientes a los impuestos cedidos y propios.
La propuesta de Aragonès pasa por engrosar esta cartera con el IRPF, el IVA, el impuesto de Sociedades y los impuestos especiales. La recaudación de estos tributos en Cataluña es, respectivamente, de 23.000, 14.200, 5.300 y 3.500 millones de euros, según la Generalitat. Al asumirlos, pasaría a duplicar los 25.600 millones que actualmente recibe a través del sistema de financiación autonómico.
«Es una vuelta al pacto fiscal de Artur Mas», valora para El Debate el economista Ángel de la Fuente, director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). Supone, dice, «básicamente pedir un sistema como el cupo vasco». El resultado, asegura, «es la desaparición del Estado desde el punto de vista fiscal» y el inicio del camino hacia un Estado confederal «con cada vez menos instrumentos para hacer las políticas que se tienen que hacer».
Por su parte, Valentí Pich, presidente del Consejo General de Economistas de España, encuadra la propuesta de Aragonès, no exenta de «teatralización», en el contexto electoral que vive Cataluña tras la reciente convocatoria para el próximo 12 de mayo. «El problema no es el concierto –el mecanismo legal que ampara el cupo vasco– sino la discusión de la aportación que se hace», considera, en declaraciones a este periódico.

Los servicios serían muy distintos en unas zonas o en otras del paísÁngel de la Fuente

Amparadas en el Concierto Económico, las Haciendas forales vascas recaudan los tributos y posteriormente transfieren al Estado una parte, calculada en función del peso del País Vasco en el PIB, para sufragar la parte correspondiente de los gastos que asume el Estado, como el Ejército, política exterior, justicia, la Casa Real o incluso el sueldo de los ministros. De la Fuente, uno de los mayores expertos en financiación autonómica, resalta que este sistema lo que permite «es que una comunidad de renta alta se quede con el excedente de impuestos que paga por encima de la media y que se reparte a comunidades de renta inferior para prestar servicios sociales parecidos».
Una de las consecuencias sería, por tanto, el deterioro de los servicios básicos, como la sanidad o la educación, en otras comunidades autónomas. «Las demás autonomías tendrían menos que repartir y habría un incentivo para que Madrid y Baleares –las dos comunidades que, junto con Cataluña, son aportadoras netas al sistema de financiación– abandonen también el sistema. Los servicios serían muy distintos en unas zonas que en otras del país», dice De la Fuente.
El experto cifra en unos 30.000 millones de euros el recorte de los ingresos para el Estado si Cataluña asumiera el 100 % de los impuestos, sumando a los tributos recaudados la aportación neta de la región a la solidaridad interterritorial a través de mecanismos como el Fondo de Garantía. Esta aportación alcanzó en 2021 los 2.168 millones de euros.
La propia propuesta de la Generalitat, recogida en un documento de 90 páginas, contempla crear un mecanismo de transferencia al Estado por los servicios que éste presta en Cataluña, y un mecanismo de redistribución «con el fin de transferir recursos a aquellas comunidades con menor capacidad económica, que garantice un nivel de cobertura de los servicios públicos básicos a igualdad de esfuerzo fiscal».

La cifra que evita dar Cataluña

Eso sí, la Generalitat evita cuantificar cuánto aportaría al Estado, mientras que la aportación del País Vasco está fijada en el 6,24 % de las competencias no transferidas, unos 1.472 millones de euros para este año. En cualquier caso el propio Aragonès aseguró este miércoles en Madrid que en todo caso esta aportación sería «sometida a unos objetivos y limitada en el tiempo».
Pich, por su parte, considera que se debe replantear el modelo de financiación, eso sí, «con propuestas sensatas que se hagan pensando en que sean aceptadas por el conjunto». La clave de bóveda de una hipotética reforma, considera, es que la ciudadanía pueda tener una idea clara de a quién paga para poder evaluar lo que paga respecto a lo que recibe y sea exigente. «El actual sistema se ha ido parcheando y ahora esto es imposible de seguir. Y además hay una cierta concienciación de que hay una serie de autonomías que objetivamente están mal financiadas. Es necesario que, siendo difícil, la política lo ponga encima de la mesa. Si no se hace lo único que se consigue es tensión institucional y demagogia».
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