Íñigo Fernández de Mesa (IEE): «En Europa cuesta mucho menos que aquí que el salario llegue al bolsillo de los trabajadores»

Íñigo Fernández de Mesa (Madrid, 1967) es uno de los economistas más prestigiosos de España. Licenciado en Económicas por la Universidad Complutense, es también Técnico Comercial del Estado. Entre otros cargos, ha sido director ejecutivo del Banco Mundial, subdirector general del Tesoro y secretario de Estado de Economía con Luis de Guindos. En la actualidad es presidente del banco de inversión Rothschild en España, presidente del Instituto de Estudios Económicos y vicepresidente de CEOE.

–Hay que ver las cosas en perspectiva, con una visión global y hacer retrospectiva de lo que ha sido España en los últimos cinco o seis años. Hemos vivido una crisis sanitaria muy importante, donde la economía, no se nos debe olvidar, cayó un 10-11% en un año, y se ha ido recuperando progresivamente. Hemos sido el país de Europa que más ha tardado en recuperarse de esta crisis sanitaria, que ha sido muy dura. Al haber caído mucho, también nos hemos recuperado más rápidamente que el resto, y seguimos creciendo por encima de la media europea. La economía española nos sorprendió al alza el año pasado creciendo a un 2,5 %, mientras que Europa crecía bastante por debajo del 1 %. Este año no creceremos tanto como el año pasado. Estaremos alrededor del 2 %, pero seguiremos creciendo por encima de Europa.

–Creo que hay nubarrones, por así decirlo, dentro de la economía española. El propio Fondo Monetario Internacional lo apuntaba estos días. En primer lugar, la renta per cápita, que al final es una medida del bienestar de los ciudadanos españoles, no se ha visto mejorada. Ni tan siquiera hemos recortado el diferencial de renta per cápita respecto de Europa. Por otro lado, España está creciendo fundamentalmente porque el turismo se está comportando de una manera muy buena, lo cual es positivo. Esto ha animado al consumo. El empleo está aguantando muy bien en nuestro país y esto está haciendo que la economía crezca, pero hay dos puntos de preocupación. En primer lugar, la mala evolución de la inversión en el año 2023, y que tampoco esperamos que en el 2024 vaya a evolucionar positivamente. Si la inversión no es fuerte, el país no va a crecer ni va a crear empleo en el futuro. Hay que revertirlo. La inversión no se está comportando bien por muchas razones. Posiblemente la inseguridad jurídica es una de ellas: el hecho de que a la empresa española se le haya cargado y se le haya hecho hacer un gran esfuerzo desde el punto de vista fiscal que esté generando que los beneficios empresariales se estén estrangulando; el hecho de que abonen todo tipo de costes: financieros, fiscales, energéticos, regulatorios, costes de la mano de obra que no se compensan con un aumento de precios... Todo ello merma la capacidad de inversión de nuestras empresas. Este es uno de los principales nubarrones. El otro gran nubarrón de la economía española es su elevadísimo déficit público, algo que ha apuntado el Fondo Monetario Internacional (FMI). El FMI nos ha pedido un ajuste de muchos miles de millones para poder situar el déficit público en una senda de estabilidad. Crecer al 2,5 % con un déficit público del 4 % no es sostenible. Hay que reducirlo, y tendrá que ser sustituido por inversión o por consumo privado.

–En Europa ha habido muchos cambios desde la crisis anterior que no se pueden pasar por alto. Ha habido una unión bancaria que ha hecho que nuestro sector financiero sea mucho más resistente y haya menos interrelación entre los bancos y la deuda pública. Nuestro sector financiero es mucho más resistente y blindado de lo que era hace diez años. En el caso español tenemos un sector financiero muy capitalizado gracias a las reformas que se hicieron hace unos años y que está haciendo su función de financiación al sector privado de la economía. España no crecería al 2,5 % si no tuviéramos un sector financiero saneado. Desde ese punto de vista, estamos mucho más protegidos que hace diez años. Al mismo tiempo, la deuda pública es preocupante. España es uno de los tres países más endeudados de Europa, con un déficit público muy alto y con una incapacidad del Gobierno para reducirlo porque tenemos un Parlamento muy fragmentado, donde es muy complicado implementar políticas encaminadas a reducir el déficit público que cuenten con un consenso en ese Parlamento. Esa es realmente la gran debilidad que tiene España en estos momentos. Este gran déficit público no se debería corregir subiendo los impuestos, sino reduciendo el gasto no necesario, sin reducir el Estado del Bienestar, como siempre hemos dicho desde la CEOE. Y no solo hay que reducir el déficit público, sino reducirlo de forma que no genere disminución del crecimiento económico.

–Quizá es porque les parece poco. Un ejemplo: con el aumento de los precios de la energía, para evitar dañar a la gente más vulnerable, se dio una subvención al consumo del petróleo a toda la población que costó, creo que 5.000 o 6.000 millones. Posiblemente si hubiera sido una medida centrada en la gente que lo necesitaba, hubiera costado 100 o 200 millones. Habríamos ahorrado 4.900 millones. Hay muchas medidas de gasto que tienen que centrarse en el objetivo que persiguen. Tiene que haber un control del gasto, un análisis coste beneficio, tiene que haber un análisis de impacto, porque si hay medidas que tienen cero impacto, ¿por qué se implementan? También hemos dicho siempre que la participación público privada es absolutamente fundamental para mejorar la eficiencia del gasto. Los países que no son sospechosos de ser muy privatizadores, los del norte, son los que hacen un uso más eficiente de los recursos públicos y los que más participación público privada tienen. En el mundo sanitario y el educativo la participación público privada es tremendamente eficiente, y al final estás dando el mismo servicio público. Ese servicio público muchas veces se hace con la participación de una u otra manera del sector privado, con criterios del sector privado de eficiencia, competitividad y excelencia.

–Es cierto que la crisis nos afectó de una forma más profunda porque somos un país poco industrial y porque lo que se cerró fue el turismo, que es importante, pero también hay que tener en cuenta que, mientras que muchos países trataron de salir de la crisis apoyando a la empresa, en España se ha cargado la recuperación a la empresa. Eso está teniendo un impacto. La empresa española fue la última en recuperar el nivel de beneficios previos a la pandemia. Los salarios respecto del PIB lo recuperaron mucho antes. El país que más tarde recuperó su beneficio empresarial respecto antes de la pandemia ha sido también el que más tarde ha recuperado la renta. Es decir: algo tiene que ver la recuperación de los beneficios empresariales con la recuperación económica. Estos beneficios empresariales se vieron perjudicados por el aumento de costes de todo tipo. Eso ha tenido una repercusión en los beneficios y en la inversión.

–Tenemos un problema de financiación: el gasto en pensiones es más alto de lo que se ingresa por la Seguridad Social. La salida no es cargar a las empresas con más cotizaciones sociales. Somos el país de Europa que más carga a las empresas en Seguridad Social. La cuña fiscal en España es la más alta de Europa. Parece un concepto técnico, pero, por explicarlo de una forma sencilla: de cada 100 euros que paga una empresa a un trabajador, 60 se van al Estado. Esto perjudica la creación de empleo y la atracción de talento. En Europa cuesta mucho menos que a una persona le lleguen 40 euros al bolsillo, porque no tienes que pagarle 60 euros al Estado. Eso genera que seamos poco competitivos. Realmente la financiación de nuestras pensiones no tiene que ser por esta vía. Hay que buscar fórmulas que hagan más realista el gasto en pensiones. Puede ser una fórmula de aumento de la vida laboral en algunas ocasiones o de la edad efectiva de jubilación.

–Los ingresos públicos han aumentado mucho más que las prestaciones. A pesar de esos 50.000 millones más de ingresos, el déficit público ha aumentado. El aumento del gasto público no se ha visto necesariamente repercutido en un aumento de nuestras prestaciones. Esa es la primera reflexión que tenemos que hacer. Hay que racionalizar el gasto público: centrarnos en lo que es necesario. Muchas veces los servicios sanitarios o educativos mejoran no tanto por aumentar el gasto, sino por racionalizar su ejecutoria. En España hacen falta médicos y enfermeras bien pagados, pero quizá para mejorar la sanidad se puede usar el dinero de otras partidas presupuestarias que no son tan necesarias.

–Con una cuña fiscal como la que tenemos, todavía se ha echado más leña al fuego, todavía se ha elevado más la contribución a la Seguridad Social por parte de las empresas. Estamos al nivel medio de recaudación de impuestos respecto al PIB que hay en Europa, en torno al 40 % (presión fiscal), pero cuando tenemos en cuenta el nivel de renta, pagamos un 50 % más. Una persona que gana 40.000 euros en España paga muchísimo en impuestos que una persona que gana 40.000 euros en Alemania. En España se han aumentado mucho los impuestos para financiar un gasto público que tampoco vemos que haya tenido un impacto en mejorar la educación o la sanidad, por decir dos partidas que son importantes para el país. Tendrán que explicar en qué se ha ido ese exceso de gasto.

–Me parece bien, pero habrá que reflexionar sobre dónde han ido esos 50.000 millones de euros más de ingresos.

–A pesar de que el paro está resistiendo y las empresas mantienen el nivel de empleo, seguimos teniendo el paro más alto de Europa y hay que reducirlo. Desde luego, medidas como la reducción de la jornada laboral sin disminución de salarios o las que van encaminadas a aumentar el coste de las empresas a la Seguridad Social no van a favorecer la creación de empleo. Es cierto que el empleo se está comportando bien, pero también que el número de horas trabajadas se está reduciendo. Hay además una alta contratación por parte del Estado. No se pueden hacer reformas laborales todas las semanas. Hay que hacer una reflexión sobre cómo ha funcionado la que hemos hecho hace un tiempo y ver en qué se puede mejorar, pero no tomar medidas parciales que aumentan el coste de la contratación o que dificultan más a la empresa crear empleo.

–Cuando hablamos de empobrecimiento o de inflación, hay que hacer un análisis riguroso. Cuando la inflación, como se ha producido en España, el mundo y Europa, se debe a que ha habido un aumento del precio de los costes energéticos, y España es un país importador de petróleo, energía y gas, se ha producido una transferencia de renta de España hacia los países productores de petróleo y, por tanto, todo el país en su conjunto nos hemos empobrecido. A partir de ahí, uno trata de que sea el de al lado el que asuma el coste de esa transferencia de España a los países productores de petróleo. Y entonces, ese es el peligro de una espiral salarios-precios. La realidad es que los más perjudicados en España por la crisis del petróleo han sido las empresas, que han trasladado mucho menos a los precios el aumento de sus costes. El único que se ha beneficiado ha sido el Estado, que ha aumentado su recaudación. El país ha tenido un empobrecimiento en su conjunto como consecuencia de la inflación provocada por esa transferencia de recursos a los países del petróleo, donde posiblemente los trabajadores hayan perdido algo de renta, las empresas mucho más, y el Estado gana mucho más.

–Hasta los propios sindicatos han ido apuntando en esa línea. El subsidio de desempleo tiene que ser un instrumento que apoye a la transición y a la búsqueda de un nuevo empleo. No debe ser una forma de quedarte en el paro. Tiene que haber una motivación, un incentivo a encontrar un trabajo lo antes posible.

–Cada país es distinto. El nuevo gobierno argentino ha heredado una situación económica tremendamente difícil, con una inflación del 200 %, un déficit público desbocado y unos vicios brutales en la economía. Milei tiene un plan económico consistente en reducir el déficit público prácticamente a cero para este año. Quiere unificar el tipo de cambio, que es múltiple y completamente intervenido, para que sea un tipo de cambio de mercado, y que de esta forma las empresas que invierten en Argentina puedan repatriar dividendos, etcétera. Parece que la inflación se está reduciendo y que el déficit público está consiguiendo sus objetivos. Por otra parte, Argentina tiene un plan de de apoyo a las capas de la población más desfavorecidas. Tiene un problema de pobreza brutal. El 30-40% de la población está en un estado de pobreza fruto de las políticas populistas de los últimos treinta años, y creo que Milei también es sensible a estas cuestiones. Tiene una situación difícil. Como en todo gobierno, acertará en unas cosas y no en otras. En mi opinión, la apuesta por una economía de mercado donde se reduzca la inflación, el déficit público, se gane la confianza de los inversores internacionales, se basa en políticas que van en la dirección adecuada.

–España es un gran país para invertir, pero es cierto que la inversión extranjera ha caído de una forma dramática en el año 2023, y esa no es una buena noticia. Señales como poner un impuesto a las eléctricas, a una banca que gana demasiado, que se va a cambiar tal regulación o se va a desarrollar una política de vivienda que perjudique a los grandes tenedores, son mensajes que no ayudan a que la inversión extranjera venga a España. Los inversores quieren seguridad jurídica, no sentirse amenazados por el Estado. España es un país de grandes posibilidades. Está magníficamente situado para aprovecharse de dos de los grandes elementos que van a marcar la economía mundial en los próximos años. El primero es la transición energética: España tiene viento, sol, es un país poco habitado que abre enormes oportunidades para la producción de energía limpia. El segundo es que también somos un país con infraestructura desde el punto de vista de tecnologías como el 5G, muy bien dotado, único en el mundo desarrollado, y que también va a favorecer mucho la inversión extranjera. Dicho esto, debemos tener un sistema fiscal que apoye la inversión, un sistema jurídico que dé estabilidad y garantías.

–La Golden Visa tiene un impacto muy limitado desde el punto de vista de la inversión inmobiliaria. El problema de las viviendas en España no es de demanda, sino de oferta. No se trata de reducir la demanda. Hay que construir casas nuevas y, por tanto, debe haber una regulación que permita la producción de casas, y que aumente la oferta de casas en alquiler. Si, como propietario de una vivienda, tengo una ley que me genera una enorme inseguridad jurídica desde el punto de vista del cobro del alquiler, no la voy a poner en alquiler. Si se perjudica a los grandes tenedores de vivienda, que son los que han modernizado y mejorado nuestras viviendas en España, que tienen economías de escala que le permiten invertir en viviendas y dejarlas nuevas a un coste mucho más barato porque tienen muchas, y te permiten además alquilar distintos tamaños de vivienda y facilitar que un inquilino pueda cambiar de segunda vivienda a otra vivienda de una forma rápida... Son un pequeño porcentaje del volumen total de viviendas, pero están haciendo que nuestro sector inmobiliario se modernice y funcione mejor. Si la política va en contra de este tipo de inversores, ¿quién va a querer invertir en este país en poner miles de viviendas en alquiler, viviendas de calidad, gastarse miles de millones, si el Estado no le deja? Si el Estado no es capaz de poner viviendas en alquiler, que deje ponerlas al sector privado. El problema no se soluciona reduciendo la demanda. Se trata de aumentar la producción de viviendas.

–En primer lugar, creo que tenemos que estar siempre con nuestros aliados y con el mundo democrático. Eso genera tranquilidad. En cuanto a la inflación, los bancos centrales han actuado de forma rápida. Al aumentar los tipos de interés se está consiguiendo que la inflación se reduzca de forma notable sin que la economía se desacelere de una forma importante. Falta el recorrido de última milla de reducción de la inflación desde el 2,7 % al 2%. En Europa, en general, los mercados están positivos respecto a la capacidad del Banco Central de mantener la inflación en niveles cercanos al 2 % en los próximos meses. No veremos los tipos de interés en los niveles que estaban hace unos años, que eran excesivamente bajos. Teníamos tipos de interés negativos, hasta el cinco años en los bonos del Tesoro español, y eso digamos que no es lo normal. Posiblemente no tengamos ni los tipos tan altos que tenemos ahora ni tan bajos como fueron hace unos años. En cuanto a la inversión pública en compañías privadas, la interferencia pública nunca es buena. Hay que dejar al inversor privado que maneje la estrategia con los incentivos privados de la empresa, lo cual no quita que, en ocasiones, en empresas de carácter estratégico pueda haber normativas de protección de la entrada de determinados inversores internacionales que a lo mejor no buscan maximizar el beneficio para España. Defendemos que España tenga grandes empresas. Hay que ayudarlas, apostar por ellas, porque la gran empresa hace que el país se internacionalice, que muchas pequeñas y medianas empresas exporten; es la que invierte en investigación y desarrollo. En España apenas tenemos grandes empresas. En España hay poco ahorro, entre otras cosas porque no hay grandes planes de pensiones como existen en otros países, que es lo que hace tener una base de ahorro suficiente que te permite tener inversores de referencia en grandes compañías que en España desgraciadamente no tenemos. A lo mejor habría que reemplazar la aportación pública a esas empresas por la aportación privada de grandes fondos de pensiones españoles, pero para eso hay que promocionar que ese tipo de instrumentos se realicen.