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Las vicepresidentas Ribera, Díaz y Montero, junto al presidente en el Congreso

Las vicepresidentas Ribera –ahora vicepresidenta europea–, Díaz y Montero, junto al presidente en el CongresoEFE

España adelanta de nuevo a Venezuela como país con más laudos pendientes de pago

Nuestro país cerrará el año con cerca de 25 fallos impagados por las condenas de las renovables

España cierra el año encabezando, de nuevo, el ranking mundial de laudos impagados. Nuestro país acumula un total de 24 fallos impagados en los tribunales internacionales de arbitraje, según el Índice de Cumplimientos de Laudos Arbitrales y Tratados de Inversión. Venezuela, con 20 impagos, y Rusia, con 10, cierran en el podio.

En los últimos doce meses, los tribunales arbitrales han emitido nueve laudos con resultados adversos para nuestro país. Todos se corresponden con la retirada retroactiva de las jugosas primas a los inversores en renovables, y a la posterior decisión del actual Ejecutivo español de no pagar a los acreedores. Fuentes del sector anticipan además que, en los próximos días, España podría sumar otra nueva decisión en contra, con lo que el número total de laudos impagados cerraría el año en 25.

«España se sitúa en cabeza del índice mundial de incumplimientos», según el profesor Nikos Lavranos, colaborador de la consultora NL Investment, que elabora el indicador. Según sus estimaciones, de un total histórico de 1.332 arbitrajes contra distintos países, 958 han sido resueltos. En casi el 40 % de los casos acabaron siendo favorables a los gobiernos demandados, mientras que el 28 % se saldaron a favor de los inversores y un 15 % adicional mediante acuerdos entre las partes. El resto, o se archivaron o fueron nulos.

En lo referido a los importes pendientes de pago, España también ocupa el podio, pero en tercera posición, con unos 1.600 millones de dólares pendientes de pago (1820 millones de euros). Venezuela, por su parte, suma 17.100 millones de dólares; y Rusia, 60.700, en su mayoría correspondientes al caso derivado por la petrolera Yukos.

Además, los acreedores cifran en unos 93 millones el gasto de España en abogados y consultores para lidiar en los tribunales internacionales, y elevan el impacto total de las reclamaciones a cerca de medio punto del PIB, entre otras cosas, por el daño reputacional con el que debe lidiar el Tesoro Público. «El ruido generado por los impagos tiene un efecto indirecto al encarecer la financiación del tesoro y la capacidad de creación de las empresas», afirman.

A esto hay que sumar el crecimiento de los intereses por los impagos que, siempre según fuentes de las empresas acreedoras –el Ejecutivo se ha negado hasta la fecha a dar datos– crecen a un ritmo de 1,8 euros al segundo o 165.000 euros al día.

Aunque mantienen que su principal opción es alcanzar un acuerdo con el Gobierno español, los acreedores esperan avanzar en los embargos contra España en el primer trimestre de 2025, como ya contó El Debate. En esta línea, recuerdan la reciente decisión de la justicia británica de rechazar el recurso de España por el cobro de la indemnización del Prestige. Un total de 855 millones que, si finalmente se acabaran desbloqueando, «se embargarían porque hay una orden en beneficio de los afectados por renovables», afirman los acreedores.

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