Montero dice que el Gobierno «no ha subido impuestos, los ha bajado»: estos son los datos que la contradicen

«¿En qué página del libro de sesiones este Gobierno ha aprobado subir los impuestos de la renta media y trabajadora? Ninguna. No lo pueden decir porque es mentira». Son palabras pronunciadas por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, la socialista María Jesús Montero, en el pleno del Congreso de los Diputados celebrado este miércoles, donde también aseguró que «este Gobierno no ha subido los impuestos, los ha bajado». A renglón seguido, afirmó que el Ejecutivo ha bajado impuestos por 30.000 millones de euros, mientras que con Mariano Rajoy subieron en 74.000 millones.

No es la primera vez que Montero hace referencia a una cifra similar. El pasado junio, cuando anunció la prórroga de la rebaja del IVA de alimentos básicos al 0 %, y les sumó el del aceite de oliva, la vicepresidenta primera explicó que esta política fiscal permitió «ahorrar 25.000 millones de euros a las familias». Un dato que aún no tenía en cuenta la posterior bonificación del IVA al aceite de oliva. La mayor parte de estas medidas ya ha decaído.

Estas declaraciones chocan con los últimos datos de recaudación tributaria. A falta de conocerse los correspondientes a diciembre, reflejan que 2024 ha sido un año récord, en el que, hasta el mes de noviembre, se había recaudado 273.993 millones de euros, un 8,3 % más que en 2023. En todo ese año el fisco ingresó 271.935 millones de euros, un 6,4 % más que en 2022.

La Agencia Tributaria justifica este incremento en «el robusto aumento de las retenciones, tanto de trabajo como de capital, y de los pagos fraccionados». Pero el Ejecutivo también ha hecho caja de las 81 subidas de impuestos y cotizaciones que se han producido desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno en el año 2018, una cifra que el PP calcula que ha ascendido a las 97 –teniendo en cuenta impuestos, tasas y cotizaciones sociales e incluidas las aprobadas dentro del mini decreto ómnibus–.

Además, habría que sumarle la futura subida de impuestos al diésel que está preparando el Gobierno, ya que es algo acordado para recibir el quinto desembolso del plan de recuperación y evitar así que el pago sea parcial. De hecho, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha asegurado este martes que estaba trabajando en paralelo a nivel doméstico para sacar adelante la reforma de este impuesto. Aunque, de momento, solo tiene asegurado el apoyo de Podemos, este impuesto, si llega a aprobarse, principalmente afectaría a la clase media.

En total, el Instituto Juan de Mariana, en su informe Populismo fiscal, publicado a finales de 2024, calculaba que entre 2019 y 2023 el Gobierno de Sánchez había subido los tributos por valor de 9.625 millones de euros, y las cotizaciones en 26.115 millones de euros. En total, más de 30.000 millones de euros. «A estas cifras hay que sumarle el incremento recaudatorio vía inflación, que ha supuesto una subida encubierta de la tributación por valor de 27.100 millones de euros», apuntaban.

Subida encubierta

De esto mismo alertó el Banco de España a mediados del pasado año. Al no haberse optado por deflactar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para adecuarlo a la inflación, el regulador financiero informó que el impacto de la subida de precios iba a elevar hasta el 9 % la ratio de ingresos sobre PIB en 2025, un 29 % más que en 2019.

Esto es denominado como «progresividad en frío», el fenómeno que se produce cuando los precios y los salarios se incrementan con la inflación, pero los tipos impositivos del IRPF se mantienen invariables. Este es el causante de la mitad de la subida en la ratio de IRPF sobre PIB en los últimos cuatro años.

Los más perjudicados son la parte media y media alta de la distribución de la renta, que reciben un mordisco mayor sobre sus ingresos y además pierden beneficios fiscales. Son precisamente aquellas rentas de 19.873 a 28.550 euros las que más van a pagar esta subida fiscal encubierta.

La recaudación por IRPF ha pasado de suponer 86.000 millones de euros en 2019 a 124.000 en 2024, es decir, un incremento de 38.000 millones de euros.

Más impuestos para la venta de vivienda

Este 2025, también se ha encontrado con una nueva subida de impuestos la compraventa de vivienda, con el incremento del IRPF y la plusvalía que afectará a aquellos que quieran poner en venta su vivienda.

El primer tributo grava la ganancia patrimonial obtenida por la venta del inmueble, y se debe declarar en la Renta. Aunque en 2025 se mantiene la misma escala progresiva que en 2024 en los tramos inferiores, en el superior aumenta del 14 % al 15 %, tanto en la parte estatal como en la autonómica —de un 28 % a un 30 % en total—. Esto afecta directamente a las ganancias superiores a 300.000 euros, una cantidad que, dado el precio actual de la vivienda, está a la orden del día.

Para calcular lo que vamos a tener que abonar a Hacienda se tiene en cuenta el precio al que se vendió la casa y el precio al que se adquirió, así como los gastos a los que se tuvo que hacer frente para llevar a cabo dichas operaciones.

Si a esa cifra se le añade la cantidad que va a pagar el comprador por el Impuesto sobre las Transmisiones Patrimoniales (ITP), el Estado se llevará entre un 26 y un 30 % por la compra de ese inmueble.

En el caso de la plusvalía municipal, los ayuntamientos podrán aplicar desde este año nuevas tablas de coeficientes. «La tendencia general es un encarecimiento del impuesto», asegura Abel Marín, socio de Marín & Mateo Abogados, quien advierte que «aunque pueda parecer que no hay cambios, la realidad es más compleja». Un hecho que supone, en definitiva, una «subida encubierta» de un impuesto «opaco y técnicamente complejo».

Este impuesto grava el incremento del valor del suelo, y para calcularlo se tiene en cuenta el valor catastral del suelo, los años de propiedad de la vivienda y el coeficiente o porcentaje establecido por el ayuntamiento.

Esfuerzo fiscal

El Instituto de Estudios Económicos (IEE) criticó a finales de 2024 en su informe Competitividad fiscal 2024 que España realiza un esfuerzo fiscal que es un 13,7 % superior al de la Unión Europea. Además, entre las grandes economías avanzadas ninguna presenta un esfuerzo fiscal superior al de España.

El estudio indicaba que España ya es uno de los países con mayor presión fiscal dinámica –ritmo de subida de impuestos– de los países desarrollados. En el periodo 2018-2022 la Unión Europea redujo su presión fiscal en relación con el PIB en 1,1 puntos, mientras que España incrementó su presión fiscal en dos puntos porcentuales.

El estudio también subrayaba la «excesiva presión fiscal empresarial», debido a que las empresas españolas aportan el 32,4 % del total de recaudación frente el 25,8 % que en promedio aportan las empresas de la UE. En ese sentido, advierte de que una tributación empresarial superior a la de los países de nuestro entorno provoca «deslocalización de inversiones, fuga de contribuyentes y desventajas competitivas a los residentes».