Central nuclear de Almaraz (Cáceres)
Trabajadores de Almaraz piden evitar la «catástrofe económica y social» que supondrá su cierre
Solicitan a las autoridades competentes que encuentren soluciones para asegurar el futuro de la planta
El Comité de Empresa de la central nuclear de Almaraz, ubicada en Cáceres, ha solicitado a las autoridades competentes que encuentren soluciones para asegurar el futuro de la planta. Consideran que su cierre, previsto para noviembre de 2027, representaría «una catástrofe económica y social sin precedentes» para el Campo Arañuelo y para toda Extremadura.
Según los trabajadores, el cierre de la planta implicaría la pérdida de miles de empleos de alta calidad y tendría un «alto impacto» tanto en la comarca como en la región, que ya se encuentra «suficientemente castigada». La central nuclear es considerada la principal industria de la zona y su cierre sería un «agravio más» para Extremadura, un territorio que, en su opinión, no puede permitirse este nuevo revés.
El manifiesto, firmado por los cinco sindicatos con representación en el Comité de Empresa —el Sindicato Independiente de Técnicos y Profesionales (SITAT), UGT, CCOO, Sindicato Independiente Nuclear (SIN) y APLO, sindicato de operadores— destaca la relevancia de la energía nuclear para el desarrollo industrial de la región. En este sentido, los trabajadores subrayan que en la actualidad existen inversiones clave, como la implantación de centros de datos y la electrificación del tren de alta velocidad, que requieren un suministro eléctrico estable y potente.
Asimismo, defienden que la energía nuclear es una fuente de «energía verde» que puede garantizar la autonomía energética y la estabilidad del sistema eléctrico nacional.
El Comité de Empresa también subraya que la central nuclear de Almaraz es un «referente mundial» en funcionamiento y buenas prácticas. Aseguran que las empresas propietarias invierten unos 50 millones de euros anuales en su modernización, lo que permite que la planta se mantenga en las mejores condiciones técnicas y de seguridad. Según los sindicatos, la planta podría seguir operando de manera segura hasta los 80 años, como es el caso de la central nuclear de North Anna en Virginia (EE.UU.).
Además, recuerdan que las propietarias de Almaraz han expresado su disposición a continuar operando, pero para ello consideran necesario resolver el «agravio fiscal» que, según ellos, soportan. Este año, afirman, deben abonar 435 millones de euros en impuestos y tasas, algunos de los cuales son «redundantes y discriminatorios» frente a otras tecnologías, además de «inexistentes» en otros países con plantas nucleares. También critican la subida del 30 % de la tasa ENRESA para la gestión de residuos, una medida que consideran «injustificada» ya que no hay cambios en la cantidad de residuos generados.
En consecuencia, el Comité de Empresa ha solicitado a las autoridades y demás actores implicados que «busquen soluciones» para garantizar la continuidad de la planta. «No renunciamos a la central nuclear de Almaraz, ni vamos a abandonar a los trabajadores ni a los ciudadanos del Campo Arañuelo y de Extremadura», concluyen.
