Montero busca encajar la quita de deuda prometida a los independentistas mientras orilla el debate sobre financiación

La reunión de las Comunidades Autónomas con Hacienda se acerca sin que parezca que vaya a abordarse la tan prometida reforma del sistema de financiación autonómico. Los consejeros autonómicos acudirán a Madrid el próximo 26 de febrero a una cita que María Jesús Montero tratará de circunscribir a la quita autonómica de deuda. Una promesa nacida de la necesidad de amarrar el apoyo de ERC a la investidura de Pedro Sánchez y que el propio Sánchez extendió al resto de autonomías el pasado mes de diciembre.

A este respecto lo único que hay sobre el papel es la condonación del 20 % de su pasivo a Cataluña, unos 15.000 millones de euros, Hacienda ve factible aplicar quitas similares al resto de autonomías. Así lo trasladó el propio Sánchez durante la Conferencia de Presidentes celebrada en Santander, en la que emplazó a las autonomías a abordar los detalles en enero, en una reunión que finalmente se producirá con casi un mes de retraso.

Hacienda remitió el viernes el orden del día a las autonomías, en el cual solo figura la quita de deuda y la cesión territorial de la recaudación por el impuesto a los beneficios de los bancos.

«No se abordarán los problemas de financiación de las CC.AA., sino las urgencias de los socios independentistas del Gobierno de Pedro Sánchez», lamenta la consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert. Para la consejera la propuesta viene «al dictado del independentismo, que es quien está definiendo e imponiendo sus necesidades al resto».

«No se abordará ni la financiación autonómica, ni la nivelación, ni siquiera el objetivo de financiación han incluido», critica la consellera valenciana, Ruth Merino. «Hacienda quiere utilizar a las comunidades autónomas como una mera comparsa para blanquear la condonación de la deuda, pero la que quieren los independentistas catalanes, no la que interesa al resto de los españoles».

Tras la última reunión preparatoria, hace dos semanas, diferentes consejeros autonómicos coincidieron en señalar que la promesa de Hacienda para reformar la financiación está muy verde. Desde el ministerio compartieron con las autonomías «un resumen interpretativo» de las posturas de las distintas comunidades, «que no reflejaba lo que decían las autonomías», según el consejero aragonés de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro.

Tras el rechazo de las comunidades, Hacienda se ha abierto a incorporar nuevas propuestas de las autonomías, para lo cual ha dado un mes de plazo. «Dado que se ha dado ese plazo, al CPFF irá la condonación de la deuda y la senda de déficit, pero no esto (la reforma de la financiación)», cree Bermúdez de Castro. En materia de financiación, Hacienda solo ha adelantado que este miércoles trasladará a las autonomías cómo se repartirán los ingresos del nuevo impuesto a los beneficios de las entidades financieras.

La reforma del sistema de financiación es una necesidad a juicio de la práctica totalidad de las comunidades y de la mayoría de expertos. Según Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea, a iguales competencias e igual esfuerzo fiscal, Valencia recibe 92,4 euros por habitante y Cantabria 119,6 «sin que existan motivos comprensibles para ello».

Sin embargo, desde Hacienda aseguran que las posturas de las distintas autonomías son tan alejadas que la posibilidad de alcanzar un acuerdo se antoja lejana. El ministerio, no obstante, se había abierto a modificar el criterio del reparto en base a la población. Algo, a juicio de las autonomías, insuficiente.

«La propuesta para el cálculo de la población ajustada del Ministerio no garantiza a la Comunidad Valenciana mejorar sus situación actual en comparación con el resto de autonomías. Por el contrario, genera una diferencia de necesidad de gasto por habitante de 16 puntos, frente a los 11 actuales», trasladan desde la consejería valenciana de Hacienda. Lo que está sobre la mesa, añaden, «es tan abierto que, en función de como se cierre, puede agrandar aún más las injustificables diferencias actuales».

Desde la consejería andaluza calificaron de «globo sonda» la propuesta de Montero. «La ministra de Hacienda nunca va a presentar esta propuesta de reforma porque no se lo están pidiendo sus socios independistas, que es a los únicos que obedece», en palabras de la consejera Carolina España. Finalmente ni siquiera figura en el orden del día remitido a las autonomías para la cita del próximo miércoles.

El resto de autonomías temen que, mientras Hacienda esquiva la reforma general del sistema, el Gobierno diseñe de manera bilateral un marco privilegiado para Cataluña. De ahí que reclamen una mejora general de la financiación para todas las comunidades, como pedía la propia María Jesús Montero cuando era consejera de Andalucía. «Entonces llegó a cifrar ese incremento de recursos para Andalucía en 4.000 millones más al año», aseguran.

Las autonomías coinciden en poner por delante la necesidad de reformar la financiación a la quita de deuda. Más aún aquellas que, como Madrid o Canarias, no tienen deuda con el Estado o la tienen en niveles mínimos. «No estamos dispuestos a pagar la fiesta de otros», trasladó recientemente el presidente canario, Fernando Clavijo. «No se puede condonar el 20 % de la deuda a todas las comunidades porque hay algunas, como Canarias, que han sido responsables y tienen muy poca deuda, y otras que no lo han sido y tienen mucha».

El criterio de Hacienda, no obstante, no pasa por condonar el 20 % de su deuda a todas las autonomías, sino compensar el impacto del ciclo económico adverso sobre las cuentas regionales. Un concepto un tanto etéreo que, según Fedea, supondría condonar el equivalente al 6 % del PIB para el conjunto de las autonomías.

«Algo hay que hacer», reconoce Diego Martínez López, doctor en CC. Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, en un reciente artículo publicado por Fedea, en el que critica que las autonomías se hayan acostumbrado a financiarse a través de herramientas como el FLA, que nacieron con vocación temporal.

«El objetivo debe ser que las CCAA se financien de manera ortodoxa en los mercados y no con el Estado como banquero. Y para ello, los actuales volúmenes de deuda de muchas de ellas son un obstáculo insalvable», afirma. Pero añade: «Este proceso de salida a mercados debe ser gradual, repartir costes en el tiempo y no saturar los mercados de deuda pública española».