Los expertos consideran que se necesitarán cinco años para construir las 184.000 viviendas prometidas por Sánchez
Los expertos consideran que se necesitarán cinco años para construir las 184.000 viviendas prometidas por Sánchez
La inseguridad jurídica generada por constante cambios legislativos y la rigidez de la regulación urbanística han dificultado la puesta en marcha de nuevos desarrollos
El CIS ha vuelto a situar a la vivienda como el principal problema de los españoles, por tercer mes consecutivo. Esta crisis se ha producido por el desfase existente entre la demanda y la oferta que ha tensionado los precios, tanto de compra como de alquiler.
Esta cuestión ha sido abordada por varios expertos durante el segundo encuentro que hacen la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y el Consejo General de Economistas (CGE) sobre Cuestiones Estructurales de la Economía Española de 2025.
Todos coinciden en que la situación se ha visto agravada por un marco normativo complejo y por la falta de estabilidad en las reglas del juego, desincentivando la inversión en el sector inmobiliario. En este sentido, señalan que la inseguridad jurídica generada por constante cambios legislativos y la rigidez de la regulación urbanística han dificultado la puesta en marcha de nuevos desarrollos, alargando los plazos y encareciendo los costes.
«Aquí se ha legislado sobre lo mismo 47 veces, prácticamente. Rectificar es de sabios una vez. Rectificar 47 veces, quizás es de incompetentes, conceptualmente hablando», ha criticado el presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España, Xavier Vilajoana.
Esto va a dificultar aún más la construcción de las 184.000 viviendas prometidas por Sánchez durante la campaña electoral de 2023. Y es que, aunque esta promesa se pueda llegar a cumplir, «se tardará más de cinco años», asegura Julian Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios del Colegio de Economistas de Madrid.
Soluciones
Para poner fin a este problema es necesario buscar consenso a nivel estatal –de partidos políticos y del sector– para realmente hacer políticas de vivienda que fueran efectivas y que solucionasen el futuro de hijos y nietos, porque si no, de aquí a unos años el problema se habrá agravado.
Además, se ha subrayado la necesidad de reformar la Ley de Suelo y agilizar la tramitación urbanística, eliminando bloqueos administrativos que retrasan el desarrollo de nuevas promociones.
También se ha destacado que algunas medidas de control de precios en el alquiler han generado efectos adversos, reduciendo la oferta disponible, por lo que sería recomendable reconsiderar su aplicación y apostar por incentivos fiscales.
En este sentido, y sobre la limitación del precio del alquiler en Cataluña, los expertos consideran que «no ha funcionado para nada». Lo que ha pasado en Cataluña es que ha habido «un pequeño descenso» en el precio, pero la oferta se ha reducido en un 20 %. «Esto a medio plazo es insostenible», han remarcado.
Además, han explicado que el problema ha sido causa de una legislación muy deficiente que ha permitido el desplazamiento de pisos del mercado residencial hacia el mercado de alquileres de temporada.
