Los sindicatos exigen en la calle aplicar la Ley de Vivienda pese a que ha sacado 100.000 pisos del mercado

Este sábado, 5 de abril, los españoles saldrán a la calle para exigir soluciones a la crisis de la vivienda que asola nuestro país. Esta manifestación es la primera que se va a celebrar de forma simultánea en todo el país, en un total de 40 municipios, y ha sido convocada por el Sindicato de Inquilinos de Madrid y el de Cataluña, de la mano de otras organizaciones locales a lo largo de toda España.

La movilización, que tiene como lema Acabemos con el negocio de la vivienda, y que ha sido apoyada por los sindicatos CC.OO y UGT, busca que se aplique la Ley de Vivienda en toda España, así como se limite la vivienda turística, entre otras demandas.

A punto de cumplirse dos años de la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, casi todas las comunidades han mostrado su rechazo. Tan solo han aceptado el control de precios Cataluña y País Vasco, y Asturias, que ha adelantado que se adherirá a ella. Su aprobación y los mensajes que se lanzaron antes de ello han desplomado la oferta de pisos en alquiler y han incrementado los precios.

De hecho, esta situación se está viviendo desde que acabó el estado de alarma de la pandemia, y es que las políticas adoptadas por el Gobierno de Sánchez no se focalizaron en crear oferta, sino en todo lo contrario: eran medidas intervencionistas que propiciaron la drástica desaparición de la oferta.

Desde el 2021 –año en el que se consiguió su máximo– la oferta de alquiler residencial ha disminuido un 30 %, según datos del Observatorio del Alquiler de la Fundación Alquiler Seguro y la Universidad Rey Juan Carlos.

La reducción de la oferta conlleva mayor competencia entre los inquilinos para acceder a una vivienda. La presión ha pasado de 19 a 124 personas contactando de media con cada vivienda que salió al mercado en un plazo de diez días.

Este desfase entre la oferta y la demanda ha provocado un incremento drástico de los precios. En 2021, un alquiler se pagaba de media a 819 euros, mientras que en la actualidad el precio medio se sitúa en los 1.118 euros.

Laboratorio catalán

Cataluña fue la primera comunidad autónoma en la que se declararon las zonas tensionadas y se aplicó por completo la Ley de Vivienda aprobada en 2023. Primero afectaron a 140 municipios, a los que meses después se sumaron otros 131, abarcando más del 90 % de la población total de la región.

Un año después se ha constatado el fracaso de esta medida –que defienden los convocantes de la manifestación de este sábado– para facilitar el acceso a una vivienda en alquiler. La oferta de viviendas disponibles ha caído en más de 40.000 inmuebles, mientras que la competencia por encontrar un hogar se ha triplicado por cinco.

Si en 2023, Cataluña fue la comunidad autónoma con mayor oferta del país, con un total de 154.663 inmuebles, en 2024 descendió hasta la tercera posición, superada por la Comunidad de Madrid y Andalucía.

Este año se ha destruido una cuarta parte de la oferta, uno de los datos más acusados del país, que solo comparten otras comunidades autónomas, como el País Vasco o Asturias, donde la amenaza de declarar zonas tensionadas también ha ahuyentado a los propietarios del mercado.

Esto ha supuesto que ya hay más de 330 interesados por piso.

Un incremento que se nota especialmente en Barcelona donde, de los 81 contactos por vivienda que tenía en 2023, una cifra «ya de por sí muy alta», se ha pasado a 421, un aumento de 340 personas.

Si se compara con la Comunidad de Madrid, donde en este año el stock de vivienda ha disminuido en 2.117 inmuebles, (-1,39 %), se ha destruido casi 20 veces más oferta de pisos en Cataluña que en Madrid.