España se sitúa entre los países del mundo con mayor carga fiscal sobre la vivienda, con Cataluña al frente

La crisis de la vivienda que asola nuestro país supone un verdadero quebradero de cabeza para los españoles, sobre todo para los más jóvenes, que cada vez tienen más problemas para independizarse, ya sea a través del alquiler de una casa o de la compra de un inmueble. Y los impuestos a los que tiene que hacer frente el sector inmobiliario no ayudan.

La presión fiscal en la vivienda es significativamente superior a la media europea, según un estudio del Instituto de Estudios Económicos (IEE). El sistema impositivo actual grava intensamente todas las fases del ciclo inmobiliario —adquisición, tenencia, transmisión y arrendamiento—, y España, de media, presenta tipos impositivos superiores a los de la OCDE y la Unión Europea (UE). «Una fiscalidad excesiva que desincentiva la inversión inmobiliaria y actúa como un freno para la movilidad residencial», destaca el informe.

La recaudación por la tributación de la vivienda representa, aproximadamente, 52.200 millones de euros, un 3,5 % del PIB en España, convirtiendo a los inmuebles en una fuente clave de recaudación para las Administraciones Públicas. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) es el tributo con mayor recaudación dentro del sector inmobiliario, representando cerca del 30 % del cobro total por la tributación sobre la vivienda. El IVA se encuentra en segunda posición, seguido por el IRPF.

El estudio revela que los impuestos representan una parte significativa del precio final de la vivienda. Según el IEE, «los impuestos representan cerca de un 25 % del precio de la vivienda protegida. En el caso de la vivienda libre, el porcentaje de los impuestos, en relación con el precio de la vivienda, se ha estimado que es del orden del 10 % del precio de la vivienda».

A pesar de estas diferencias normativas tan acusadas, la Comunidad de Madrid logra obtener una recaudación suficiente también en este ámbito, ya que los tipos más bajos incentivan la actividad y las transacciones. Así, por ejemplo, en el Impuesto de Transmisión Patrimonial (ITP) los tipos de Madrid son mucho más bajos que los de Cataluña —un 6 % frente a un 11 %—, sin embargo, la recaudación media por habitante en Madrid es algo inferior, pero muy parecida a la de Cataluña en este impuesto. Concretamente, la comunidad gobernada por Salvador Illa ingresó 20.112 euros de media por cada vivienda vendida, mientras que Madrid 17.153 euros.

Otro impuesto autonómico es el de Actos Jurídicos Documentados. La norma estatal regula un tipo general del 0,5 %, solo aplicado en Ceuta y Melilla. Sin embargo, el tipo más bajo establecido por las comunidades autónomas de régimen común es el 0,8 %, aplicado en la Comunidad de Madrid y, también, en Canarias. Cataluña, entre otras regiones, por el contrario, tiene el tipo máximo del 1,5 %.

Existen otros tributos, como el de Bienes Inmuebles, la plusvalía municipal o el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), que son locales. Analizados en conjunto, con los autonómicos y el IRPF, que grava el valor catastral de la vivienda o el rendimiento de capital inmobiliario obtenido del arrendar el inmueble, el estudio llega a la conclusión de que la Comunidad de Madrid se consolida como la región más competitiva en varios de los tributos analizados y le convierte en una de las regiones más atractivas.

Suprimir el Impuesto de Sucesiones

Más allá del afán recaudatorio, el IEE habla una serie de propuestas encaminadas a promover la inversión en este tipo de activos y fomentar la propiedad y el alquiler. Por un lado, suprimir el Impuesto de Sucesiones sobre la vivienda habitual para evitar que las familias tengan que vender la propiedad para afrontar la carga fiscal y reducir el tipo de gravamen en el IBI.

También piden introducir exenciones o deducciones por reinversión, especialmente para quienes compran otra vivienda o invierten en proyectos productivos, y eliminar la tributación sobre incrementos patrimoniales inexistentes.

Para el IEE, es necesario evitar la doble imposición en ganancias de capital, deduciendo directamente en cuota los impuestos pagados al resto de administraciones, así como un IVA superreducido del 4 % en la rehabilitación residencial, con el objetivo de impulsar la actividad de rehabilitación residencial.

Además, abogan por una clarificación de la base imponible del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y reducir su impacto en la inversión industrial, ya que supone hasta el 4 % del coste de ejecución material de construcción. «La construcción sin ese impuesto se podría abaratar un 4 %, directamente», concluyen.