El plan del PSOE para subir los impuestos a las casas vacías no aumentará la oferta de casas, según los economistas

La proposición de ley registrada, el pasado jueves, en el Congreso por el PSOE recoge una serie de medidas fiscales entre las que se encuentran gravar con un IVA del 21 % a los pisos turísticos, aumentar los impuestos a las viviendas vacías e incrementar la tributación de las Sociedades Cotizadas de Inversión (Socimi). Todo ello tiene el objetivo de mejorar la accesibilidad a la vivienda, aunque desde el Consejo General de Economistas (CGE) lo ponen en entredicho.

Los economistas, por un lado, explican que la nueva escala para la imputación de rentas inmobiliarias que no se destinen a una vivienda habitual dificulta el cálculo de la renta. Y no creen que «al aumentar el coste fiscal induzca que los propietarios pasen a ofrecer el inmueble en alquiler, ya que en la mayoría de las ocasiones son las segundas residencias o las casas en los pueblos».

Además, si se ofrecen al alquiler por la parte del año que no se usan, «no se aplicarían las reducciones previstas, al no destinarse para vivienda habitual de los arrendatarios», aseguran en un comunicado.

Por otro lado, el CGE critica la creación de un nuevo impuesto para desincentiva la compra de vivienda por parte de extracomunitarios y extranjeros no residentes, gravando la compra de vivienda de este colectivo, y es que «se plantean dudas sobre su posible carácter confiscatorio». Ese tributo podría influir en la «posterior venta del inmueble, ya que podrá hacer inviable su transmisión futura porque el precio de la compra satisfecho más el Impuesto complementario estará fuera del precio de mercado en el momento de la venta futura», explican.

Esto supondría que, si en el futuro se produce un aumento de la oferta de vivienda en venta y esta proviene de extracomunitarios que se hayan visto perjudicados por este impuesto que los socialistas quieren crear, los precios serían más altos, impidiendo también su venta y el acceso a ella.

Zonas tensionadas

Otra medida que se recoge en la proposición de ley es beneficios fiscales cuando se formalice por el arrendador un nuevo contrato de arrendamiento, en el que la renta inicial se rebaje en más de un 5 % en relación con la última renta del anterior contrato de la misma vivienda, o cuando el contribuyente alquile por primera vez la vivienda.

Los porcentajes de reducción van desde el 100 %, en el caso de que la renta inicial fuera inferior a la cuantía que determine el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, hasta el 60 %. También hay un 95 % de bonificación fiscal para aquellas viviendas que estén situadas en una zona de mercado residencial tensionado y el arrendatario tenga una edad entre 18 y 35 años.

Para los economistas, «la aplicación de las nuevas reducciones fiscales de los alquileres en zonas tensionadas solventa la pasividad de algunas Comunidades Autónomas que han manifestado su intención de no declararlas como tales». Actualmente las deducciones fiscales dependen de que las CC.AA. delimiten las zonas tensionadas, ahora, será el Ministerio de Vivienda el que las decida, pero solo a efecto de las deducciones fiscales, ya que desde el punto de vista urbanístico las comunidades seguirán teniendo las competencias.