Los hijos de Ruiz-Mateos, en el banquillo.
La Audiencia Nacional condena a más de 7 años de cárcel a los seis hijos de Ruiz-Mateos por la estafa de Nueva Rumasa
Captaron fondos de 4.110 personas con «agresivas campañas» en prensa para solventar la deuda de la compañía, «ocultando su insolvencia»
La Audiencia Nacional (AN) ha condenado a 7 años y 4 meses de cárcel a seis hijos del fallecido empresario José María Ruiz-Mateos por delitos de estafa, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes por la estafa en la captación de fondos para el Grupo Nueva Rumasa entre los años 2009 y 2011.
Se condena también a 6 años y 3 meses de prisión a José Ramón Romero, el que fuera director de la oficina del Grupo Rumasa en la localidad gaditana de Jerez de La Frontera, conocida como banquito de Jerez.
Los magistrados de la Sección Quinta imponen la pena de 6 años y 5 meses de cárcel a un sobrino de Ruiz Mateos, Zoilo Pazos, que figuraba como partícipe y administrador de numerosas sociedades del grupo. Igualmente condenan a Ángel de Cabo, Fernando Juan Lavernia e Iván Losada a penas de entre 3 y 5 meses de prisión por delito de alzamiento de bienes, mientras que absuelve a otras cuatro personas que se sentaron en el banquillo de los acusados.
El fallo, ponencia de la magistrada Teresa García, condena a los hermanos Ruiz-Mateos, junto con Pazos y con Romero, a indemnizar de forma conjunta y solidaria a los perjudicados en la presente causa. Asimismo, impone a los condenados el pago de las costas causadas, incluidas las de las acusaciones particulares.
Según la sentencia, a principios de 2009 la situación económica y financiera del Grupo Nueva Rumasa era de una considerable gravedad, pues tenía deudas acumuladas por importe de millones de euros y carecía de liquidez para hacer frente a sus compromisos económicos y para sostener la actividad regular de las empresas, que necesitaban 52 millones de euros para atender sus pagos más inmediatos.
Entre tales compromisos se encontraban deudas por 197,5 millones de euros que vencían ese año y por otros 194,6 millones de euros que vencían en el año 2010.
«Ante esas circunstancias adversas que agravaban la situación de insolvencia de las empresas, los responsables del grupo, ocultando dicha situación crítica a los acreedores, proveedores y consumidores, decidieron poner en marcha un nuevo mecanismo dirigido a captar fondos del público», asevera el fallo.
Esos fondos buscaban «no solo enmascarar por un tiempo esa situación, sino también poder hacer frente a los cuantiosos gastos personales, familiares y domésticos y principalmente a los préstamos que gravaban sus viviendas, que a principios del año 2009 superaban los 18 millones de euros».
Según los magistrados, el Grupo Nueva Rumasa estaba constituido por un complejo conglomerado de sociedades que, si bien participaban de una gestión común dirigida a un mismo fin, no conformaban un grupo consolidado en el sentido definido en la legislación mercantil y fiscal, a pesar de hacerlo constar así en su publicidad, pues esas sociedades carecían de una matriz común.
La resolución señala que no se conoce con exactitud número total de inversores que adquirieron pagarés u otros efectos del grupo, pues existían algunas inversiones opacas, pero, según sus propios responsables, en el período examinado se captaron fondos de, al menos, 4.110 personas.
Según esa información, precisa la sentencia, el importe total de los fondos captados fue de 337.377.450,60 euros, mientras que el auxilio judicial ha podido identificar la entrada en las cuentas de Grupo Nueva Rumasa de, al menos, 243.476.514 euros procedentes de los adquirentes de pagarés entre los meses de febrero de 2009 y febrero de 2011.
Los fondos captados por los acusados se destinaban casi en su totalidad a una caja común desde la que luego se redistribuían al resto de sociedades del grupo en función de sus necesidades particulares.
La sentencia explica que los acusados destinaron parte de los fondos captados de los inversores a la adquisición de bienes de la familia Ruiz-Mateos entre ellos vehículos e inmuebles, bajo la titularidad de sociedades españolas que a su vez eran propiedad de otras sociedades beliceñas.
Los magistrados detallan que, a partir del mes de marzo de 2011, con el fin de paralizar las ejecuciones derivadas de las numerosas obligaciones de pago que iban venciendo diariamente, se empezaron a presentar solicitudes de declaración de concurso voluntario de las principales empresas productivas del grupo.
