El Tribunal Superior de Madrid obliga al Gobierno a investigar un posible conflicto de intereses de Sánchez en Air Europa

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha obligado al Gobierno de España a investigar un posible conflicto de interés de Pedro Sánchez al impulsar el rescate de Air Europa y del resto de empresas del grupo Globalia. Ha sido a raíz de una instancia del PP, en la que denunciaban que el Presidente del Gobierno dio dinero público a esta empresas y que «participó de manera directa en la adjudicación de esos fondos, mientras su mujer, Begoña Gómez recibía ingresos procedentes de la compañía».

El PP presentó el recurso contencioso administrativo ante el TSJ de Madrid «porque la Oficina de Conflicto de Intereses (OCI) no realizó la investigación solicitada en una denuncia presentada en marzo de 2024». Tras ella, fue archivada tan solo cuatro días después, y fue el PSOE quien la anunció, 24 horas antes de que se notificara al denunciante.

La justicia madrileña considera que esta decisión se baso en una información que provenía de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, algo insuficiente. Además, los magistrados sostienen que la simple negativa o la ausencia de información no les exime de su deber de investigar.

«En este punto, ha de acogerse el argumento de que no se ha producido actividad material de investigación por parte de la OCI constando este único informe como base, sin otro dato. No se aporta documentación alguna que sustente el contenido del informe», sostiene la sentencia a la que ha tenido acceso El Debate.

Ahora, la Oficina de Conflicto de Intereses tendrá que investigar si Sánchez actuó como debía en el rescate de la aerolínea, garantizando una «actividad investigadora», cuando se le presenta una denuncia con suficiente base.

Fuentes populares aseguran que «ahora cabe esperar que el Gobierno, esta vez sí, cumpla con la sentencia de los tribunales y haga las investigaciones pertinentes para aclarar la situación», aunque esperan que «seguirán haciendo lo mismo que han hecho hasta ahora».

Para los de Feijóo, esta resolución «supone un nuevo varapalo judicial para el Gobierno, de quien depende la Oficina de Conflictos de Intereses, un organismo que ha incurrido él mismo en un conflicto de intereses, pues ha confundido el interés de Pedro Sánchez con el interés que debería tener cualquier Ejecutivo en la limpieza y la transparencia, especialmente en lo referido al destino del dinero público».