El pacto de la OTAN sobre defensa costaría a España casi tanto como la deuda total de la Seguridad Social

España vuelve a estar en el centro de la polémica por su falta de compromiso con sus socios de la Alianza Atlántica. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha acusado a nuestro país de ser «el único que no paga» y ha amenazado con represalias económicas si no cumple con el nuevo objetivo de gasto en defensa. De cumplir con este umbral, España debería destinar de aquí a 2028 un gasto equivalente a la mitad del gasto anual en pensiones, a la deuda de la Seguridad Social o lo que destinan a alimentación el conjunto de la población en un año.

Durante la cumbre de la OTAN en La Haya, el norteamericano fue tajante: «Les vamos a hacer pagar el doble. Y lo digo en serio: vamos a lograrlo». Según Trump, de los miembros de la alianza, España ha sido «el más hostil» respecto al incremento de gasto en defensa y aseguró que negociará directamente con Madrid –a pesar de que España firma sus acuerdos con Washington de manera colectiva como miembro de la UE– para que nuestro país «devuelva el dinero» a través del comercio.

Aunque el tono del dirigente estadounidense ha sido provocador, algunas de sus afirmaciones encuentran respaldo en los datos. Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez presume del crecimiento de la economía española, nuestro país sigue siendo el que menos aporta a Defensa en términos de PIB dentro de la OTAN. Según cifras de la propia organización, España destinó un 1,28 % del PIB a gasto militar en 2024, frente a una media de los aliados que se sitúa en el 2,71 %.

Pese a que en los últimos tres años España ha incrementado su gasto militar en un 43,2 %, aún está lejos del objetivo del 2 % comprometido para 2025. Alcanzar el 5 % que plantea Trump en 2028 parece fuera del alcance presupuestario actual. Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han calculado el impacto que tendría esa escalada según tres escenarios de gasto militar. Además, estiman el coste adicional que supondría respecto al objetivo actual del 2 % del PIB.

El primer escenario, alineado con la hoja de ruta del Gobierno, contempla un 2 % en 2025 y una subida muy leve hasta el 2,1 % los años siguientes. Este camino implicaría un sobrecoste de 9.385 millones de euros hasta 2028, una cifra asumible.

El segundo escenario contempla una subida gradual hasta el 3,5 %, con un coste adicional de 55.754 millones de euros.

En el tercer escenario –el más exigente– se plantea un aumento al 3 % en 2026, al 4 % en 2027 y al 5 % en 2028. Según Gestha, este escenario supondría un gasto adicional de 107.237 millones de euros, casi la mitad del presupuesto previsto para pensiones en 2025. Es, además, una cantidad muy próxima a la deuda total de la Seguridad Social (127.000 millones) o al gasto total de los hogares en alimentación en 2024 (120.000 millones).

¿Quién paga la cuenta?

Ante este horizonte fiscal tan exigente, la gran incógnita es cómo podría España financiar semejante esfuerzo sin tensionar aún más sus cuentas públicas. La Unión Europea ha propuesto varias herramientas para facilitar el refuerzo de la capacidad militar de los estados miembro. La primera es el Reglamento SAFE, que prevé hasta 150.000 millones de euros en préstamos a largo plazo (hasta 45 años) para inversiones conjuntas en la industria de defensa o adquisiciones compartidas con otros países, incluida Ucrania.

La segunda medida consiste en una cláusula de escape fiscal, que permitiría a los estados exceder sus límites presupuestarios hasta en un 1,5 % del PIB anual entre 2025 y 2028, siempre que ese gasto adicional se destine exclusivamente a defensa.

Desde Gestha señalan que España podría beneficiarse de ambas herramientas, así como de los créditos del Banco Europeo de Inversiones, para afrontar un aumento realista del gasto militar sin poner en riesgo los compromisos fiscales adquiridos con Bruselas.