Los cambios que llegan a los cajeros desde este fin de semana: ya no sacaremos dinero como lo hacíamos hasta ahora

Desde este sábado, los cajeros automáticos deben cumplir con la ley 11/2023, aprobada el 8 de mayo de 2023. Esta norma responde a la transposición de una directiva europea sobre accesibilidad, con la que se introducen cambios a la hora de retirar el dinero en efectivo y realizar algunas gestiones, como es el pago de multas o ciertos impuestos.

Entre las modificaciones que se van a implementar se encuentra facilitar el uso a personas con algún tipo de discapacidad, ya sea auditiva, visual o cognitiva. Para ello, los cajeros deberán contar con una interfaz más simplificada e intuitiva.

Para ello se incorporarán pantallas con mayor contraste, tipografías más legibles, teclados con relieve y sistema de audio compatibles con audífonos. Estos cambios tendrían que ser añadidos de inmediato, mientras que los cajeros ya instalados disponen de un periodo de transición hasta el 29 de junio de 2030.

Los sistemas también tendrán que permitir el acceso a la información a través de varios canales sensoriales, como es la voz, el texto o el tacto. Por lo que tendrán que incorporar teclados con relieve táctil, guías de uso por voz y facilitando la conexión de audífonos.

Esta nueva normativa no afectará a la cantidad de dinero en efectivo que podemos retirar de los cajeros automáticos. El límite va a seguir dependiendo de cada entidad bancaria, y si la retirada o ingreso supera los 3.000 euros tendrán que informar de la operación a la Agencia Tributaria.

Algunos efectos no deseables

Esta modificación también obliga a mostrar, antes de introducir el PIN, información detallada sobre cada operación de retirada de efecto. Algo que alerta a los expertos, ya que supone riesgos jurídicos y sociales, en un contexto en el que el efectivo pierde terreno frente a los medios de pagos digitales.

Su finalidad es evitar prácticas opacas, como imponer comisiones no informadas. Desde el punto de vista práctico, el cambio supondrá una modificación en la experiencia cotidiana de los usuarios. «Desde un punto de vista operativo, el proceso de sacar dinero en efectivo será ligeramente más largo, ya que se añade un paso informativo previo», explicaba Ángel Sánchez, abogado y socio de Golden Partners a El Debate.

Esto supone que va a tener un efectivo positivo para algunos clientes, como es el caso de aquellos usuarios que tienen que usar cajeros de terceros y donde el riesgo de que se les aplique comisiones inesperadas es mayor.

Sin embargo, para este abogado, no todos los efectos de la norma son los deseables, y es que «sin duda, esta normativa se enmarca en una estrategia más amplia -aunque no siempre declarada- de reducción progresiva del uso del dinero en efectivo en favor de los pagos electrónicos». Y ahí reside, precisamente, el mayor punto de fricción. «Lo cierto es que contribuye a normalizar una experiencia bancaria completamente digital, incluso para quienes no lo desean o no pueden permitírselo».

A su juicio, «el principal riesgo jurídico y social reside en la erosión del derecho al anonimato financiero, la creciente vigilancia sobre los hábitos de consumo, y la posible exclusión de colectivos vulnerables como personas mayores, personas con discapacidad digital, o habitantes de zonas rurales sin acceso a servicios bancarios adaptados».

En este contexto, recuerda que «el acceso al efectivo es un derecho, no una concesión», y que «cualquier transformación estructural del sistema de pagos debe contemplar garantías de equidad, accesibilidad y libertad de elección». De lo contrario, «estaríamos avanzando hacia una economía más controlada, pero no necesariamente más justa», sentencia.