Una jueza de Nueva York obliga al gobierno de Milei a desprenderse de la petrolera YPF

Una jueza de Nueva York, Loretta Preska, ordenó el pasado lunes al gobierno argentino de Javier Milei a entregar sus acciones de la petrolera YPF, que ascienden a un 51 % de la compañía, a los demandantes, para cumplir con un fallo adverso en un litigio millonario. Ante esta decisión de la jueza superior de los Estados Unidos, Repsol no obtendrá ningún beneficio y el gobierno argentino asegura que presentará una apelación para evitar el desembolso a toda costa.

La petrolera es una de las mayores empresas del país, clave en la balanza energética y la base del mercado de hidrocarburos de Argentina. Sin embargo, la ola de privatización durante la legislatura de Carlos Menem le pasó factura, y en 1999 quedó bajo el control de la entidad española, Repsol.

La española tuvo que luchar con el grupo argentino Petersen, respaldado por el gobierno, por la gestión de la estratégica debido a la reticencia hacia el hecho de que una compañía extranjera contara con el poder de YPF, ante la que perdió el 24,9 % de la petrolera. Tras la previa adquisición de Petersen entre el 2003 y el 2007, cinco años después, se avanzó la expropiación del 51 % que conservaba Repsol para su nacionalización. La española acudió a tribunales internacionales, hasta que en 2014 Argentina le pagó en torno a 5.000 millones de dólares en bonos a cambio de que cedieran en el juicio. Sin embargo, la saga continuó en los tribunales de Nueva York, solo que sin Repsol como protagonista.

Tras conocerse a orden de la jueza Preska, las acciones de YPF han caído un 5,42 % en la bolsa de Buenos Aires, mientras Milei comunica a través de X que «los argentinos vamos a apelar este fallo en todas las instancias que corresponda para defender loas intereses nacionales». Buford Capital y Eton Park, sociedades que antiguamente habían pertenecido a Petersen, reclamaron en el juicio millonarias compensaciones alegando que el Estado argentino debió lanzar a oferta pública las acciones que no pertenecían a Repsol. Ambas fueron respaldadas en el 2023 por la jueza neoyorkina, que condenó al Estado a pagar 16.100 millones de dólares a las entidades.

La empresa, que produce el 40 % de petróleo y el 30 % del gas del país, tendrá sus acciones en una cuenta global en el Bank of New York Mellon en un plazo de 14 días, tal y como ha establecido la jueza. Posteriormente, estas serán transferidas a los demandantes. Sin embargo, Repsol no recibirá ningún beneficio a raíz de la sentencia, tras desistir de su reclamo en el 2014.