La Seguridad Social, una bomba fiscal con cuenta atrás
Si el sistema depende cada vez más de transferencias, si el gasto se dispara sin techo, si los ingresos por cotización no logran equilibrar la balanza… ¿Cómo garantizamos el pago futuro de las pensiones?
La Seguridad Social ha cerrado los cinco primeros meses de 2025 con un aparente superávit contable de 2.754 millones de euros, contrastando con el déficit de 591 millones registrado en el mismo periodo de 2024. No hace falta que les diga cómo ha salido la Nota de Prensa de la Moncloa, bombos y fanfarrias a todo lo que da la noticia.
Pero más allá del saldo positivo en la contabilidad oficial, el sistema mantiene un problema estructural mucho más profundo. Sin las transferencias extraordinarias del Estado, el déficit real ascendería a 2.698 millones, incluso mayor que el del año anterior.
El equilibrio actual se sostiene sobre una inyección creciente de fondos estatales, que ha alcanzado en este periodo los 15.452 millones de euros, con una subida en los últimos 12 meses del 30,8 %. Una cifra que confirma su dependencia de «Papá Estado».
Los ingresos por cotizaciones sociales han mejorado un 7,1 % con respecto al mismo período de 2024, fruto del aumento de las bases de cotización. No nos olvidemos que toda subida de salarios afecta a los trabajadores y a los empresarios en sus pagos a la Seguridad Social.
Nos jugamos el futuro de los 9,3 millones de pensionistas actuales, más todos los que vienen en los próximos años.
El verdadero protagonista del ingreso ha sido el Estado a través de las transferencias corrientes que han aportado 3.640 millones adicionales, lo que ha permitido salvar contablemente la diferencia entre ingresos y gastos. Esto no es autofinanciación, es un rescate silencioso.
La transferencia de recursos para pagar las pensiones, las bajas médicas y los subsidios, ya representa casi el 95 % del gasto total de la Seguridad Social. En cinco meses, el sistema ha destinado 84.458 millones de euros solo a esta partida, un crecimiento acumulado que no se está corrigiendo ni siquiera en años de crecimiento económico.
Para que lo veamos todo con claridad meridiana he preparado los datos que vienen a continuación y que los obtengo del Ministerio de Elma Saiz, responsable primera de lo que está pasando:
Una de las partidas más preocupantes es la de Incapacidad Temporal (IT), cuyo coste en 2024 ha alcanzado los 16.487 millones de euros, más del doble de lo que costaba en 2018. El número de procesos iniciados supera los 9 millones al año, con una duración media de 43 días por baja, lo que equivale a la pérdida de 393 millones de jornadas laborales.
El próximo artículo ira dedicado a en que se gastan los 84.458 millones de euros la Seguridad Social.
Fíjense que la diferencia entre los ingresos por cotizaciones sociales, 72.687 millones, que como he dicho crecen a ritmos nunca vistos del 7,1 %, no sirven para pagar las transferencias corrientes de 84.458 millones que paga la Seguridad Social, esa diferencia de 11.771 millones es el verdadero problema que tenemos.
La pregunta es incómoda, pero inevitable. Si el sistema depende cada vez más de transferencias, si el gasto se dispara sin techo, si los ingresos por cotización no logran equilibrar la balanza… ¿Cómo garantizamos el pago futuro de las pensiones?
La realidad es que el riesgo de impago se acerca. No por voluntad política, sino por incapacidad presupuestaria. Las pensiones no se pagan con promesas, se pagan con ingresos reales. Si los gastos en valor absoluto crecen más que los ingresos y estos están al límite, el sistema entra en zona de colapso técnico.
Prepárense porque junio ha sido mes de doble paga, pero no de doble ingreso y el dato que ya sabemos es que la Administración Central del Estado ha tenido que pedir prestados 25.000 millones de euros para poder pagar.
Es cierto también que han llegado 24.000 millones de Fondos Europeos Next Gen, que no se van a utilizar para lo que se debería, y no me refiero a pagar mordidas y sobrinas, ni tampoco para invertir en temas importantes, sino para ser usados en el día a día para pagar gastos corrientes y eso a este gobierno le viene como «pi pi al cu cu». Es hora de que los partidos políticos actúen.
El silencio institucional frente a este desequilibrio es preocupante. Ningún partido político ha presentado aún un plan estructural de reforma de la Seguridad Social, sin duda alguna, por miedo a perder apoyo social o electoral. Pero esa falta de acción es una irresponsabilidad. El sistema no necesita maquillaje contable, necesita de cirugía fiscal.
Si no se actúa pronto, el desequilibrio puede volverse inmanejable. Las pensiones corren peligro, y el tejido empresarial también. Los ciudadanos merecen representantes que estén a la altura de los momentos que vivimos. Porque lo que está en juego no es una legislatura, es el contrato social entre generaciones.
Nos jugamos el futuro de los 9,3 millones de pensionistas actuales, más todos los que vienen en los próximos años.
