La maldición del empleado 50: la barrera que frena el crecimiento de las pymes y tensiona la contratación en España

España tiene un raquítico parque empresarial, y es que el 95 % de las compañías de nuestro país son micropymes, y el 2,6 % pequeñas empresas, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Y no es de extrañar, si se tiene en cuenta el gran entramado regulatorio al que se ven sometidas muchas pymes y grandes empresas, sobre todo las que pasan de los 50 empleados.

De ahí la llamada maldición del empleado 50, el umbral de trabajadores a partir del que se disparan las cargas burocráticas, administrativas o contables de las empresas y que vienen frenando el crecimiento de las pymes españolas. «Supone un salto cualitativo en la gestión interna y un cambio drástico en las obligaciones a observar en materia laboral», alerta Alejandro Duque, abogado de derecho laboral en RSM Spain, organización internacional de servicios de auditoría.

Por un lado, es necesario crear un comité de empresa con cinco miembros y la empresa tendrá que facilitar los medios para el proceso de elección, además de informar trimestralmente a este comité de la situación económica de la empresa, planes de producción y contratación, absentismo, etc. Se debe constituir un Comité de Seguridad y Salud paritario formado por dos delegados y dos representantes de la empresa. En caso de despidos colectivos, deberán ofrecer un plan de recolocación externa si la empresa no está en procedimiento concursal.

Además, la empresa deberá financiar al menos el 20 % de la formación de los asalariados, así como elaborar un plan de igualdad con su consiguiente comisión paritaria de seguimiento del mismo. Es necesario realizar una auditoría retributiva para asegurar que los salarios cumplen el principio de igualdad y se deberán justificar las diferencias salariales de al menos el 25 % entre el sueldo medio de los empleados de uno y otro sexo.

A esto se le suma la obligación de reservar al menos el 2 % de los puestos para personas con discapacidad superior al 33 %, y la implantación de un canal interno de denuncias. «Este canal implica políticas de cumplimiento, sistemas de recepción seguros y medidas de protección al informante», precisa Duque.

También será necesario calcular la huella de carbono y elaborar un plan para minimizar la emisión de CO2 a la atmósfera, con objetivos cuantificados cada cinco años y las medidas para alcanzarlo.

Riesgos legales

Las sanciones por incumplir estas obligaciones pueden alcanzar, en los casos más graves, los 225.000 euros, e incluso superar el millón de euros en caso de no implementarse el canal interno de denuncias. «El riesgo sancionador es el más evidente, pero no el único», advierte Duque. «Las empresas también se exponen a reclamaciones individuales y colectivas, recargos de prestaciones, indemnizaciones y daños reputacionales que pueden comprometer seriamente su viabilidad».

Desde RSM Spain apoyan una reciente propuesta del PP que pretende elevar este umbral a 250 empleados. Esta reforma, de aprobarse, «transformaría profundamente el panorama de las pymes, permitiéndoles crecer sin asumir elevados costes asociados al umbral de los 50 trabajadores». No obstante, matiza que «su aprobación e implantación inmediata se presenta improbable, pues exige reformas en normas de alto rango y dependerá del resultado político».

En cualquier caso, Duque recomienda no confiarse y planificar con antelación. «Una empresa que se acerque a los 50 empleados debería realizar una auditoría interna para identificar las obligaciones que se activarían, y valorar si está preparada para afrontarlas tanto a nivel jurídico como organizativo», señala. «Contar con asesoramiento especializado es clave para evitar sanciones y proteger la reputación».

Inspecciones de Trabajo

Más allá de las sanciones, el abogado recuerda que la Inspección de Trabajo intensifica su control a partir de este umbral y que muchos convenios colectivos agravan las obligaciones a partir de 50 empleados. «Esta situación lleva a muchas empresas a frenar nuevas contrataciones para no superar el umbral, contribuyendo al reducido tamaño medio de las compañías en España, estancando su crecimiento», subraya.

Mientras la propuesta política sigue su curso, Duque insiste en la importancia de una estrategia preventiva. «El crecimiento debe planificarse de forma realista y con una hoja de ruta clara; evitar los riesgos hoy es la clave para crecer con seguridad mañana», concluye.