Los inspectores de Hacienda exigen la dimisión de Montero: «El cupo catalán supone la voladura del sistema tributario»

Los inspectores de Hacienda han vuelto a alzar la voz por el cupo catalán pactado esta semana por el Gobierno y la Generalitat, pero esta vez han endurecido el tono y han exigido la dimisión «inmediata» de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por «incompetente» y permitir «la voladura del sistema tributario».

Así lo ha transmitido la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), que representa a cerca del 80 % de los inspectores, en una rueda de prensa celebrada este miércoles. «La ministra debería asumir su responsabilidad y no aplicar este acuerdo. Si lo hace se van a ocasionar unos graves perjuicios a los ciudadanos de forma irreversible», asegura Ana de la Herrán Piñar, presidenta de la IHE.

Los inspectores de Hacienda ya emitieron un documento en marzo de 2024 alertando de las graves consecuencias que tendría en nuestro sistema tributario la implantación de dicho régimen, al cual se han vuelto a remitir. En él se denuncia que la «financiación singular de Cataluña» no tiene amparo en la Constitución, y que, de aplicarse, «se incumplirían los principios constitucionales de igualdad y solidaridad, entre otros».

Además, alertan que en la lucha contra el fraude existirían muchos problemas para realizar algunos planes de control, incluidos los «más graves» como es la lucha contra las tramas de IVA y del fraude organizado. «Se darían también problemas de deslocalización de las empresas si se fraccionara la gestión de los impuestos sobre el consumo. Y existirían también problemas de control de las grandes multinacionales, en la comprobación de los grandes patrimonios», aseguran.

«No existe una situación tan grave como la actual. Estamos asistiendo al inicio de la voladura del sistema tributario», advierte José María Peláez, el portavoz de la Asociación de Inspectores de Hacienda. Se romperían algunos principios «básicos» de la Hacienda española, como que el sistema de información ha de ser único, que debe existir una caja única y que la gestión de las retenciones se ha de hacer de forma «integrada».

De hecho, la gestión del 100 % del IRPF prevista para 2026 resultaría «imposible» porque no es «realista», ya que no se podría conciliar la información de una base de datos nacional y otra catalana. Con ello, la «rapidez» a la hora de realizar las devoluciones en las declaraciones de la renta caería de forma drástica.

Los inspectores han solicitado una «reunión urgente» con el Ministerio de Hacienda, aunque de momento no han recibido respuesta alguna. También se han puesto a disposición de las comunidades autónomas que estén interesadas en llevar este pacto ante los tribunales para dar asesoría técnica.