PP, Vox, Podemos y Junts tumban el decreto antiapagones y asestan una dolorosa derrota al Gobierno

El PP ha anunciado este martes su voto en contra del Real Decreto-ley 7/2025, de 24 de junio, por el que se aprueban medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico tras el apagón del pasado 28 de abril. La mayoría del Congreso ha asestado así una dolorosa derrota al Ejecutivo, dado que el texto cuenta también con el rechazo de Vox y de dos socios habituales del Gobierno, Podemos y Junts.

«No estamos de acuerdo en la parte referida al apagón, más allá de que no ha habido una sola dimisión o cese tras quedar nuestro país sin electricidad durante 24 horas», afirman los populares, que se comprometen a presentar en el Congreso un texto que recoja las principales medidas reclamadas por el sector eléctrico.

El texto, apodado como plan antiapagones por las medidas que trataba de introducir para evitar que se repita el cero energético, contaba con el respaldo mayoritario del sector energético. Entre otras cosas porque aspiraba a desbloquear el cuello de botella que impide que una de cada diez solicitudes de conexión reciban autorización para conectarse a la red.

La negativa de Podemos a respaldar el decreto lo dejó en manos de PP y Vox, partidos que no participaron en su redacción. Vox reiteró desde primera hora de este viernes su negativa a respaldar «absolutamente nada» que proceda de este Gobierno, mientras que el PP mantuvo hasta el último momento la deliberación sobre el sentido final de su voto.

Saturación de la red

Pese al apodo de «decreto antiapagones», el texto contenía un amplio paquete de medidas para reformar el sector eléctrico y tratar de resolver algunos de sus programas más urgentes. Según fuentes del sector hay en torno a 20.000 MW pendientes de dicha autorización, lo que a razón de diez millones de euros por MW arroja una pérdida potencial de inversiones cercana a los 200.000 millones de euros.

«Como país no está siendo posible atender la demanda que ya existe y quiere conectarse a la red», advierte un reciente informe de la consultora PwC. «La saturación de la red impide la electrificación de sectores estratégicos, desde la industria pesada hasta el hidrógeno renovable, además de ralentizar proyectos alineados con los objetivos climáticos. Además, la falta de capacidad de red puede desincentivar inversiones, limitar la competitividad territorial y generar desigualdades entre regiones con acceso y aquellas con nudos saturados», añaden.

El decreto había sido defendido públicamente por las principales patronales del sector, como Aelec –que integra a Endesa, Iberdrola y EDP–; la Unión Española Fotovoltaica (Unef), Appa Renovables, Aege y la Asociación Empresarial Eólica.

El Ejecutivo había logrado amarrar el apoyo de sus socios nacionalistas e independentistas al incluir guiños específicos a Cataluña y País Vasco. Así, mediante una disposición adicional concede a Cataluña –y solo a esta comunidad– una subvención para minimizar el impacto ambiental de la gestión de purines de porcino dotada con dos millones de euros. Además, incluye un descuento en la factura eléctrica del 80 % en los peajes de acceso a la industria electrointensiva celebrado por PNV y EH Bildu.

Los nacionalistas vascos, además, arrancaron a Sánchez el compromiso de flexibilizar la planificación energética para incorporar nuevos proyectos a la red cada dos años, y no cada cinco, como hasta ahora, y que se pueda aprovechar la potencia existente en subestaciones donde ya hay un consumidor para otros proyectos.

El decreto viene a reconocer la necesidad de reforzar el almacenamiento energético, con medidas como la la exención del trámite de evaluación de impacto ambiental simplificada para almacenamiento electroquímico. Pese a que el almacenamiento es clave para acompañar a las renovables –cuya generación no es constante y se concentra en determinadas horas del día en el caso de la fotovoltaica–, en lo que va de año apenas se han instalado 327 MWh, un 34 % menos que el año anterior, según UNEF.

Además, incluía medidas como la revisión obligatoria de la planificación eléctrica cada tres años, la incorporación de modificaciones puntuales cada dos años.