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Madrid se compromete a ayudar a los autónomos

Madrid se compromete a ayudar a los autónomos

Entra en vigor la norma que busca acabar con el software con contabilidad B en pymes y autónomos

Busca aportar mayor control interno, evitando la manipulación de facturas y contabilidades paralelas, una práctica que permite eludir millones en impuestos

Importante cambio para pymes y autónomos desde este martes. El software de doble uso que permite manipular ingresos, ocultar ventas o mantener contabilidades paralelas o en B sin dejar rastro, queda expresamente prohibido a partir de hoy con la entrada en vigor del reglamento técnico de Hacienda que afecta en primera instancia a los fabricantes de soluciones informáticas de facturación, conocido como VeriFactu.

La medida afecta directamente a más de seis millones de autónomos, pequeñas y medianas empresas que deberán emitir todas sus facturas —también las simplificadas— desde sistemas informáticos homologados. VeriFactu forma parte del paquete de medidas de la Ley Antifraude y será obligatorio para empresas a partir de enero de 2026 y para autónomos desde julio del mismo año.

El objetivo, entre otros, es cerrar la puerta a una de las principales vías de evasión fiscal y dotar al sistema tributario de mayores garantías de trazabilidad y transparencia. Las sanciones por incumplimiento pueden alcanzar los 50.000 euros, especialmente en casos donde se detecte software que facilite prácticas irregulares, según explica el experto en digitalización TeamSystem.

Este nuevo marco normativo supone un punto de inflexión para el ecosistema empresarial, ya que obliga a digitalizar de forma segura los procesos de facturación. Además de impedir que una factura pueda emitirse y no declararse, mejora la productividad y el control interno de los negocios, contribuyendo a una gestión más eficiente y fiable, según TeamSystem.

Hace apenas unos días, la Agencia Tributaria ha dado un paso más en esta dirección con la operación Amperio, que ha identificado el uso de software ilegal de ocultación de facturación en empresas de instalaciones eléctricas. La inspección, desarrollada en más de 75 locales en 15 comunidades autónomas, evidencia que Hacienda no solo legisla, sino que también actúa directamente para erradicar herramientas tecnológicas que facilitan el fraude fiscal.

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