Las autonomías, camino de triplicar su gasto en intereses de deuda en solo seis años

Las comunidades autónomas pagarán 11.789 millones de euros en intereses por su deuda en 2028, lo que supone triplicar el coste de 2022, cuando pagaron un total de 3.608 millones de euros, siempre que su deuda con el Estado o con el mercado privado no sea condonada o pagada, según Fedea.

Madrid, con un gasto en intereses de 1.585 millones de euros en 2028, será la tercera región que más intereses pagará en términos absolutos, solo por detrás de Cataluña, con intereses de 2.822 millones; la Comunidad Valenciana, con 1.926 millones, y por delante de Andalucía con 1.357 millones, como recoge Efe.

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha publicado este lunes una nota de prensa en la que estima que las autonomías triplicarán en 2028 los recursos que dedicaban en 2022 a pagar los intereses, si no hay condonación o pago de deuda.

«El gasto en intereses de las comunidades autónomas se incrementaría hasta los 11.789 millones de euros en 2028 desde un valor de 3.608 millones de euros en 2022. Esto supone más que triplicar los recursos» y obedece tanto al aumento de los tipos de interés como al elevado volumen de deuda.

Las proyecciones parten de una serie de supuestos anclados en previsiones oficiales del Gobierno de España y de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AiReF) sobre la evolución del PIB y de los saldos presupuestarios autonómicos y en la última información estadística disponible (del Tesoro y el Banco de España), dice la nota.

«A la vista de nuestros resultados, las autonomías deben calibrar con mucha prudencia las políticas fiscales expansivas que puedan estar contemplando».

«Estas administraciones han de ser conscientes de que embarcarse en reducciones significativas de impuestos y/o proyectos de gasto de dudosa rentabilidad social, dañaría claramente la sostenibilidad de las finanzas públicas regionales», concluye Fedea.

«Desde Fedea, al igual que desde AIReF y del Banco de España, llevamos más de cuatro años sugiriendo que las comunidades autónomas deberían diseñar y poner en marcha una estrategia fiscal a medio plazo que garantice la sostenibilidad de sus cuentas», añade.