Hacienda controlará hasta las cañas: así es el sistema de facturación que pone en jaque a pymes y autónomos

Pagar en efectivo es una costumbre cada vez menos habitual, y pocos son ya los comercios que en pleno 2025 no aceptan el cobro con tarjeta bancaria. La mayoría se ha adaptado a los métodos digitales, y muchos incluso permiten pagar por Bizum. Sin embargo, a partir del 1 de enero de 2026, todas las operaciones de cobro realizadas a través de los sistemas digitales, ya se Bizum, tarjeta o apps como Revolut, estarán controladas por Hacienda, incluso las de escasa cuantía, como una caña o un café.

Lo harán a través de Verifactu, el sistema de facturación electrónica impuesto por la Agencia Tributaria. Se trata de una medida incluida en la ley antifraude que obligará a empresas y autónomos a conectar todas sus facturas con Hacienda a tiempo real. «El control será completo y mensual», alertan desde Valio Consulting, gestora y consultora especializada en asesoramiento fiscal a pymes y profesionales por cuenta propia.

Para ello, el fisco ha diseñado cuatro modelos de declaración específicos. El modelo 170, de periodicidad mensual, que obligará a bancos y entidades de pago a comunicar todos los ingresos autónomos, realizados por Bizum o tarjeta. El modelo 174, de carácter anual, informará sobre operaciones con tarjeta que superen los 25.000 euros. El modelo 181 recogerá datos sobre préstamos y operaciones relacionadas con inmuebles. Y el modelo 196 informará, mensualmente, sobre la apertura de cuentas bancarias y, anualmente, sobre su saldo y movimientos.

«La primera remesa de datos llegará a Hacienda en febrero de 2026, con la información de enero. Eso significa que 2025 será el último año sin vigilancia mensual automatizada sobre estos cobros», apunta Yannik Charton, CEO de la firma.

No cumplir con Verifactu puede suponer sanciones, tanto para proveedores como para usuarios. Los proveedores que fabriquen produzcan o comercialicen sistemas informáticos no adaptados a la normativa se arriesgan a una multa de 150.000 euros fijos por ejercicio.

Por el contrario, las empresas que no utilicen un software certificado pueden ser multadas con hasta 50.000 euros por ejercicio fiscal. Además, la comercialización o distribución de software sin certificación puede acarrear penalizaciones de hasta 1.000 euros por licencia.

750 millones de euros

Apenas el 7 % de las pymes y los autónomos están listos para adaptarse a la transición digital, según se desprende del Informe Emprende. Un gran porcentaje utiliza hojas de cálculo (19 %) o papel y lápiz (13 %) para su facturación.

Desde las gestorías comentan que los clientes están obligados a contar con un programa de facturación que supone un desembolso importante, de unos 2.000 euros más mantenimiento. Asimismo, tienen que pagar entre diez y quince euros al mes por la licencia para que el programa quede integrado en la plataforma de la gestoría, que enviará los datos a la Agencia Tributaria.

«Los clientes no quieren pagar el desembolso inicial ni el mantenimiento», explica Beatriz Martín, de la asesoría de empresas Ofeco. «Tampoco quieren mandar facturas diariamente a Hacienda y hay dudas sobre las facturas de rectificación o devolución, que en sectores como el textil llega al 80 % de la facturación», apunta.

«Hay mucha inquietud en hostelería, bazares… comercios donde se pagan cantidades bajas, ya que se va más tiempo en gestionar una factura que en servir una caña. Y hay sectores donde no se dan ni recibos», avisa Martín.

Según datos del informe UVE Data Market Horeca 2024, en España operan más de 275.000 establecimientos de hostelería y unos 100.000 comercios minoristas. Por lo que el gasto necesario para adaptarse dispara la factura hasta los 750 millones de euros.

Los profesionales se encuentran sin apoyo por parte del Ejecutivo. La única herramienta oficial disponible, el kit digital, resulta claramente insuficiente en la mayoría de los casos. Ni cubre todos los costes ni llega a todos los potenciales beneficiarios. Tampoco existen, hoy en día, planes específicos de ayudas públicas para aquellos sectores con más dificultades de adaptación tecnológica.