Puente oculta ahora los informes del «sabotaje» del AVE que denunció y dejó atrapadas a 11.000 personas

El ministro Óscar Puente ha mantenido el más absoluto silencio después de la enésima incidencia del AVE, que dejaba varados a alrededor de 2.200 pasajeros este pasado 6 de agosto, pues el titular de Transportes parece estar más pendiente de polémicas ajenas a su cargo que de resolver los problemas que afectan a los usuarios cada semana. Sus agresivas campañas en redes sociales se han convertido en una constante, mientras los problemas en la alta velocidad española no cesan.

En lugar de ello, en la estación de Santa Justa, en Sevilla, los pasajeros pueden observar con estupor, tal y como ha relatado El Debate, una enorme lona del Ministerio de Transportes con el lema 'Disculpen las mejoras', que parece más una burla a todos los que tienen que soportar los retrasos y los problemas generados en un AVE que fue todo un orgullo para nuestro país, pero que languidece a pasos agigantados.

Los informes del «sabotaje grave»

Según la documentación a la que ha tenido acceso este medio, Puente evita cualquier responsabilidad en relación a las averías del AVE del pasado 4 de mayo, cuando una incidencia en la infraestructura provocó retrasos y detenciones de la circulación en trenes de alta velocidad, afectando a 10.700 viajeros y, al menos, a 30 trenes. Puente señaló, entonces, que la incidencia se produjo por un robo de cable entre Mora y Urda (Toledo) y lo calificó como «un acto grave sabotaje» que podría ser deliberado, basando sus acusaciones en que quien robó ese cable «sabía lo que hacía» y valor económico era escaso, en torno a los 1.000 euros, pero había ocasionado un gran perjuicio, ya que se produjo en el fin del puente de mayo.

Puente no ha sido capaz de aportar ningún documento que atribuya este suceso a «un sabotaje», ni tampoco «una copia de los informes recibidos sobre el incidente de la Guardia Civil y de los documentos donde aconsejan al ministro solicitar la colaboración ciudadana para el esclarecimiento de los hechos», tal como él mismo pidió.

Respecto de los «motivos por los que RENFE, conociendo la avería, continuó permitiendo la salida de trenes afectando hasta a 11.000 pasajeros y de las razones por las que no se evitó el embarque en trenes que deberían finalmente detenerse», para el ministro Puente no reviste importancia alguna dar a conocer las causas de su fallida gestión. Estaríamos ante lo que califica de «información auxiliar» o «informes internos».

Así consta en un escrito del pasado 4 de junio del Ministerio de Transportes en poder de El Debate, firmado por Ainhoa Morondo, directora del Gabinete de la Secretaría de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible.

La ocultación de unos informes sobre el «acto grave de sabotaje» considerados auxiliares sobre el caos que encerró durante horas a casi 11.000 personas a su vuelta a Madrid, entre ellos al Vicesecretario General de Economía del Partido Popular Juan Bravo, habrían servido de base para sus declaraciones posteriores.

Las pesquisas de la Guardia Civil y las posteriores detenciones demostraron que se trataban de ladrones expertos en el robo de cobre, pues detuvo a dos personas especializadas en el robo de tendido eléctrico, echando por tierra el argumento de Puente y poniendo de manifiesto la falta de seguridad existente en la red ferroviaria que, a su vez, genera un enorme perjuicio para los usuarios.

Puente prohíbe la difusión

El Ministerio no niega la existencia de informes al respecto de lo ocurrido el pasado 4 de mayo, sino todo lo contrario. Explica que «el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Orgaz (Toledo) instruye diligencias acerca de la sustracción de cable registrada el pasado 4 de mayo en la línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla a raíz de la denuncia formulada por la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)».

De hecho, reconoce que la compañía ya ha aportado «la totalidad de la información de que disponía, así como una valoración preliminar de los daños y perjuicios ocasionados», aunque seguirán siendo secretos, ya que hacerlos públicos podría suponer un «riesgo para la prevención, investigación y sanción de ilícitos penales, administrativos o disciplinarios», según explica el Gobierno en su escrito.

El PP exige la comparecencia de Puente por el caos

De esta manera, Puente da carpetazo al asunto negándose a informar acerca de un suceso que dejó a miles de personas varadas en medio de la nada en plena operación retorno del puente de mayo, algo que se sigue repitiendo una y otra vez, ya que, por diversas causas, las incidencias en la alta velocidad española no dejan de sucederse, mientras el Gobierno se mofa con una campaña publicitaria para tapar sus vergüenzas.

Por ello, el Partido Popular ha registrado una petición urgente para que Puente comparezca, tanto en el Senado como en el Congreso, para que dé explicaciones de lo que considera un «caos ferroviario», pues los españoles pagan «cada vez más impuestos», pero los servicios que ofrece el Estado son «cada vez peores».

De hecho, los ferrocarriles españoles no paran de registrar incidencias, pues a las ya citadas de los meses de mayo y agosto, se pueden ir añadiendo innumerables retrasos, muchos de ellos en el entorno de la comarca de La Sagra.

Por ejemplo, el 12 de julio, en plenas vacaciones, centenares de personas sufrieron las consecuencias de las averías, repitiéndose la situación que se había vivido solo dos semanas antes, cuando un fallo de tensión en la catenaria  volvió a cortar el tráfico ferroviario afectando a miles de pasajeros, pues además de los cinco trenes que sufrieron el problema de lleno, hubo retrasos en todas las vías. Una tónica habitual que no deja de repetirse pese a que el ministro insista en que «el tren vive en España el mejor momento de su historia».

Los silencios de Puente para rendir cuentas con respecto al caos ferroviario o su tendencia a negarlo o a cargárselo a acciones de sabotaje contrasta con su celeridad para culpar a rivales políticos hasta en las circunstancias más adversas.

En la epidemia de incendios que asola España, por ejemplo, no ha dudado en hacer bromas macabras sobre el fuego en Castilla y León para atacar al presidente de esa Comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, o contra el de Andalucía, Juan Manuel Moreno, a quienes acusó de «estar de farra» mientras se producía una desgracia en sus tierras.

En realidad, ambos se ocuparon personalmente de sus respectivas crisis mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tardó más de una semana en abandonar sus vacaciones en La Mareta y personarse en una de las zonas afectadas por el fuego.

El historial de desprecios de Puente empieza a ser ya ilimitado, e incluye a adversarios políticos, a periodistas e incluso a jefes de Estado como Javier Milei, al que acusó de consumir sustancias estupefacientes, provocando con ello una crisis diplomática con Argentina que aún hoy perdura.

Tampoco ha mantenido el respeto institucional con Isabel Díaz Ayuso en incontables ocasiones, ignorando sus quejas por los sistemáticos retrasos en las Cercanías madrileñas o en los AVE de Atocha y acusándola, sin más, de «cuñadez».