«Un autónomo que gana 60.000 euros paga 20.000 menos en Andorra que en España»

La pandemia trajo consigo una reflexión colectiva: ¿tiene sentido invertir dos horas diarias desplazándonos a la oficina? ¿merece más la pena una vida en la naturaleza aun manteniendo la conexión 5G? Se despertaron antiguos anhelos en torno al mundo rural que impulsaron el éxodo de muchos hacia lugares donde el tomate sabe a tomate. Los hubo que, en cambio, basaron la búsqueda de un nuevo lugar donde vivir en base a la permisividad fiscal. La crisis del coronavirus, el trabajo en remoto y las sucesivas subidas de impuestos han hecho que muchos españoles vean bucólicos los entornos de baja tributación. En este contexto, Andorra se ha convertido en lugar preferente.

La dupla de montañas de los Pirineos y un IRPF hasta un 40 % menor que el aplicado en España (en un escenario donde el IVA se mueve al 4,5 %) han conquistado el corazón –y el bolsillo– de 20.699 españoles residentes, lo que se aproxima a casi un tercio de la población total –la misma que, al término de 2024, registró cifra récord tras un incremento del 2,3% en relación con el año anterior–.

Laia Bassols, fiscalista socia de WIT Andorra, define los tres pilares sobre los que se sostendría el modelo fiscal andorrano: impuestos moderados, reglas fiscales estrictas y transparencia internacional. Una combinación que ha logrado convertirlo en «un sistema competitivo y atractivo, sin poner en riesgo la sostenibilidad del país».

A fecha de hoy, su presión fiscal se sitúa en torno al 27,5% del PIB (similar a la de Suiza o Irlanda) frente al 38% que recae sobre España. «Hablamos de un modelo muy pragmático protagonizado por una estabilidad presupuestaria y un simplificado sistema tributario que no compromete garantizar la solidez del Estado de bienestar», puntualiza Bassols. De hecho, su sanidad está respaldada por una elevada ratio médico/habitante y unos tiempos de atención ágiles.

Andorra ofrece «un sistema competitivo y atractivo, sin poner en riesgo la sostenibilidad del país»

La brecha fiscal entre ambos territorios se entiende mirando la factura de Hacienda. Andorra fija un IRPF que se detiene en un máximo del 10 %, exime de pagar a quienes ingresan menos de 24.000 euros y no contempla impuesto sobre el Patrimonio ni de Sucesiones y Donaciones. España, en cambio, aplica un sistema progresivo que empieza en un 19 % –y pudiendo superar el 50 % si la comunidad autónoma se lo propone–. Así, los impuestos en Andorra parecen diseñados para retener talento, mientras que en nuestro país se convierten en una oda a la redistribución que muchos prefieren escuchar desde el otro lado de los Pirineos. «El resultado práctico es contundente: las familias y las empresas retienen una parte mucho mayor de sus ingresos y patrimonio, lo que convierte al Principado en un polo de atracción para residentes, negocios y capital internacional», subraya la directiva del despacho boutique.

Paraíso ¿vital?

La mudanza de los creadores de contenido ha sido la que más decibelios ha registrado, pero son centenares los grandes patrimonios, ciclistas, corredores de MotoGP, jugadores de póker, profesionales del marketing online, traders o criptoinversores que ya han optado por instalarse en este pequeño enclave. No obstante, no todos los que hacen las maletas encuentran el mismo premio, porque Andorra no siempre compensa como destino fiscal. El ciudadano medio, cuya renta ronda los 30.000 euros, apenas arañaría entre 4.000 y 5.000 euros de diferencia, «cifra que desaparece velozmente entre alquileres disparados, productos importados y el siempre infravalorado sacrificio personal de cambiar de país».

Los expertos suelen marcar la frontera en los 50.000 o 60.000 euros de ingresos anuales. Por debajo, el cambio pierde atractivo neto; por encima, empieza la fiesta fiscal. Los grandes patrimonios, las rentas abultadas y los perfiles digitales con movilidad real son quienes realmente sacan partido. También el autónomo si gana 60.000 euros al año: «podría ahorrar más de 20.000 entre las montañas». No obstante, youtubers como The Grefg juegan en otra liga. Aquí pagaría algo más de 2,9 millones, mientras que en Andorra esa cifra se queda en unos 650.000 euros.

Comunidad tensionada

Todo este magnetismo fiscal tiene sus efectos colaterales. La llegada de capital extranjero y de residentes con alto poder adquisitivo ha tensionado el mercado de la vivienda. El alquiler de contratos nuevos supera ya los 20 euros por metro cuadrado – «prácticamente el doble que en contratos antiguos» –, lo que ha convertido el acceso a la vivienda en un problema central para la clase media local. La percepción social es ambivalente: por un lado, se reconoce que los nuevos residentes aportan inversión, empleo y dinamismo económico; por otro, se les atribuye el encarecimiento del coste de vida y un riesgo de especulación inmobiliaria. A este respecto, Bassols aclara que «la inversión extranjera inmobiliaria creció un 25,8 % hasta alcanzar 378 millones de euros y un ticket medio cercano a los 700.000 euros».

«El efecto frontera se está reconfigurando a medida que ambos países ajustan sus normas fiscales». En nuestro país, el camino ha sido endurecer la presión sobre las grandes fortunas. El Impuesto de Solidaridad a patrimonios superiores a tres millones, vigente desde 2023 y ya prorrogado, grava entre el 1,7 % y el 3,5 % anual. «A ello se suman subidas en el IRPF alto, mayores cargas a dividendos y plusvalías y un control mucho más estricto». La AEAT cruza datos con Andorra y vigila de cerca los traslados ficticios. En base a los datos que se manejan, el abuso fiscal de las multinacionales y el coste de la huida fiscal de los grandes patrimonios representó el 0,7 % del PIB en 2024.

En Andorra, la fiscalidad baja resiste, pero con matices. «El país exige ahora invertir al menos 600.000 euros para lograr residencia pasiva, grava con un nuevo impuesto a los no residentes que compran vivienda e introduce ajustes en IRPF y Sociedades para frenar la especulación. El objetivo es claro: seguir atrayendo capital y talento, pero filtrando perfiles y atajando problemas internos como la crisis de vivienda», aclara la socia.