Yolanda Díaz rechaza más del 90 % de las propuestas de empresas y universidades para el Estatuto del Becario pese a presumir de diálogo social

Este martes se cumplen 823 días desde que Yolanda Díaz firmara el conocido como Estatuto del Becario con los líderes de CC.OO. y UGT. Más de dos años en los que el Ministerio de Trabajo no ha logrado llevar el documento al Consejo de Ministros, tras tener que hacer frente a una importante oposición tanto por parte de los empresarios como de los rectores y algunas asociaciones de estudiantes.

Aunque Díaz consiguió que la Comisión Delegada de Asuntos Económicos (CDAE) diera el visto bueno el pasado 21 de julio, el anteproyecto no ha ido todavía a Moncloa. Tampoco está previsto que se aborde este martes, según confirman a El Debate fuentes conocedoras, en un Consejo de Ministros que pese a todo tendrá un marcado carácter económico dado que aprobará una mejora de las perspectivas de crecimiento de la economía española en el marco de la actualización del cuadro macroeconómico.

A pesar de que la exposición de motivos del anteproyecto, denominado ahora Ley del Estatuto de las personas en formación práctica no laboral, celebra que se han incorporado «un importante conjunto de propuestas tanto empresariales como sindicales», la valoración de observaciones que acompaña la norma –a la que ha tenido acceso este periódico– muestra que se han dejado fuera el 94 % de las aportaciones de empresarios, particulares, rectores y universidades a la misma.

De un total de 347 propuestas de Trabajo solo se ha abierto a incorporar, total o parcialmente, una veintena. De ellas, solo una en el trámite de consulta previa, de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) precisamente para eliminar la mención, en el título de la norma, a que las prácticas se hicieran únicamente en empresas.

En este trámite, sin embargo, Trabajo dio carpetazo a las observaciones de la Federación Nacional de Empresas de Instalaciones Eléctricas, Telecomunicaciones y Climatización de España (Fenie), la Conferencia de Consejos Sociales Universidades Españolas , la Universidad Internacional de La Rioja, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan), la Confederación Nacional de la Construcción (CNE) o la asociación de pymes catalana Pimec.

El rechazo a las aportaciones de empresas y universidades también es patente en la valoración de las observaciones recibidas en el trámite de audiencia e información pública del anteproyecto. De 252 Trabajo solo se planteó incorporar diecinueve, muchas de ellas repetidas o referentes a errores técnicos o de nomenclatura.

Entre las más relevantes, el departamento de Yolanda Díaz aceptó ampliar el límite de créditos ECTS para las prácticas curriculares o extracurriculares en un máster de 25 a 33; con un límite del 25 % del total de los créditos ECTS de la titulación. Además, también validó que, como pedían los rectores, la entrada en vigor se produzca a partir del siguiente curso académico a la publicación de la norma en el BOE.

Por el contrario, Díaz no incorporó ninguna de las ocho observaciones de la Confederación Nacional de Pymes (Conpymes) y solo dos de las 37 presentadas por CEOE y Cepyme –referidas a la ampliación del límite de créditos ECTS–, las cuales además ya había aceptado incorporar a petición del Consejo de Estudiantes de Oviedo.

De hecho, aunque Trabajo reconoce a uno de los planteamientos de CEOE y Cepyme que el trámite de consulta pública y de audiencia e información previa «permite la participación de todos los interlocutores sociales», viene a enterrar buena buena parte de las propuestas de ambas patronales con el argumento de que «falta concreción» o «no es el objeto de la norma».

Una supuesta «práctica extendida»

Trabajo defiende que el documento es necesario para acabar con el limbo legal en el que hasta ahora viven quienes realizan prácticas no laborales. Y argumenta que el fenómeno de los «falsos becarios» se han convertido «en una práctica extendida», con 1.598 casos detectados por la Inspección de la Seguridad Social entre 2021 y 2023.

Una cifra que en cualquier caso no se antoja elevada si se compara con los datos Trabajo afloró en febrero, tras aprobar la obligación de que los becarios tengan que cotizar. Solo el año pasado hubo cerca de 250.000 becarios remunerados dados de alta en la seguridad social, y otros 944.547 dados de alta que no recibieron remuneración.

El texto contempla multas de hasta 225.000 euros

El texto establece además un nuevo régimen sancionador, con multas que van desde los 70 a 150 euros para las infracciones leves hasta los 225.018 euros para las sanciones graves. Estas últimas se aplicarán si se detecta que ha habido discriminación a los becarios o un trato desfavorable tras una reclamación efectuada en la empresa.

La nueva normativa deberá –tras ser aprobada por el Consejo de Ministros– recibir el visto bueno del Congreso y el Senado, algo que no se antoja fácil tras el reciente varapalo del Congreso a otra medida estrella de Díaz, la reducción de la jornada laboral.