Naufraga la última promesa de Sánchez sobre vivienda antes de su estreno: ni sus socios se fían de él

La credibilidad del presidente del Gobierno parece haber tocado fondo. Aprovechando la reunión interparlamentaria del PSOE, Pedro Sánchez anunció una ayuda de «casi» 30.000 euros para jóvenes para que accedan a alquileres con opción a compra. Pero esta vez, la respuesta no solo la ha encontrado en la bancada ‘popular’: sus propios socios de Gobierno han calificado la promesa de «brindis al sol».

Apenas una hora después del anuncio de Sánchez, Sumar salió en tromba contra una «medida estética», según palabras de Lara Hernández, coordinadora general del partido. Poco después, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, advirtió de que las ayudas «son transferencias directas al bolsillo de los caseros». El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, la calificó de «gasolina al fuego», mientras que los responsables de Sanidad y Consumo, Mónica García y Pablo Bustinduy, apuntaron a que «acabaría subvencionando a caseros». Tampoco los sindicatos se mostraron satisfechos.

Si bien es cierto que la estrategia de la formación y de los citados ministros es intervenir los precios, la rapidez en la respuesta hace sospechar que le tenían ganas al presidente del Gobierno, especialmente tras el escaso interés mostrado por el PSOE durante la tramitación de la fracasada reducción de jornada. Además, los anuncios de vivienda del presidente suelen tener mala acogida entre el sector más radical del Ejecutivo por los constantes incumplimientos del presidente, como ocurrió con el bono joven.

«Los anuncios de Sánchez siempre suenan muy bien, pero luego no llegan o lo hace mal», critica Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructura. «Ya ocurrió con el ingreso mínimo vital (IMV), que no ha llegado ni a la mitad de los potenciales perceptores, mientras que a otros se le está exigiendo que lo devuelvan por error de la Administración», añade.

El ‘popular’ no va desencaminado: en su última opinión sobre el IMV, la AIReF reveló que el 55 % de los hogares que podrían recibir la ayuda no la han solicitado, cifra que asciende al 72 % en el caso aquellos que podrían pedir el complemento de ayuda para la infancia. Para colmo, esta institución también observó que la ayuda está desincentivando el empleo apenas cinco años después de su aplicación.

Pero es en vivienda donde Sánchez ha lanzado más promesas incumplidas, motivado quizá es que se ha convertido en la mayor preocupación de los españoles, según el CIS. A pesar de los anuncios de inversión millonaria realizados por el presidente, en 2024 apenas se ejecutó el 7,2 %, porcentaje que en los siete primeros meses del 2025 se sitúa en el 6,6 %.

En paralelo a este tijeretazo, el líder del Ejecutivo prometía la movilización de 184.000 viviendas públicas y de alquiler asequible. Desde ese anuncio, apenas se han entregado un 5,5 % del total, y la mayoría proceden de la Sareb. Meses después, en diciembre de 2024, anunció la creación de «una gran empresa pública», encargada de construir y gestionar viviendas. De este asunto, poco se sabe.

Sin embargo, hay un asunto que provocó especial indignación entre sus socios de Gobierno: el bono social al alquiler. Anunciado a bombo y platillo tras la manifestación organizada por el sindicato de inquilinos en Madrid, molestó particularmente a la formación de Yolanda Díaz. Por un lado, el presidente hacía suya una medida recogido en el acuerdo de Gobierno y, por otro, suponía «hacerle un bizum de dinero público a los caseros», como lo definió Íñigo Errejón.

Las «esperancitas» de Sánchez

Ahora, con la ayuda de los «casi» 30.000 euros para el alquiler, Sánchez vuelve a las andadas. Apenas se saben detalles más allá de que será para jóvenes de entre 18 y 35 años con un límite máximo de renta y que estará supeditado a que se dedica a la residencia habitual con opción a compra.

Para el CEO de Alquiler Seguro, David Caraballo, estas iniciativas recuerda a lo que llama «las esperancitas» en materia de vivienda: políticas basadas en anuncios llamativos y ayudas puntuales que acabaron siendo un fracaso. «Hoy vemos el mismo error: medidas aisladas, más pensadas para lanzar titulares que para aumentar realmente el parque de vivienda asequible. Sin más oferta y seguridad, ningún incentivo funcionará», apunta.

Bravo coincide al respecto. «La principal medida para bajar el precio de la vivienda es aumentar la oferta. Eso exige liberalizar suelo, agilizar los trámites urbanísticos que hoy duran quince o veinte años, y aprovechar el suelo público disponible. Además, hay que simplificar la burocracia, fomentar la colaboración público-privada y dar seguridad jurídica para que vuelvan al mercado los miles de pisos que hoy están fuera del alquiler por culpa de la ley de vivienda», explica.

El dirigente popular también insiste en la necesidad de abordar el problema desde la fiscalidad con una rebaja impositiva ligada a la vivienda que «tendría un efecto inmediato en la reducción de costes y, por tanto, en los precios».

Falta de credibilidad

Pero más allá de las recetas técnicas, Bravo centra su crítica en la falta de credibilidad del presidente. «El problema de este Gobierno y de Sánchez es que diga lo que diga, ya nadie le cree. Ha anunciado miles de viviendas que no se han construido, una agencia pública que no existe y una ley de vivienda que solo ha encarecido el mercado. Todo son anuncios políticos y estratégicos, sin fondo real», concluye.

Lo cierto es que este anuncio reconoce implícitamente que la ley de vivienda ha sido un completo fracaso. La entrada en vigor de dicho texto ha provocado la huida masiva de propietarios, tensionando aún más un mercado del alquiler que cada mes registra nuevos máximos. Mientras tanto, las familias españolas tienen cada vez más problemas para acceder a una vivienda.