La dana, la catástrofe más cara de la historia reciente, hizo que en 2024 se duplicaran los costes por desastres naturales

Las lluvias torrenciales han vuelto a poner a la península contra las cuerdas. La borrasca ex-Gabrielle ha hecho que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) active el nivel máximo de alerta, el rojo, que implica «peligro extraordinario» y «riesgo extremo» en varias regiones donde esperaban acumulaciones superiores a 250-300 litros por metro cuadrado en pocas horas.

A un mes del aniversario de la dana, el litoral mediterráneo vuelve a verse golpeado. Carreteras cortadas, barrios inundados, servicios públicos suspendidos… se reviven estampas más familiares de lo que nos gustaría. España opera bajo una nueva normalidad climática que exige cambiar el enfoque: adaptar infraestructuras, economía y normativa para que los miles de millones que hay que pagar por desastres no se conviertan en deuda social permanente.

No se trata de un problema de futuro; de hecho, los impactos físicos ya son medibles y la economía española maneja estimaciones ciertamente fiables, aunque cautelosas, sobre el precio a pagar por no reaccionar con tiempo y resiliencia a los desastres climáticos. «Las sequías, las inundaciones y el calor extremo ya cuestan miles de millones y merman el nivel de productividad a nivel nacional», asegura el economista y consultor estratégico Xavier Gastaminza.

La volatilidad es evidente —hay años más duros y otros más suaves—, pero la dirección está marcada y las repercusiones son mayores cada temporada. Europa ofrece la foto de conjunto: 738.000 millones de euros en pérdidas acumuladas desde 1980, según datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente.

Una política industrial

A nivel nacional, «2023 dejo un coste récord que el siguiente ejercicio pulverizó duplicando los costes de los daños», afirma Gastaminza. La factura del cambio climático aumenta anualmente y las cifras que se registran ponen de manifiesto la dirección que el timón debería estar tomando. La DANA a finales de 2024 costó 4.800 millones de euros. Se trata de la catástrofe más cara de la historia reciente. Un año antes, el Observatorio de Catástrofes de la Fundación AON registraba 4.450 millones en los daños acontecidos solo en 2023, un salto respecto a ejercicios previos que anticipaba lo que estaba por venir.

Las cuentas siguen creciendo en tanto en cuanto solo se contempla la cobertura ex post: «invertir en resiliencia ha dejado de ser un gesto verde: es política industrial, ahorro público y seguro de crecimiento», sentencia el consultor. «Adaptar es ganar competitividad: reduce volatilidad de caja en empresas expuestas, baja el coste de capital dado un menor riesgo físico, multiplica empleo cualificado y eleva la calidad de vida urbana (menos golpes de calor, menos cortes y atascos por lluvias…). España, cuyo tejido productivo depende en gran medida del turismo, la agricultura, la logística y la costa, se juega ventajas estructurales».

La sequía arrastra 1.500 millones al año solo en nuestro país y podría rozar los 5.900 millones con un calentamiento por encima de los cuatro grados, lo que supondría casi medio punto del PIB. Los daños fluviales ya suponen 451 millones anuales y subirán a 528 millones con tres grados más. El litoral, hoy con pérdidas de unos 100 millones, se juega hasta 10.000 millones en 2100 si no hay adaptación. Y el calor extremo erosiona otro frente: la productividad laboral, con un recorte potencial de hasta el 3,2% del PIB en escenarios sin medidas.

La salida no es retórica y la evidencia es contundente: «prevenir 24 horas antes rinde más que cualquier póliza, reduciendo los daños hasta un 30%». Las alertas multirriesgo muestran ratios beneficio–coste de 1:9. Adelantarse no solo es rentable, sino que multiplica por diez la inversión. En concreto, el economista cifra en un 0,3% y 0,6% el porcentaje de PIB anual a dedicar en materia de prevención «especialmente relevante si hablamos de infraestructura resiliente».

Hoy en día, España opera bajo el Programa de Trabajo 2021-2025 del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC), el cual establece el marco de referencia de los esfuerzos públicos frente al calentamiento global. Gastaminza afirma que la respuesta se encuentra en cinco frentes: agua inteligente (digitalización y modernización de regadíos), costas híbridas que combinen diques y naturaleza, ciudades «esponja» con sombra y drenaje sostenible, redes críticas reforzadas y un sistema universal de alertas tempranas. «Son inversiones con alto ROI: evitan pérdidas, protegen población y activos y abaratan las primas de seguro».

Trabajar en estas líneas requiere financiación clara y previsible, priorizando proyectos según criterios coste-beneficio y capital tanto público como privado, ya que la Administración define la necesidad, pero son las empresas las que aportan la tecnología, la gestión y el dinero. «Todo ello vendría acompañado de fórmulas más innovadoras como los bonos de resiliencia emitidos por las administraciones o seguros paramétricos que equilibren riesgos», destaca el consultor, que también aconseja exigir test de riesgo físico en cualquier obra pública y licencia urbana.

Reparar sale más caro que prevenir y los ejemplos internacionales demuestran que la adaptabilidad funciona cuando se convierte en política de Estado y obra tangible. Países Bajos maneja un marco de financiación plurianual blindado por ley que impulsa su protección frente a mareas y crecidas. Tokio apostó por ingeniería a gran escala. Su sistema subterráneo G-Cans, un megadrenaje que desvía las crecidas hacia depósitos gigantes, ya ha evitado pérdidas valoradas en más de 150.000 millones de yenes.

En Europa, Copenhague optó por otra vía: tras una tormenta que dejó 800 millones de euros en daños, aprobó un plan «cloudburst» de 1.500 millones basado en parques inundables y superficies permeables. Hoy es modelo mundial de «ciudad esponja». No hay espacio para la duda: España tiene margen para inspirarse.