El mito del abuso de la temporalidad y la trampa de la estabilización en la Habilitación Nacional

Hoy, 7 de octubre de 2025, son varias las asociaciones y sindicatos que se concentran en Madrid frente al Congreso de los Diputados para reclamar soluciones ante el «abuso de temporalidad» en la función pública española. Lo preocupante no es la propuesta en sí, sino el discurso que se repite sin apenas cuestionamiento: la idea de que la mera duración de una interinidad justifica la transformación automática de ese vínculo en un puesto fijo. Un relato seductor, sí, pero falto de rigor.

En los últimos años se ha instalado una narrativa según la cual miles de empleados públicos interinos estarían atrapados en una suerte de limbo laboral, víctimas de un sistema que abusa de su temporalidad. Como todo relato eficaz, este contiene elementos de verdad: es cierto que muchas administraciones han acumulado interinos durante largos periodos. Pero la conclusión que se extrae –que la única salida justa y legítima es la consolidación de esos puestos sin oposición– es, cuando menos, cuestionable.

Conviene recordar que el acceso al empleo público en España se basa en los principios de igualdad, mérito y capacidad. No es una fórmula vacía: es la garantía de que quien accede a un puesto lo hace en condiciones objetivas, no por permanencia, ni por lealtad, ni por simple desgaste. Transformar una situación de interinidad prolongada en un derecho a la fijeza sin tener en cuenta las circunstancias concurrentes en cada caso supone desvirtuar ese modelo, traicionar a la sociedad en su conjunto y, en particular, faltar al respeto a quienes se están sacrificando para obtener la plaza a base de estudio y constancia por los cauces legalmente establecidos.

Particularmente llamativo es el caso de la Habilitación Nacional –Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local–, donde el argumento del «abuso» se sostiene con alfileres. Hay muchas vacantes, sí, pero también ha habido muchas convocatorias en los últimos años. Durante más de una década se han ofrecido miles de plazas –más de 5.000– de forma continua, con procesos selectivos anuales abiertos a todos los aspirantes, incluidos los interinos. Algunos las han superado, muchos no. ¿Dónde está, entonces, el abuso estructural?

Ya la Ley 20/2021 abrió la puerta a procesos de estabilización excepcionales, pero incluso con requisitos atenuados, muchos aspirantes no lograron superar las pruebas. ¿Qué mensaje transmitimos si ahora planteamos que también eso es insuficiente? ¿Qué tipo de función pública construimos si el acceso al empleo público se convierte en una cuestión de tiempo y de presión al político de turno?

En este contexto, hablar de abuso de temporalidad en términos generales y sin matices no ayuda a resolver el problema. Al contrario, consolida una narrativa victimista que elude el verdadero debate: España necesita una función pública sólida, imparcial y bien formada. Renunciar a los principios que la sustentan para contentar a colectivos organizados de interinos es, además de injusto, peligroso. Las soluciones, si las hay, deben pasar por reformas estructurales, no por atajos populistas. La fijeza no es un derecho automático, ni una recompensa al paso del tiempo. Es, o debería ser, el resultado del mérito. Y eso, en una sociedad democrática, no debería ser negociable.

No se trata, por supuesto, de cuestionar la valía individual de quienes han trabajado como interinos. Hay, sin duda, profesionales competentes entre ellos. Pero el reconocimiento de esa competencia debe acreditarse por los cauces establecidos, no por el desgaste ni por la mera permanencia.

Lo que debería preocuparnos no es cuántos interinos se quedan sin plaza, sino cuántos ciudadanos son atendidos por administraciones donde la selección del personal ha dejado de ser sinónimo de excelencia.