El PSOE dejó fuera a los partidos políticos de su cerco al efectivo

El PSOE estrechó el cerco sobre el efectivo en 2021. De hecho, impulsó en el Congreso limitar a tan solo mil euros los pagos en efectivo en los que participen empresas o profesionales, con una modificación de la ley de prevención y lucha contra el fraude fiscal de 2012. Sin embargo, dicha limitación dejó fuera a los partidos políticos.

La persecución del PSOE contra el metálico, muy criticada por autónomos y pequeños empresarios, ha vuelto a cobrar relevancia tras conocerse, a través de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) que el partido habría pagado en efectivo al ex secretario de organización José Luis Ábalos hasta 95.000 euros, 20.799,40 de ellos destinados a gastos «personales». También el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reconocido esta semana que habría recibido pagos en efectivo, afirmando que «es legal».

Sánchez precisó específicamente, en una entrevista en la Cadena SER, que los pagos en efectivo se corresponderían con liquidaciones de gasto, «como de una comida o de un viaje».

La limitación de mil euros se aplica cuando una de las partes «actúe en calidad de empresario o profesional». Y aquí está el resquicio, dado que según la Ley Orgánica de financiación, los partidos políticos quedan excluidos de las limitaciones de la ley antifraude, según explican desde el sindicato de técnicos del ministerio de Hacienda, Gestha.

«Los partidos políticos no están sometidos a la limitación a los pagos en efectivo de la ley antifraude cuando liquidan gastos», afirman los técnicos de Hacienda, que consideran que «un partido político no puede actuar como empresario o profesional por tener prohibida la realización de cualquier actividad mercantil».

Otra cosa es que este dinero no deba ser auditado de forma interna, mediante un sistema de control interno que asegure la trazabilidad de los fondos y disipe dudas sobre su origen. Estos fondos puede proceder de donaciones pero también de subvenciones y aportaciones de los grupos parlamentarios en las cortes, o en los Parlamentos autonómicos, o en los ayuntamientos. También de préstamos bancarios, pero en ningún caso de actividades mercantiles.

De 2.500 a 1.000 euros

A excepción de este supuesto, los pagos en efectivo llevan limitados en España desde el 19 de noviembre de 2012, cuando se impuso un límite de 2.500 euros. Nueve años después, ya en 2021, el PSOE pidió en el Congreso «la eliminación gradual del pago en efectivo, con el horizonte de su desaparición definitiva», pocos meses antes de impulsar la limitación vigente de mil euros.

La actual redacción de la ley contra el fraude fiscal fue aprobada por el Consejo de Ministros el 13 de octubre de 2020, con Sánchez en Moncloa y Ábalos como ministro de Transportes y secretario de organización del PSOE. En el Congreso la respaldaron, además de los socialistas, Unidas Podemos, Ciudadanos, el PNV, el PDeCAT y el Partido Regionalista de Cantabria (PRC).

Los socialistas defendieron entonces la limitación del efectivo al asociar los pagos en metálico con el dinero negro, en un contexto, el de la pandemia, en el que la ciudadanía giró masivamente hacia el pago con tarjeta u otras opciones digitales. Pese a esta postura, Sánchez cuestionó ahora en su entrevista en la SER que sea el PP quien «confunde el dinero negro con dinero en efectivo».