Las viviendas mal aisladas suponen un sobrecoste de 500 euros al año

Europa avanza hacia un patrimonio inmobiliario totalmente descarbonizado de aquí a 2050. No prohibirá vender o alquilar viviendas con bajas etiquetas energéticas, como se ha oído en algunos foros, pero sí actualiza el marco regulador –volviéndose más ambiciosa en la lucha climática, aunque dejando hacer y deshacer a sus miembros–. Serán ellos mismos los responsables de definir su propia hoja de ruta para reducir el consumo medio de energía en el sector residencial.

Ante este escenario, España se encuentra en clara desventaja. Estamos acostumbrados a cerrar las listas, aunque podríamos acabar agradeciendo ese puesto si el tiempo convierte en primeros a los últimos. Concretamente, ocho de cada diez viviendas rehabilitadas continúan sin priorizar la eficiencia energética ni la descarbonización, tal como revela el Observatorio de la Rehabilitación Eléctrica de la Vivienda en España (OREVE) y el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE). La cifra refleja una considerable distancia entre la ambición europea y la realidad del parque inmobiliario nacional, donde el aislamiento deficiente y las instalaciones obsoletas siguen presidiendo los vecindarios.

Porque lo vintage también está de moda fuera de la propia industria textil e, incluso, en contextos donde la renovación es clave para integrar energías renovables, favorecer el almacenamiento distribuido y garantizar la seguridad de la población. Lo retro puede tener encanto en la decoración, pero no en las instalaciones eléctricas. Aun así, nuestro país no parece que tenga prioridad alguna en elevar los estándares.

«Avanzamos más lentamente que la media en la mejora del aislamiento de viviendas. Solo un 9 % de los hogares ha realizado mejoras, frente al 14 % del Viejo Continente», afirma Guillermo Muñiz, director comercial de Sto Ibérica, desde donde insiste en la urgencia de progresar dado «el enorme potencial de ahorro».

Las viviendas españolas consumen más del 20 % de toda la energía nacional y casi el 58 % de los edificios se construyeron sin ninguna normativa de eficiencia energética. Este déficit puede provocar derroches energéticos de hasta un 30 % a través de techos, paredes y suelos. Es decir, buena parte del calor en invierno y del frescor en verano se desvanecen sin aprovecharse, precisamente en un momento en que la factura del gas y la electricidad alcanza niveles nunca vistos.

Aislamiento ante el despilfarro

El Informe sobre el Estado de la Unión de la Energía 2024 calcula que el 20,8 % de los hogares (el doble de la media europea) no pudieron mantener su vivienda a una temperatura adecuada el invierno pasado. La ineficiencia térmica eleva el nivel de endeudamiento y baja la calidad del bienestar cotidiano, alimentando un círculo vicioso de desigualdad y precariedad energética. La ausencia de aislamiento adecuado en una vivienda de 90 m² puede generar un gasto extra anual superior a 500 euros, «lo que equivale a más de 15.000 euros en 30 años», matiza Muñiz. Un coste silencioso, pero sostenido.

No hablamos, por tanto, de un problema meramente técnico, sino de una realidad que evidencia un rostro social especialmente vulnerable. La aproximación del Green Building Council España es reveladora: una rehabilitación energética completa puede reducir hasta un 60 % la factura doméstica. «Una inversión media, entre 20.000 y 50.000 euros, puede amortizarse en unos 15 años», destacan en Sto Ibérica.

España tiene ante sí una doble urgencia: aislar y electrificar su stock residencial. Sin embargo, la mayoría de las actuaciones se limitan a abrillantar la superficie: cambiar las ventanas o pintar la fachada se asumen como reformas suficientes. «El verdadero reto está en generar un cambio cultural que haga ver la rehabilitación como una inversión necesaria, no como un gasto opcional», señala el director.

Se trata también de una cuestión de valor patrimonial y de oportunidad. Un estudio del Banco de España confirma que la eficiencia energética influye en el precio de las viviendas. Los inmuebles con mejor calificación (CEE A o B) se venden de media hasta un 9,7 % más caros que los de menor eficiencia (CEE F o G).

En paralelo, las hipotecas verdes comienzan a consolidarse en la banca española, con tipos de interés más bajos y condiciones preferentes para quienes compren o rehabiliten viviendas sostenibles. Las entidades financieras no han omitido la letra pequeña: la eficiencia no solo reduce el riesgo de impago, también mejora el valor del activo. No hay dudas —y sí evidencias— de que el mercado empieza a trasladar la sostenibilidad del plano técnico al económico.

No obstante, tropezamos con más barreras estructurales además de la presupuestaria. Pese a los fondos europeos y las ayudas del Plan de Rehabilitación, España renueva menos del 0,1 % de su parque habitacional cada año, frente al 2 % que recomienda Bruselas para alcanzar los objetivos climáticos de 2030. Según el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, más de la mitad de los profesionales carece de formación específica en eficiencia energética. A ello se suma una burocracia densa y una comunicación pública insuficiente: seis de cada diez ciudadanos desconocen que pueden acceder a subvenciones para mejorar el aislamiento de su vivienda.

En vista de los datos, necesitamos más ladrillo y menos fuga energética y esto ya no es una cuestión de confort, sino de país.