La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo
Trabajo abre otro conflicto con Economía tras adjudicarse el control de la banca «ética»
El Ministerio ultima un real decreto para clasificar a las entidades financieras según criterios sociales y ambientales
Nuevo roce en el Gobierno de coalición a cuenta del sector bancario. El Ministerio de Trabajo está ultimando un real decreto para definir qué entidades pueden considerares como banca «ética» y cuáles no, una medida –tramitado por la vía de urgencia y sin pasar por el Parlamento– que ha provocado fricciones con el Departamento que dirige Carlos Cuerpo.
Fuentes del Ministerio de Yolanda Díaz reconocen que la tramitación del texto ha generado una disputa con Economía. El real decreto busca establecer un marco jurídico que reconozca y promueva a las entidades que trabajen «desde los principios de transparencia, participación democrática y compromiso social y ambiental».
Según Trabajo, el objetivo es «dar un paso más dentro de la economía social y regular en positivo», promocionando el cooperativismo financiero y la banca ética. El Ministerio sostiene que los ciudadanos españoles tienen derecho a conocer «en qué invierten bancos como el Santander o el BBVA» y reprocha a las grandes entidades que destinen recursos al «negocio de la guerra», a los combustibles fósiles o a actividades que vulneren los derechos humanos.
El decreto fija diez exigencias que deberán cumplirse de forma acumulativa para que una entidad pueda ser reconocida como banca ética. Entre ellas se incluyen la reinversión de al menos el 75 % de los beneficios en la propia entidad o en proyectos de impacto social, la obligación de destinar un 20 % de su actividad crediticia a organizaciones sin ánimo de lucro o de la economía social durante un periodo mínimo de tres años, y la limitación de la diferencia salarial entre el sueldo más alto y el más bajo a una ratio máxima de 7:1.
También se establece la exclusión de financiación a actividades consideradas incompatibles con los principios éticos, sociales y medioambientales, como la industria armamentística, los combustibles fósiles, el juego o la falta de acceso a vivienda asequible. Además, las entidades deberán adoptar modelos de gobernanza democrática y participativa, políticas de igualdad y diversidad, y fomentar la cohesión territorial y la economía local.
El texto contempla, asimismo, que las entidades calificadas como éticas deberán publicar al menos una vez al año una memoria sobre el destino de los créditos y otras actividades financieras realizadas, accesible al público a través de canales digitales.
Las condiciones para ser considerada banca ética
- Reinvertir al menos el 75 % de los beneficios en la propia entidad o en fondos de impacto social.
- Destinar un mínimo del 20 % de la actividad crediticia a organizaciones sin ánimo de lucro o de la economía social durante al menos tres años.
- Limitar la diferencia salarial entre el sueldo máximo y mínimo a una ratio de 7:1.
- Excluir la financiación de sectores como la industria armamentística, los combustibles fósiles, el juego o actividades que dificulten el acceso a vivienda asequible.
- Adoptar modelos de gobernanza democrática y participativa.
- Desarrollar políticas de igualdad de género, diversidad funcional, étnica o social.
- Fomentar la cohesión territorial y la economía local.
- Publicar anualmente una memoria sobre el destino de los créditos y otras actividades financieras, con acceso público en formato digital.
«Visibilizar» a las entidades
El Ministerio explica que el reconocimiento de estas entidades servirá para «visibilizar» a las que actúan de forma ética, de modo que la diferenciación con respecto a la banca tradicional se producirá de forma pasiva, a través del cumplimiento de los criterios establecidos.
La norma se aprobará próximamente en el Consejo de Ministros. Desde Trabajo destacan que España «se sitúa a la vanguardia» en el reconocimiento de las finanzas éticas y sostenibles desde una vertiente institucional y dentro de un marco normativo específico.
