Un trabajador joven, soltero y sin hijos paga casi un 41 % de impuestos

Javier Milei, presidente de Argentina, ha elevado a doctrina la idea de que pagar impuestos equivale a ser expoliado por el Estado. Su mensaje conecta con una parte creciente de la juventud española, cada vez más escéptica ante la gestión de los recursos públicos. Un colectivo que vive en un país donde se soporta un esfuerzo fiscal 13,7 % superior al promedio de la Unión Europea, tal y como recoge el Instituto de Estudios Económicos (IEE).

Entre los menores de 35 años, se impone una corriente de desconfianza hacia las instituciones y una percepción crítica de las cantidades a tributar que empieza a poner en cuestión los fundamentos del Estado de bienestar. Las sucesivas crisis han volatilizado el horizonte compartido de progreso y la creencia de que el esfuerzo abre oportunidades. «El marco fiscal español no actúa como un instrumento de promoción de la movilidad social, sino que tiende a reforzar la brecha intergeneracional», comenta Juanjo García, asesor legal y fiscal en el despacho OC Tax & Legal.

La tributación por sucesiones es testimonial frente a la preponderancia de los impuestos indirectos –que pesan lo mismo sobre todos los bolsillos, pero hieren más a quienes menos tienen–. El régimen deja de ser progresivo tanto por arriba como por abajo: el 1 % más rico acaba pagando proporcionalmente la mitad que el resto de su grupo, mientras que el 20 % con menos ingresos dedica cerca del 30 % de su renta a impuestos al consumo.

Por un lado, los más acomodados aprovechan deducciones y rentas del capital con tipos reducidos; por el otro, los más pobres (estrato donde se mueven muchos jóvenes sin herencia) cargan con una desproporcionada fiscalidad que les deja sin apenas margen para vivir. Esto evidencia que «impuestos altos» no sólo derivan de unas tasas elevadas, sino también de estructuras impositivas que penalizan a ciertos estratos. García asegura que no hay incentivos reales al ahorro ni a la acumulación de patrimonio colectivo y ejemplifica el volumen de las recaudaciones a través de las tasas a pagar al comprar una primera vivienda, el cual «algunas comunidades llegan al 10 % del precio (ITP). Es decir, el Estado se lleva un porcentaje de comisión que triplica el de una inmobiliaria».

«Diversos estudios apuntan que los beneficios fiscales existentes no corrigen las desigualdades, sino que benefician a quienes ya disponen de capacidad económica suficiente para aprovecharlos», contextualiza el también profesor de la Universidad CEU San Pablo. «Se debe reorientar la política fiscal para que favorezca el progreso social y active nuestra economía y no la perpetuación de desigualdades».

Es la verdad incomoda; el elefante en la habitación de un Ejecutivo que, en paralelo, apuesta por ayudas al alquiler. Instituciones como la AIReF y el Banco de España insisten siempre en revisar la calidad de nuestras partidas de gasto y los beneficios fiscales. Paralelamente, la evidencia de la OCDE muestra que mayores cuñas fiscales reducen la participación laboral –y no solo la demanda interna–. «Las nuevas generaciones priorizan liquidez y consumo básico, lo que se traduce en un ahorro mínimo y en una entrada tardía en los mercados financieros. Todo en un país donde, además, pesa una baja cultura financiera», matiza Álvaro Quesada, director de crecimiento de la fintech Lightyear.

Hasta un 40 % de la renta en tributos

En los últimos años, se ha casi triplicado el porcentaje de españoles que creen que todos viviríamos mejor sin impuestos. No obstante, conviene subrayar que los jóvenes no rechazan la carga impositiva en sí misma: la asumen cuando perciben que los servicios públicos funcionan, que existen oportunidades reales de progreso y que su esfuerzo fiscal tiene sentido. El problema aparece cuando nuestros vecinos ofrecen una presión efectiva más moderada y unos servicios públicos de calidad similar o incluso superior.

A escala estatal, la fiscalidad dirigida específicamente a los jóvenes sigue siendo poco más que un mosaico mal ensamblado. Fedea apunta que los núcleos de convivencia cuyo sustentador principal tiene entre 30 y 40 años destinan aproximadamente el 40 % de sus ingresos al pago de impuestos, mientras que los servicios públicos que reciben –como sanidad o educación– apenas compensan un 22 %. En contraste, los mayores de 65 años aportan relativamente poco al sistema: alrededor de un 22 % de sus ingresos, pero reciben prestaciones y servicios cuyo valor oscila entre el 72 % y el 93 %.

Surgen aquí y allá deducciones en el IRPF o pequeños alivios en Sucesiones y Donaciones, pero nada con capacidad real para cambiar un panorama marcado por la precariedad salarial y por un sistema de protección social desequilibrado a favor de los seniors. El déficit contributivo de las pensiones funciona como una grieta que se ensancha cada año, reclamando cantidades crecientes de impuestos generales. Esa absorción continua de espacio fiscal deja menos margen para sostener las políticas que deberían apuntalar el porvenir: una educación capaz de igualar oportunidades, programas de empleo que no se queden en la retórica, apoyos reales a la crianza o inversiones públicas en vivienda, tecnología y transición ecológica. Hay una priorización invertida –el pasado por delante del futuro– cuyas consecuencias habremos de asumir.

El INE visibiliza un dato estructural que ilustra la asfixia: un joven de entre 20 y 24 años percibe alrededor de un 45 % menos que el salario medio nacional. Hablamos de la misma generación que, según Eurostat, dedica un 7,7 % de sus ingresos al pago del IVA, más que cualquier otro grupo de edad. Y, de acuerdo con la OCDE, el coste fiscal total sobre el empleo asciende al 40,6 % para un trabajador joven soltero y sin hijos. Una carga significativa que pocas políticas compensan.

Las cotizaciones y la tributación al consumo (como el IVA) son los talones de Aquiles marca España. Sin embargo, el modus operandi fuera de nuestras fronteras es otro: los pagos se reducen como medida para evitar una fuga de cerebros. «El riesgo es fiscal y social: si los jóvenes se desvinculan (y emigran a países más atractivos, laboral y/o fiscalmente y liderados por una economía más informal), el sistema pierde base, justo al mismo tiempo que el gasto en pensiones sube por envejecimiento», sentencia el asesor.