El debate de las nucleares irrumpe en campaña mientras la electricidad se dispara y la UCO sigue con Acciona

El destino a veces es cruel. El Gobierno se cargó las centrales nucleares justo la semana en que supimos que la inflación creció hasta el 3,1 % en octubre, su mayor nivel desde junio de 2024. El dato, confirmado el pasado viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) achacaba la subida fundamentalmente a la electricidad: un 18,7 %; solo superada –cómo no– por la recogida de basuras (un 30,3 %), los huevos (un 22,5 %), y el café (19,4 %). Pero el aviso y el dato sirve para poco.

El día anterior, Junts –ya les dije que no había que fiarse de las bravatas de Míriam Nogueras–salvó al Gobierno con una abstención que impedía prolongar la vida de las centrales nucleares de Almaraz (Cáceres), Asco I (Tarragona) y Cofrentes (Valencia). 171 diputados en contra y 172 a favor del cierre. Debate ninguno. Mientras Europa –Alemania al frente– se replantea el uso de la energía nuclear, en España seguimos convirtiendo cada ley, cada votación, cada debate en una cuestión visceral preelectoral. Y mientras, la electricidad subiendo. La diputada de Podemos, Noemí Santana, resumía el panorama en pocas palabras: «Lo peor es el intento de hacer revivir el discurso pro nuclear, haciéndonos creer que es una energía moderna. Es cara, peligrosa e injusta». Y ahí acabó la historia.

Eso sí, el coste que vaya a tener para Junts el cierre de Ascó solo será comparable al que seguro que tendrá para el PSOE el de Almaraz. Lo tiene claro hasta Juan Antonio Díaz Agraz, alcalde de la localidad cacereña: «El voto del PSOE por el cierre de la central va a afectar a las elecciones en Extremadura». Lo dice quién gobierna con mayoría absoluta el pueblo más rico de Extremadura. Y es que la prolongación de la vida de las nucleares va a ser, junto con la inmigración, uno de los temas estrella de las próximas campañas electorales. Y no es que ese no deba ser su lugar, pero eludir el debate en plena crisis energética carece de sentido, como también lo tiene el que la subida de la inflación la paguen los consumidores sin que el Gobierno pestañee.

Mientras tanto la vida sigue, y la UCO también. Sin salir del viernes, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registró ese día dos sedes de Acciona en Madrid y Bilbao. Los registros se enmarcan en una pieza abierta por el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente sobre el anterior secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. No fueron los únicos registros. Los agentes también visitaron las instalaciones en Sevilla de dos empresas relacionadas con la trama –Tecade y Freyssinet– donde se incautaron documentación; y también las cooperativas Noran y Erkolan en San Sebastián (Guipuzcoa). Las visitas a las sedes de Acciona provocaron un derrumbe de las acciones de la constructora en Bolsa que perdieron un 7,6 %, aunque en el bajón también tuvieron mucho que ver las proyecciones que el día anterior había hecho la CNMV sobre la marcha de la empresa.

Como se recordará, en la causa abierta contra Santos Cerdán, se incluían obras bajo sospecha por valor de 537,2 millones de euros, y que las mordidas que habían recibido Koldo García y José Luis Ábalos superaban el millón de euros. Las investigaciones del juez del Supremo señalan a obras amañadas no solo en Navarra, sino también en Logroño, Sevilla, Murcia y Barcelona. El común denominador es que todas esas obras fueron adjudicadas a Acciona Construcción que habitualmente acudía a los concursos en UTE con empresas pequeñas. A la vez esos concursos eran ganados a pesar de que la oferta de esas UTE no era la mejor económicamente sino que respondía a valoraciones subjetivas de los tribunales que las decían. Muy al modus Navarrensis.

También hemos conocido por el sumario de Leopoldo Puente que el magistrado pidió a Acciona los expedientes de adjudicación de cinco obras licitadas por Adif y la Dirección General de Carreteras en Logroño, Barcelona, Sevilla y dos en Murcia. Y entre las obras más conocidas figura el proyecto de construcción de tirantes del Puente del Centenario en Sevilla en el que ya quedó claro, por las conversaciones entre Koldo y Santos Cerdán, que tenían un especial interés… por la mordida imagino, no por los tirantes. Tampoco es para menos: la obra supuso 103 millones de inversión y ya el entonces Director General de Carreteras, Javier Herrero, le contó a Koldo el 2 de septiembre de 2020 en uno de los famosos audios que «tenía buenas noticias del centenario de Sevilla». Buenas noticias que se confirmaron meses después –en enero– cuando le volvió a decir a Koldo que la oferta de Acciona «había resultado la más barata sin caer en baja temeraria». Todo muy fino.

También es bueno recordar que sobre estas adjudicaciones Acciona abrió una investigación interna para conocer cuál era el grado de implicación de la empresa. Y aunque es conocido que despidió a Fernando Merino, gerente de la constructora en Navarra, y a Justo Vicente Peligrini, director de Construcción en España, por la presunta responsabilidad en ellas, seguimos sin conocer hoy las conclusiones de esas pesquisas. Lo que está claro es que el juez que las investiga no se ha conformado con ellas pues los registros de esta semana abundan en la búsqueda de información que clarifique el montante de estas operaciones y sus responsables.

Y llaman especialmente la atención en el informe de la UCO dos cosas más. La primera, que ha sido la documentación incautada en junio en Servinabar 2000 S.L., la empresa de Santos Cerdán, la que ha conducido a estas nuevas actuaciones en el llamado Caso Koldo. Y dos, que el registro de la UCO en la sede de Acciona en Madrid tuvo un destino muy claro: el área de construcción y especialmente –los agentes pidieron acceder al ordenador y a todos los dispositivos utilizados por Justo Vicente, el ex director de Construcción en España– los papeles del cesado el pasado mes de junio.

Mientras, los políticos intentando salvarse de la inflación que viene, y la UCO y los jueces a lo suyo. Dos mundos paralelos. Buen retrato de la España que vivimos.