La nueva regulación de las empleadas del hogar deja fuera del sistema a cuatro de cada diez trabajadoras

Hasta 2022, las empleadas del hogar jugaban en desventaja en el terreno laboral, al menos sobre el papel. Ahora, en la práctica, los avances regulatorios que el Gobierno ha llevado a cabo han generado una caída continuada de afiliación. «No puede decirse que la normativa en sí impulse el mercado negro, pero una regulación demasiado rígida o poco adaptada a las posibilidades –económicas y logísticas– reales puede tener efectos no deseados si no se acompaña de medidas de apoyo y simplificación», destaca el presidente de la patronal de empresas de trabajo temporal Asempleo, Andreu Cruañas.

El agujero se cifra en 85.000 trabajadoras del hogar desaparecidas de los registros oficiales en la última década. Alrededor de 340.000 están dadas de alta, a pesar de que la Encuesta de Población Activa apunta a más de medio millón de personas ocupadas. Eso implica que un 40 % estaría en economía sumergida; un porcentaje in crescendo a medida que se elevan las exigencias.

La reforma aprobada aquel 2022 eliminó la figura del desistimiento sin causa, obligó a cotizar por desempleo y al Fogasa (el organismo responsable de garantizar salarios e indemnizaciones cuando un empleador se declara insolvente) y trasladó a los hogares empleadores todas las gestiones de alta y cotización, incluso en trabajos de pocas horas. Hace poco menos de cuatro años, aun décadas después de superar la esclavitud, los hogares podían rescindir el contrato sin alegar razones económicas, organizativas o disciplinarias: abonar una indemnización muy inferior a la del despido en el régimen general ya cumplía con la ley (que no era más que de mínimos).

Derechos, no privilegios

El objetivo de profesionalizar el empleo doméstico es compartido por todos los actores implicados: desde los sindicatos hasta las asociaciones empresariales. Sin embargo, la reforma y la redacción de los reales decretos aprobados ignoran la frontera real entre el trabajo familiar directo y los servicios prestados por organizaciones. Todos los contratistas, independientemente de su naturaleza jurídica, están sometidos a las mismas obligaciones. Un giro regulatorio profundo que, pese a ampliar derechos, ha convertido el núcleo familiar en una especie de empresario sometido a exigencias cada vez más complejas que requieren la musculatura propia de una compañía (estructura, asesoría…), aunque sea pyme.

En este punto, Cruañas señala conveniente distinguir entre dos actividades que se asumen reguladas bajo las mismas leyes. El empleo de hogar funciona con un régimen especial porque la relación laboral es directa entre la familia y la trabajadora. Existe una normativa propia (RD 1620/2011, reforma de 2022 y Ley de la Seguridad Social). En cambio, cuando el servicio lo presta una empresa de limpieza o cuidados, se aplica el régimen general, con convenio y reglas comunes.

Las empleadas contratadas por hogares operaban en un limbo normativo frente a quienes trabajan a través de empresas de limpieza o asistencia, que sí cotizaban y cotizan en el régimen general y están cubiertas por convenios sectoriales. La diferencia de derechos no es menor: las segundas tienen representación sindical, estructura de costes y posibilidad de negociación colectiva. Las primeras dependen de la buena voluntad y solvencia de sus empleadores particulares.

A todo lo anterior se suma «la subida acumulada del SMI –más del 45 % en cinco años– ha tenido un impacto muy directo en este segmento, donde los salarios suelen estar próximos al mínimo legal», añaden desde la patronal. Bajo este contexto, «se observa como algunas familias han optado por reducir horas contratadas o compartir servicios, especialmente en limpieza por horas».

La equiparación de derechos era una deuda pendiente con miles de trabajadoras invisibles, pero la realidad demuestra que no puede construirse a costa de un marco económicamente inviable. La buena intención normativa no basta: sin incentivos, sin una tramitación sencilla y sin apoyo fiscal para las personas físicas, la formalización seguirá siendo un espejismo.

El riesgo es evidente: la reforma que nació para dignificar el empleo doméstico puede terminar convirtiéndose en el origen de su precarización más silenciosa. Y las cifras actuales lo insinúan: cerca de 100 mil empleadas se mueven ya fuera del sistema.